Esta semana vencen U$S 581 millones que se sumarán al default

El volumen de la deuda pública en default se acrecentará esta semana en U$S 581 millones, cuando se produzca el vencimiento de intereses de dos bonos en dólares. Se trata del Centenario, cuyo pago debería realizarse mañana, por U$S 98 millones, y del Discount 2033, por el cual el martes tendrían que girarse U$S 483 millones, de acuerdo al informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

La decisión política del gobierno es no gastar ese dinero por tratarse de títulos bajo ley extranjera que están dentro del paquete de U$S 66.800 millones cuyo canje se negocia con diversos consorcios de acreedores. La apuesta es que, a pesar de las rispideces de los últimos días, se logre reestructurar ese tramo de deuda y los papeles en cuestión sean reemplazados.

Por diferentes razones, se trata de bonos emblemáticos. El Discount fue creado en la negociación de 2005, que llevó adelante el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y en la que el actual presidente Alberto Fernández participó en su rol de jefe de Gabinete. Fueron entregados a los acreedores a cambio de una quita del 66% en sus tenencias nominales. El Centenario fue una polémica creación de Luis Caputo, secretario y luego ministro de Finanzas durante el macrismo: promete intereses anuales hasta 2117, lo que en los hechos descarga el peso de la deuda sobre las espaldas de tres o cuatro generaciones más de argentinos.

Ambos papeles se sumarán a los Global, cuyos pagos de intereses por U$S 503 millones, previstos para el 22 de abril, no fueron efectivizados. La estrategia comunicacional del gobierno es afirmar que la cesación de pagos no es responsabilidad suya sino que viene de arrastre desde que Mauricio Macri reperfiló de facto las Letes, en agosto de 2019. «Yo no soy el presidente del default, ese fue el que me precedió», dijo Fernández.

Los acreedores ya descontaban esta novedad y por eso no alterarán su estrategia de negociación. En particular, no parece que cambie la posición del grupo Ad Hoc ni del que se sindica como su líder, el fondo de inversión BlackRock. Las conversaciones del Palacio de Hacienda con ese sector están empantanadas desde hace 10 días, cuando se supo la pretensión de cambiar las cláusulas de acción colectiva para facilitar el litigio judicial en caso de un futuro nuevo incumplimiento. «Sentimos que mientras que nosotros hacíamos nuestra parte, la otra parte no estaba haciendo la suya», dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una videoconferencia organizada por el Council of the Americas.

El eje de la controversia está centrado en las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) que incluye cada título. Allí se detallan los umbrales mínimos de aceptación necesarios para cambiar las condiciones originales de emisión. BlackRock exige que los nuevos papeles incorporen las CAC fijadas en la reestructuración de 2005, que es mucho más alta y también exige una menor cantidad de acreedores para iniciar un reclamo ante la justicia que las acordadas en la negociación de 2016. El gobierno se planta en que las cláusulas de los nuevos bonos siguen el estándar marcado por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés), entidad no gubernamental que fija los protocolos para la emisión de títulos internacionales, y que esos consejos cuentan con el respaldo del FMI y del G20. Acceder a cambiarlos significaría «retroceder en el tiempo», dicen en Economía.

La pelea entre Guzmán y BlackRock incluyó un pedido de Fernández al presidente mexicano, Andrés López Obrador, para que ablandara la intransigencia del CEO de ese fondo, Larry Fink, como contó Tiempo hace dos semanas. Tamaña tirantez es una secuela de la estrategia oficial ya anticipada por este diario, de segmentar la negociación con los tres grupos principales de acreedores de acuerdo a su predisposición a negociar. El ejemplo es el buen vínculo con el Comité de Acreedores, cuya propuesta tiene diferencias mínimas con la oficial. Pero por una cuestión de códigos, los fondos que lo integran (Fintech, Greylock y Gramercy, entre otros) no firmarán ningún acuerdo hasta que el Ad Hoc y el Exchange Group hagan lo propio.

El FMI «apoyará» reformas

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró que el organismo apoyará las reformas económicas que emprenda el país y que permitan el desarrollo del sector privado, «porque es el que genera los trabajos que necesita» la recuperación de la economía. «Rezo por lo mejor, me preparo para lo peor», expresó Georgieva al referirse al proceso de renegociación de la deuda de U$S 66.300 millones en bonos emitidos bajo legislación externa y cuyo plazo de resolución vence el 24 de julio.