En medio de acusaciones por espionaje, el gobierno analiza el retorno de la SIDE

El gobierno de Javier Milei analiza volver a llamar SIDE a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tras las acusaciones de espionaje a Nicólas Posse, expulsado recientemente de su cargo de jefe de Gabinete. La medida sería por decreto.

Ahora, Santiago Caputo, a cargo de pensar la política de inteligencia del gobierno, así como de la transformación de la agencia siempre cuestionada del Estado, estaría trabajando con la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal, en la reconfiguración de los servicios.

Ante este escenario, se aceleró la designación de Sergio Neiffert como «Señor 5» y agilizan los trámites para la oficialización de la nueva estructura. Por esa razón, ultiman los detalles del decreto con el que planea implementar los cambios en el organismo y entre los planes es prioritario que se transforme nuevamente en una secretaría.

El mes pasado, mediante el decreto 474/2024, se formalizó la salida de Silvestre Sívori, quien era interventor en la AFI en el Boletín Oficial. Y es que el abofado, era hombre de Posse, incluso ambos se reunieron durante los primeros meses de la gestión libertaria con el titular de la CIA, William Burns. Exhibieron esos pergaminos tanto cuando viajaron a la ciudad de Washington como cuando Burns estuvo en la Argentina. La apuesta del gobierno por estrechar los lazos con Estados Unidos comenzó con trabajos específicos en el área.

SIDE, una agencia envuelta en escándalos

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), se disolvió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para atenuar el impacto de la crisis por el caso del fiscal Alberto Nisman. En ese momento, se creó la AFI, que estuvo presidida por su espada política Oscar Parrilli y que tenía como objetivo reunir y analizar hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y sus habitantes. Además, de la prevención de amenazas internacionales del terrorismo, la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas y los ciberdelitos.

Durante el gobierno saliente de Alberto Fernández, se la intervino por decreto el 21 de diciembre de 2019, tras la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando había motivado decenas de acusaciones por espionaje ilegal y, con la promesa de “terminar con los sótanos de la democracia”.

En ese sentido, Fernández incluso prometió en reiterados discursos enviar un proyecto de ley al Congreso e hizo circular un borrador que fue trabajado con Cristina Caamaño, la que en ese momento era la titular de la AFI. En medio de denuncias al macrismo por lawfare, el texto que nunca se debatió en el Parlamente preveía que las actividades de inteligencia deben provenir de “una Directiva, emitida por la máxima autoridad del organismo que la llevará adelante”.

De esta manera, busca evitar cualquier desvío por fuera de la ley, al “contar con un registro sistematizado que permita conocer qué se hizo, quién lo hizo, por orden de quién y con qué objetivo”.

La intervención fue prorrogada cuatro veces, y en una gestión de gobierno marcada por turbulentos cambios en su gabinete se sucedieron Cristina Caamaño, Agustín Rossi y Ana Clara Alberdi al frente del organismo