Espionaje ilegal: impulsan la creación de una comisión investigadora en la Legislatura porteña

La legisladora Victoria Montenegro presentó un proyecto para crear una Comisión Investigadora sobre los hechos de espionaje ilegal que vinculan a funcionarios porteños y miembros de la Policía de la Ciudad.

El objetivo es investigar la responsabilidad del Jefe de la Policía de la Ciudad Gabriel Berard, del Jefe de Gabinete y Ministros Felipe Miguel, ydel Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta,además de otros funcionarios.

“Ante hechos de tanta gravedad institucional como significa que miembros de la Policía de la Ciudad vayan a la AFI para hacer espionaje ilegal, entendemos que hay responsabilidades y queremos saber quiénes son esos responsables. El objetivo es que esto no pase más, que no haya que seguir padeciendo este tipo de situaciones”, destacó Montenegro, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura.

Montenegro ya había denunciado en noviembre pasado la presencia de Policías de la Ciudad en la AFI ante el jefe de Gabinete durante una sesión informativa en la Legislatura porteña. El funcionario señaló que esos agentes habían hecho “tareas de custodia policial”. Sin embargo, la investigación llevada adelante por la justicia y los testimonios recabados por la Comisión Bicameral del Congreso evidencia que el rol de esos agentes era ser parte de una estructura de espionaje ilegal.

La semana pasada se exigió la presencia del Jefe de Gabinete Felipe Miguel para que brinde explicaciones en la Legislatura. Sin embargo, el funcionario decidió no presentarse.

Según detalla el proyecto de resolución, la Comisión contará con las más amplias facultades y podrá solicitar al Cuerpo y a las Comisiones todas las medidas necesarias para hacer conducente la pesquisa. Podrá requerir información, expedientes, documentación, peritajes o cualquier otro material de interés al Poder Ejecutivo, Entes Autárquicos y al Poder Judicial de la Ciudad, así como recibir declaración de funcionarios, empleados, testigos y damnificados.

La Comisión  estará integrada por 17 diputados que se elegirán respetando la representación de los partidos políticos y las alianzas. Deberá constituirse en un plazo máximo de quince días de sancionada y contarácon un plazo de sesenta días para realizar el informe definitivo.