Espionaje ilegal: las cartas están echadas

En la película El ángel exterminador (Luis Buñuel / 1962), los asistentes a una fiesta ofrecida en una elegante residencia mexicana no pueden salir del salón al quedar atrapados por una fuerza misteriosa; afloran entonces sus reacciones más extremas. Una metáfora aplicable a la clase gobernante de la Argentina actual. Sólo que en este caso el promotor de semejante circunstancia, lejos de ser un ente abstracto, tiene nombre y apellido: Marcelo Sebastián D’Alessio. 

Porque su calamitosa caída provocó el mayor escándalo institucional del que se tenga memoria, al dejar al descubierto una red de espionaje y extorsión formada por jerarcas judiciales, periodistas y agentes secretos ligados al Poder Ejecutivo. De modo que la sede de la AFI en la calle 25 de Mayo se asemeja a la cubierta del Titanic; en los tribunales de Comodoro Py cunde el horror y los cimientos de la Casa Rosada comienzan a crujir.

Si esta fuera una novela, bien podría arrancar con una ya olvidada frase del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales: «Una familia muy importante está interesada en adoptar a la criatura». Se refería al vía crucis de la niña con un embarazo de 23 semanas, forzada a parir por cesárea el fruto de una violación. Luego, al morir la recién nacida, blanqueó que esa «familia muy importante y – agregaría– bien constituida» era la del fiscal federal Carlos Stornelli.

Ahora, en cambio, corren ríos de tinta por su condición de celópata, al trascender que –con la complicidad de D’Alessio– espiaba al ex marido de su mujer con el firme propósito de plantarle droga para sacarlo del medio, acaso aguijoneado por la sospecha de alguna infidelidad.

Entre ambas revelaciones de naturaleza –diríase– íntima, transcurrieron casi siete semanas. En tal lapso, el tratamiento judicial y la difusión pública de las acciones coercitivas cometidas por esa dupla (ya sea con fines procesales o de lucro) hirieron gravemente al régimen macrista en todos sus estamentos. El daño es tan obvio que hasta el presidente lo comprendió. Pero a su manera.

Había que verlo en el programa de Luis Majul al volcar toda la carga de la culpa sobre el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. «No es un juez que actúe con ecuanimidad», dijo. Y acotó: «Ya se mando varias» (aunque sin aclarar cuáles serían). Esa noche su único resquicio de claridad al respecto fue admitir su orden de enjuiciarlo en el Consejo de la Magistratura. Esa directiva fue obedecida por el representante de Poder Ejecutivo en dicho ámbito, Juan Mahíques, a sabiendas de que para la destitución no cuenta con el número de votos necesarios.

Por primera vez los astros legislativos y judiciales no logran alinearse al deseo presidencial.

Tras la elocuencia de Ramos Padilla ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja, que tanto irritó al oficialismo, la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, presidida por Juan Carlos Marino (UCR-Cambiemos), dispuso citarlo por voto unánime. En ambos recintos puntualizó –entre otras precisiones– que ciertos legisladores se sirven de carpetas de inteligencia (secretos o ilegales) para hacer denuncias en forma serial. Y que eso enloda a las diputadas Paula Oliveto y Elisa Carrió.

Dicho sea de paso, la exquisita sutileza de aquellas mujeres (junto con Mariana Zuvic) quedó en evidencia con el burdo intento de instalar la creencia de un complot contra Stornelli urdido por funcionarios kirchneristas presos, no sin incurrir en el reconocimiento de las sospechas contra ellas al presentar por prueba unas escuchas obtenidas de manera irregular. Eso les valió un Proyecto de Resolución (efectuado por Agustín Rossi) para excluirlas del Congreso por «inhabilidad moral», junto con una denuncia del ex embajador ante la Santa Sede, Eduardo Valdés, en el juzgado de Dolores. 

Mientras tanto, la Corte Suprema resolvía (también por voto unánime) la liberación presupuestaria para que Ramos Padilla continúe su investigación. Tal acordada no es sino un apoyo tácito del máximo tribunal al juez que Macri está obsesionado en ralear.

Tampoco es un dato menor el pánico del Poder Ejecutivo por la súbita soledad de Stornelli en Comodoro Py. Lo cierto es que allí no se alzó ninguna voz en su defensa (salvo la de su compinche, el juez federal Claudio Bonadio, quien podría no salir indemne de sus trapisondas procesales). Ya se sabe que hubo una vidriosa reunión en la que el camarista Martín Irurzun le insistió en que debía ir a Dolores. Y que el juez Julián Ercolini, ante quien Stornelli hizo su antojadiza denuncia contra D’Alessio para atraer el expediente de Ramos Padilla hacia su despacho, resolvió declararse incompetente. No es un secreto que en ese edificio reina un atemorizado malestar, puesto que la pesquisa en cuestión podría demostrar que los delitos que involucran al cuestionado fiscal son más orgánicos y extendidos de lo que se supone. 

Otro frente de zozobra para Macri es–según las carpetas secuestradas a D’Alessio– el espionaje sobre María Eugenia Vidal. Una tarea que involucra a los ex comisarios bonaerenses y agentes (o ex) de la AFI, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, junto con el antiguo jefe de la mazorca provincial y actual empleado de esa central de agentes, Daniel Salcedo.

De hecho, la gobernadora tuvo el sábado pasado una ríspida discusión con el presidente. Hasta le sugirió disolver la AFI, además de quejarse con amargura por haber sido puesta bajo el radar de «La Casa». Su enojo es comprensible, puesto que el asunto dejó al desnudo la compra –con fondos reservados de la provincia– de una parte sustancial del paquete accionario de la señal televisiva América. ¿Acaso la alianza Cambiemos inició el camino de su descomposición?

A su vez se confirmó que el cabecilla de la AFI, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani, acudirán el 4 de abril a la Bicameral de Inteligencia para exponer detalles del caso ante los legisladores.

En tanto trascendía que la «Señora 8» –tal como le dicen a Majdalani en su lugar de trabajo– anda gritando por los pasillos: «¡Si me tocan a mí se van a enfrentar con alguien que canta todo!».

La reciente detención de Hugo Rolando Barreiro, quien así pasó a ser el tercer ex agente de la AFI tras las rejas por esta causa, no es un buen augurio para esta cofradía de gente nerviosa. Delegado de aquel organismo en Miami y Ezeiza, además de nexo entre D’Alessio y el suspendido fiscal de Mercedes, Juan Bidone, Barreiro, alias «Rolo», constituye un motivo de alerta para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Ella, con descalificaciones psiquiátricas, sostiene su ajenidad hacia el falso abogado. Pero su presencia en Paraguay durante el arresto «negociado» de Ibar Pérez Corradi (por el triple crimen de la efedrina) la desmiente. Ni la beneficia la foto con él tras el arresto del barrabrava Roberto Mallo, a quien le quiso «cargar» el doble homicidio del Unicenter. Lo cierto es que –según se especula en el Ministerio de Seguridad– Barreiro podría echar una luz al respecto

Al cierre de esta edición, el espía declaraba ante Ramos Padilla.

Las cartas están echadas.  «