La decisión se da luego de haberse bajado de su postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, debido a sus vínculos con un acusado por narcotráfico.
En su lugar en la Comisión de Presupuesto, el oficialismo está pensando en designar como presidente al economista Bertie Benegas Lynch. En tanto, la vicepresidente de la comisión está a cargo del peronista Carlos Heller, quien deberá convocar a reunión la semana que viene.
Además, crecen los pedidos presentados por distintos bloques de expulsión del seno de la Cámara que podría ser incorporado sobre tablas en la sesión convocada para este miércoles. Según pudo saber Tiempo por estas horas, opositores hacen números para avanzar en la medida o pedir una moción para que la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolas Mayoraz, trate los proyectos a través de un emplazamiento.
Al proyecto de Unión por la Patria y el bloque Coherencia, se sumó esta mañana una iniciativa presentada por el radical Facundo Manes que estable excluir a Espert del cuerpo legislativo bajo el artículo 66 de la Constitución Nacional. El mismo permite “a las Cámaras corregir a sus miembros por desorden de conducta, removerlos por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlos de su seno”.
El actual régimen de fueros, sancionado en el 2000 durante el Gobierno de Fernando De la Rua mediante la ley 25.320, define los pasos a seguir en caso de que un juez de curso a un pedido de desafuero contra un funcionario, magistrado o legislador. La normativa obliga al Congreso a implementar ciertos mecanismos para su concreción.
Como sucedió en el año, también electoral, 2017 con el peronista Julio De Vido los pedidos de desafuero deben girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara que corresponda donde se «deberá emitir dictamen» bajo mayoría simple, es decir, con la mitad más uno de las firmas. Allí, el oficialismo cuenta con 6 diputados sobre 34, mientras que la oposición recalcitrante cuenta con más de 20 representantes.
El tiempo máximo establecido para llevar a cabo el dictamen es de 60 días, señala la ley 25.320. Asimismo, reglamenta que «la Cámara deberá tratar la causa dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión». En el recinto, para que el proceso de desafuero sea aprobado serían necesario el voto de dos tercios de los legisladores, es decir 172 afirmativos.
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