La defensa del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ante el Consejo de la Magistratura, incluyó tres aspectos hasta ahora inadvertidos: denunció un delito penal frecuente en el Poder Judicial denominado «fórum shopping», atacó una supuesta movida para desacreditar su investigación y limpiar las acusaciones contra el fiscal Carlos Stornelli y equiparó la conducta del juez Claudio Bonadio con la que causó la destitución de Baltasar Garzón en España.
Desde hace semanas circula en Comodoro Py información, a veces con ínfulas de terrorismo mediático, que indica que Bonadio «va a hacer un desastre». Refiere a que el juez tiene nuevas escuchas de presos K que probarían que la causa que tramita en Dolores fue un armado artificial y delictivo para voltear «Cuadernos». Ramos Padilla y su defensor –su padre, el también juez Juan María Ramos Padilla–, rechazaron los cargos y aprovecharon para denunciar las supuestas irregularidades de la causa «Operación Puf».
¿Qué es Operación Puf? Tras el estallido del caso D’Alessio, el fiscal Stornelli y la diputada Elisa Carrió denunciaron que se trataba de una maniobra de presos K para quemar, esta vez en serio, los cuadernos del chofer Oscar Centeno. La primera denuncia recayó ante el juez Luis Rodríguez, enemistado con Stornelli. Sabiendo esa situación, Carrió presentó una segunda denuncia que incluyó una acusación con fórceps contra el juez Rodríguez y así consiguió que el camarista Martín Irurzun lo excluyera. Hubo nuevo sorteo y el azar escogió a Bonadio.
La segunda denuncia debió haberse acumulado a la primera. Pero como Rodríguez estaba denunciado, ello no ocurrió. El criterio utilizado es cuanto menos contradictorio: Rodríguez no pudo intervenir por una denuncia en su contra, pero Bonadio sí interviene en un expediente que apunta a descalificar la investigación de otro juez en la que él mismo está imputado.
¿Cuál fue la base de sustento de ambas denuncias? Dos anónimos aparecidos en tribunales y en el despacho de Carrió ¿Cuál pudo ser el origen de esos anónimos? Acaso una pista surja de un mensaje que le envió el propio D’Alessio a la diputada Paula Oliveto: «Me la jugué y bueno, me traje una hora y media de toda la información. Sé cómo se planificó la cama, todo».
Los audios de la «Causa Puf» son, según la defensa del juez de Dolores, «un aprovechamiento indebido de escuchas obtenidas irregularmente, con la participación y anuencia –también indebida– de algunos magistrados (…) conductas de esta naturaleza ya han sido expresamente censuradas por diversos tribunales internacionales y también en el conocido caso Gürtel del Tribunal Superior Español».
Por el Caso Gürtel perdió su cargo el juez Garzón. En febrero de 2009 el magistrado español descubrió una trama de corrupción en el Partido Popular. Garzón ordenó intervenir las conversaciones de los imputados con sus abogados. El Tribunal Supremo condenó al juez con suspensión y una multa, pero la investigación no se cayó. Es un ejemplo casi calcado de lo que podría ocurrir en la Argentina con las escuchas de la Causa Puf y el expediente por las fotocopias de los cuadernos.
