Esta Bolivia tiene memoria y revisa su pasado reciente

Horas después de que el gobierno de Luis Arce confirmara que Bolivia devolvía al Fondo Monetario Internacional el millonario crédito contraído en 2020 por el gobierno de facto, el presidente del Senado boliviano, Andrónico Rodríguez, anunció que la Cámara iniciará un “juicio de responsabilidades” contra Jeanine Áñez por la adquisición de ese préstamo de 327,2 millones de dólares. “El daño económico es evidente y la señora Áñez es la responsable. Se tiene que proceder a un juicio de responsabilidades en contra del gobierno de facto, quienes han pedido estos recursos. Se va interponer una demanda por el daño económico», dijo.

Con este ya son más de 20 los juicios promovidos por el Poder Legislativo que están en consideración de la comisión de Justicia Plural del cuerpo, contra distintos funcionarios, entre ellos la presidenta interina asumida en noviembre de 2019, tras el golpe a Evo Morales. Uno de los más importantes es el que le atribuye la autorización de la intervención de los militares en los conflictos de octubre y noviembre de 2019, que provocaron las masacres de Sacaba y Senkata.

Rodríguez afirmó que el procedimiento que dará lugar al juicio comenzaría el mismo día del anuncio (el jueves) y continuarán esta semana que inicia. Tanto la devolución como el juicio por su adquisición constituyen medidas de impacto que apuntan a reparar los daños económicos y políticos causados durante el año del interinato de Áñez, a la vez de satisfacer las demandas de un electorado que eligió la vuelta de una fuerza política por un contundente 55,1% de los votos.

Un día antes del anuncio del presidente del Senado, el Banco Central de Bolivia dio a conocer la devolución del crédito que había sido adquirido, según el gobierno de facto, para la lucha contra el Covid-19. «El BCB como agente financiero del gobierno, en defensa de la soberanía económica del país y luego de realizar las gestiones administrativas necesarias ante el acreedor, efectuó el pago total de 351,5 millones de dólares estadounidenses», señaló el organismo en un comunicado. Se trata de la suma de los 327,2 millones acordados y otros 24,3 millones, en concepto de variación cambiaria, intereses y comisiones.

Para el BCB el préstamo era «oneroso» para la nación además de que fue «gestionado irregularmente por el gobierno de facto». Es porque tras acordar el crédito en abril de 2020, el gobierno de Áñez remitió al Parlamento una ley para su aprobación, pero el Congreso, aun con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS), lo rechazó.

La entidad bancaria boliviana también apuntó que hizo un análisis del crédito financiero y que determinó que el FMI condicionó su ayuda «a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias».

Al igual que el legislativo, el BCB también realizará acciones civiles y penales contra funcionarios gubernamentales que tengan responsabilidad en la gestión del desembolso del FMI, que rompió la tendencia impuesta por Evo durante sus 14 años de gobierno en los que había rechazado cualquier crédito de ese organismo. El préstamo fue también visto como una “apuesta” electoral del FMI a la continuidad de la derecha en Bolivia, jugada similar a los 44 mil millones que otorgó al gobierno argentino de Mauricio Macri.

La expresidenta de facto se defendió de las acusaciones y aseguró que la medida del BCB fue “ideológica”. En su cuenta de Twitter afirmó el viernes que “Bolivia, por ser parte del FMI, tiene derecho a un tipo de crédito blando y ventajoso. Lo pidió (327 millones $) para atender la pandemia. Hoy el MAS lo devuelve por razones ideológicas. Ese dinero daba para vacunar con rapidez a todos los bolivianos”.

A su vez, la titular de un gobierno que promovió investigaciones y juicios de toda naturaleza contra varios exfuncionarios del MAS, entre ellos el propio Evo Morales, que acabó refugiado en la Argentina durante todo un año, aseguró que los juicios impulsados por el Senado contra su gestión son parte de un “show” y una “persecución política” y que en lugar de eso, el gobierno de Arce debería “trabajar en serio para traer vacunas”.