Escuelita VII: A partir de nuevos testimonios, indagarán a 12 imputados por abuso sexual durante la dictadura

A partir del próximo miércoles, 12 de los 15 acusados por delitos de lesa humanidad en el juicio Escuelita VII – Taffarel que se realiza en Neuquén serán indagados por su rol en delitos sexuales contra tres mujeres que estuvieron detenidas en los centros clandestinos de detención de esa provincia y Bahía Blanca en 1976.

Tras rechazar los planteos de las defensas, el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén habilitó la indagatoria, que se realizará a partir del 2 de julio, para que luego continúen las declaraciones testimoniales del debate.

El juicio oral que comenzó a fines del año pasado es el primero en la jurisdicción en el que se juzgan delitos sexuales como crímenes de manera independientes de los tormentos. Pero llegaron imputados sólo 4 de los represores por estos hechos. A partir de la declaración de una sobreviviente del centro clandestino de detención y de familiares de otra ex detenida que ya falleció, los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia lograron que se ampliara esa acusación a 12.

Se trata de los expolicías y exmilitares Oscar Lorenzo Reinhold, Jorge Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín, Jorge Di Pasquale, Osvaldo Páez, Norberto Eduardo Condal, Jorge Granada, Walter Tejada, Juan José Capella, Jorge Alberto Soza y Carlos Alberto Taffarel, y el exagente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti.

Los testimonios que definieron la ampliación de la acusación fueron el de Dora Seguel, sobreviviente de La Escuelita, y los de la familia de Alicia Villaverde, quien falleció antes del juicio, por eso declararon sus hijos y su pareja. Ambas fueron detenidas en lo que se conoció como Operativo Cutral Co, realizado por fuerzas conjuntas del Ejército, la policía provincial, la Federal y la Gendarmería en junio de 1976 y que apuntó a desmantelar una supuesta célula del PRT-ERP en la zona. Luego, junto a una veintena de detenidos y detenidas, fueron trasladadas en vuelos clandestinos a Bahía Blanca.

Alicia integraba un grupo de teatro cuando fue secuestrada en 1976. Estuvo detenida en Neuquén y luego de un par de días fue llevada a Bahía Blanca. Tras pasar un tiempo en el CCD La Escuelita, Alicia y otras mujeres fueron liberada al costado de una ruta. Mientras intentaba regresar a su casa en un colectivo fue abordada por un grupo de militares de civil y violada por uno de ellos.  

Alicia había relatado esos hechos en la Justicia, pero en el juicio se agregó un dato más que permitió avanzar con la imputación: su pareja, Pablo Arroyo, declaró que, si bien no pudo conocer el nombre de su agresor, reconoció su voz como uno de sus captores en el centro clandestino a cargo del Ejército.  

“Esta persona sabía de la situación de Alicia Villaverde, que la habían liberado, y sabía de su condición de vulnerabilidad. Esa violación por supuesto que es producto del secuestro y quien la viola era uno de sus captores”, explicó el fiscal José Nebbia.

Dora declaró en abril. Lo había hecho antes como testigo por otros casos, pero nunca por lo que vivieron ella y su hermana.  Contó que vivía en Cutral Co con su familia y cómo comenzó a militar en el PRT junto a sus hermanas, Argentina y Arlene. Con apenas 16 años, militares la fueron a buscar a la escuela secundaria y la subieron a un camión celular con su papá. Allí mismo comenzaron los abusos, cuando un policía la manoseó con la excusa de palparla de armas. Ese mismo día también secuestraron a su hermana Argentina, de 19 años, y días antes ya habían detenido a Arlene, quien permanece desaparecida.

En la comisaría, Dora fue violada, situación que se repitió luego también en Bahía Blanca, donde fueron trasladados en un vuelo clandestino una veintena de detenidos de Neuquén. Además, relató los abusos que también sufrió su hermana Argentina. Su testimonio permitió también ampliar la acusación al resto de los imputados que participaron en los hechos.

“Para nosotros es una muy buena señal por el impacto que tiene esta decisión en las victimas, en Dora y en otras. Dora contó que hay muchas víctimas que pasaron por la sala donde se hacen los juicios que no pudieron contar los vejámenes. Y eso tiene mucho que ver con la escucha de los operadores judiciales, como señalaron las testigas expertas, María Sondereguer y Rita Segato. La receptividad de esto, más allá de lo que sucede en la sentencia, es un paso muy importante porque el mensaje que se da es que lo que ellas cuentan tiene consecuencias. Es sumamente positivo para las víctimas, sus familiares y para las víctimas que no se han animado a contarlo”, opinó el fiscal.

Otro efecto de esta decisión del TOF de Neuquén es el mensaje hacia adentro de la Justicia, que evita una demora importante y la revictimización que significaría extraer los testimonios para que se vuelvan a investigar los hechos en un juzgado de instrucción.