Estados Unidos privilegia a Paramilitares extraditados

Los 13 jefes enviados a Estados unidos en 2008, pagarán un máximo de 10 años por narcotráfico hacia ese país. Y tomando en cuenta a todos los paramilitares (con base en más de 40 casos revisados) que pagan condenas en Estados Unidos por la misma razón, el promedio de su condena será 7 años y medio. La única excepción es Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, que tuvo una condena de más de 30 años, pero que espera una reducción de entre el 35 y 50 % por colaboración. 

Esto es una condena insignificante, si se compara con los 12 años que reciben distribuidores locales de menos de 25 gramos de crack o cocaína. El mismo New york Times afirma que esto es vergonzoso desde el punto de vista jurídico.

El periódico asegura que 2 de los extraditados ya tienen autorización para quedarse en Estados Unidos con sus familias, 3 lo han pedido, y varios más lo harán, amparados en la Convención contra la Tortura, argumentando que serán torturados por el gobierno de Juan Manuel Santos cuando regresen a Colombia. Al quedarse en Estados Unidos no responderán por sus crímenes en Colombia.

Al referirse a la revisión de los 40 casos de paramilitares, ‘The New York Times’ dice que la mayoría “fueron premiados generosamente por declararse culpables y cooperar con las autoridades de Estados Unidos. Fueron tratados como personas sin antecedentes penales pese a sus extensas carreras criminales en Colombia, y se les descontó tiempo en prisión por el tiempo pasado en cárceles colombianas —aunque el argumento oficial para extraditarlos es que cometían delitos desde el interior de esos penales—”.

Al describir la actitud de jueces y fiscales frente a los jefes paramilitares, ‘The New York Times’ cita fuentes que describen a Mancuso como un caballero (quien pasará solo 12 años en la cárcel, luego de un acuerdo en el que recibiría entre 30 y cadena perpetua) “realmente malo, pero no tanto”; Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40, implicado en actividades con “ciertas buenas intenciones”; Herbet Veloza García, alias HH, “acusado extraordinario por su conducta criminal grave, pero también por su extraordinaria cooperación”.

El caso el artículo como eje es el del paramilitar Hernán Giraldo Serna, conocido como ‘El Taladro’, por su apetito sexual por las menores de edad, en cuyo proceso, por vez primera, se va a escuchar en una corte de Estados Unidos el testimonio de la hija de un hombre al que asesinó y desapareció en Colombia, Julio Henríquez Santamaría, quien estaba organizando a los campesinos para que sustituyeran los cultivos ilícitos por cacao.

Pero en los años setenta, Giraldo comenzó a formar parte de “la bonanza marimbera”, el boom de la marihuana que precedió al de la cocaína. Organizó un sistema de transporte en mulas que recogía la marihuana en zonas aisladas y la llevaba hasta la costa.

La primera vez que tuvo que cometer un acto violento fue cuando su hermano menor fue asesinado durante un asalto en el mercado de Santa Marta. Para vengarlo, contrató a un grupo liderado por un tal Drácula y seis hombres murieron. Fue el principio de un largo proceso de limpieza social para eliminar “indeseables”. Ladrones, prostitutas, homosexuales, mujeres infieles, brujas e militantes de Izquierda.

Cuando Drácula fue asesinado, Giraldo se quedó con su negocio. Heredó sus intereses en la naciente industria de la cocaína que controlaba entonces el Cartel de Medellín. Transformó su grupo de seguridad en una milicia cuando las Farc trataron de poner pie en su territorio e intentaron asesinarlo tres veces.

Un mercenario israelí entrenó a sus hombres y para practicar lo aprendido masacraron sindicalistas bananeros en fincas que se suponía eran bastiones guerrilleros.

Giraldo fue arrestado como responsable de las masacres. Y ahí cayó en el radar de Estados Unidos, identificado en un cable diplomático como un “asesino de alto nivel del Cartel de Medellín”, cuya detención “muestra que las autoridades colombianas no se hacen de la vista gorda respecto a los crímenes cometidos por la derecha”.

Fue condenado a 20 años de cárcel. Pero para ese momento se había exiliado en la remota Sierra Nevada. Desde allí gobernó sobre el territorio bajo su control durante más de dos décadas, protegido por un grupo de 200 hombres y por familias de la élite y sus dependientes, según las autoridades.

Según expertos, “él no usaba un campamento como tal, como en la guerrilla. Su campamento era la comunidad porque él era parte de la comunidad, entonces las casas eran sus casas, las fincas eran sus fincas”.

“A pesar de ser, para nosotros como institución, un delincuente, para las comunidades siempre fue visto con mucho respeto, y no solamente respeto por miedo sino respeto por la organización que le dio al territorio, porque había mucha ausencia de Estado en la zona”, agregó.

Cuando la hija mayor de Henríquez, Nadiezhda se encontró por primera vez con Giraldo, lo que vio fue su mejor lado, casi benigno, el de una autoridad local. Entonces era profesora y apreciaba que Giraldo resolviera conflictos entre su pequeña escuela y los pescadores que la utilizaban para almacenar su material.

También se dio cuenta de su lado más siniestro. Perdió a sus tres alumnas cuando su madre las envió lejos para protegerlas de la voracidad del Patrón. “Ya comenzaba a violar niñas”, recuerda.

Como un señor feudal, Giraldo ejercía “una especie de derecho de pernada” sobre las niñas de la región, según un oficial de seguridad colombiano que no está autorizado a hablar con la prensa.

“Las pesonas buscaban acercarse a Hernán Giraldo y llevaban a sus hijas o le facilitaban que pudiera tener relaciones sexuales con sus hijas porque era la forma de salvaguardar su vida, porque mientras tengas vínculos con el jefe, te sientes protegido”, dijo el funcionario.

Cuando Giraldo dejó las armas, un fiscal le preguntó en una vista pública por qué le llamaban el Taladro. Se sonrojó, pero parecía orgulloso del apodo, dicen quienes estuvieron presentes. El fiscal le preguntó directamente si tenía que ver con su predilección por las vírgenes.

“Podría ser”, respondió.

Los fiscales colombianos comenzaron a examinar al detalle sus relaciones, comenzando por las madres de los 24 hijos que reconoce. Llegaron a llamar a Giraldo el “mayor depredador sexual del paramilitarismo”.

Hasta ahora dos paramilitares han conseguido que Estados Unidos se convierta en su refugio tras salir de prisión: Juan Carlos Sierra, conocido como el Tuso, que pasó cinco años en prisión, y Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, que pasó casi siete.

Ambos tienen órdenes de arresto en Colombia; Sierra en relación con un asesinato, según la Fiscalía General en Colombia.

Sus familias han recibido asilo político al igual que la familia de un tercer paramilitar, Mauricio López Cardona, conocido como Yiyo, quien también ha pedido quedarse. Igual que Guillermo Pérez Alzate, extraditado con Giraldo y que ha cumplido menos de la mitad de su condena.

Como narcotraficantes condenados, estos hombres no pueden pedir asilo. Piden una forma de protección poco habitual contra una posible expulsión basada en la Convención contra la Tortura, y argumentan que serían torturados por su gobierno, que ahora dirige el presidente Juan Manuel Santos.