Hasta Espert pagó el Impuesto Rural en tiempo y forma

El llamado a la «rebelión fiscal» en la Provincia que realizó el diputado nacional José Luis Espert y avaló el presidente Javier Milei no tuvo por ahora un correlato real en las arcas bonaerenses. El vencimiento de la primera cuota del Inmobiliario Rural mostró casi el mismo nivel de cobrabilidad de años anteriores, según confirmaron desde el gobierno de Axel Kicillof.

El conflicto comenzó hace dos semanas cuando Espert llamó a no pagar los impuestos en la Provincia, cuya actualización fue aprobada en la Legislatura con el respaldo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y un sector de los libertarios en diciembre. «No hay que pagar los impuestos que ahora quiere (Axel) Kicillof porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni el Inmobiliario Rural, porque también soy productor rural», dijo el diputado nacional apenas selló su pase a las filas de La Libertad Avanza.

Milei se sumó a las críticas a Kicillof, en medio del enfrentamiento que mantiene con el gobernador desde el arranque de su gestión. «Parece que cuando habla del derecho a la propiedad el gobernador no entiende que subir los impuestos es una violación del derecho de propiedad», disparó. El gobernador le respondió unos días después y calificó de «gravísimo» e inédito que el presidente llame a incumplir la ley. Y recordó que no pagar los impuestos es un delito.

El vencimiento de la primera cuota del Inmobiliario Rural operó el 12 y una semana después venció el Impuesto Automotor pero, según informaron desde la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) a Tiempo, el cumplimiento y la cobrabilidad se mantuvieron casi en el mismo nivel de años anteriores.

En el primer caso, la cobrabilidad siempre estuvo en más del 75% y la primera cuota «apenas bajó unos puntos en la misma línea que el resto de los tributos», algo que en el Ejecutivo atribuyeron a la crisis económica. Incluso, hasta el propio Espert pagó la cuota –según el registro de consultas públicas de ARBA– por su propiedad rural. «Tuvimos el vencimiento del inmobiliario rural y encontramos que no hubo tal rebelión fiscal, que simplemente es evasión», advirtió Kicillof esta semana.

El llamado de los libertarios generó la reacción de productores rurales que llamaron a marchar el próximo 5 de abril en la ciudad de Azul. También hubo quejas de las entidades ruralistas, como Carbap y la Sociedad Rural que exigieron al gobierno que la suba del Inmobiliario Rural no supere el 200% y denunciaron incrementos de entre 300 y 400% en las boletas.

Con ambas entidades, el Ejecutivo armó una mesa para atender los casos y analizar cualquier posible error. Hasta ahora, se analizaron 1500 partidas y no se encontraron subas por encima de lo dispuesto en la ley impositiva.

En el gobierno bonaerense remarcan que sólo el 0,7% de las partidas –son dos mil, aproximadamente– pagará subas por encima del 200% y que corresponden a campos con valores de mercado superiores a 3 millones de dólares. Según precisó ARBA, el 37% de las partidas abonará un incremento el 140%; el 15% de las tierras un 180%; el 20% tendrá una actualización del tributo del 190% y el restante 26% de las tierras del 200%.

En busca de explicar el peso que tiene el impuesto sobre la estructura de costos de los productores rurales, ARBA en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense realizaron un estudio en el que compararon ingresos, arrendamientos, derechos de exportación e inmobiliario rural.

Ese informe tomó como ejemplos campos de distintos valores y hectáreas en zonas como Junín, Azul, Pergamino, 9 de Julio y Alberti y concluyó que el impuesto «tiende a representar el 1% del ingreso bruto» que genera la explotación agropecuaria. Y significa, a su vez, «entre 28 y 132 veces menos» que lo que pagan los productores en concepto de retenciones al gobierno nacional.

El director de ARBA, Cristian Girard, señaló que el peso del Inmobiliario Rural en los costos de producción del sector agropecuario «no es un factor determinante como para generar este nivel de reclamo contra el gobierno provincial». Y evaluó que el conflicto «está motivado por cuestiones políticas y no por el aumento impositivo». Apuntó que el reclamo «no abarca a todo el campo sino a un grupo de dirigentes rurales que tienen motivaciones políticas, ya que muchos de ellos fueron candidatos en listas de la Libertad Avanza».

El funcionario señaló que «para la gran mayoría, los aumentos han estado muy por debajo de la inflación» y aseguró que las subas del 300% sólo alcanzan a unas 2 mil partidas, que son el 0,7% del total. Detalló que si se mensualizan las subas aplicadas -ya que el impuesto se paga en cuatro cuotas– el 73% de los contribuyentes recibe un aumento de 22 mil pesos por mes.

«Y sabemos lo que hoy representan 22 mil pesos, con el nivel de precios que hay en la economía», puntualizó y concluyó: «Entonces no estamos ante una situación crítica por el Impuesto Inmobiliario en el sector rural. Me parece que lo que hay es un intento de grupos concentrados de politizar el tema. Son dirigentes que tienen posiciones políticas muy claras». «