El máximo tribunal estadounidense rechazó analizar la jurisdicción en el juicio que inició un fondo buitre.
La resolución ratifica el fallo del año pasado de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. que permitió a Petersen Energia Inversora SAU, una subsidiaria de Grupo Petersen que era propietaria del 25% de YPF, seguir adelante con sus reclamos de incumplimiento de ley y permitió que el caso procediera bajo la excepción de «actividad comercial» del Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (FSIA).
La Argentina había pedido la falta de jurisdicción de los tribunales norteamericanos para analizar la demanda que inició el fondo buitre de inversión Burford por la nacionalización de la petrolera, que hasta 2012 estuvo en manos de la española Repsol.
Los abogados que representan al país reclamaron que si el juicio se realiza en Nueva York se promueven posiciones que «eliminarían la inmunidad soberana por actos de expropiación, ampliando dramáticamente la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos».
La decisión de la Corte de EEUU habilita de manera automática a la jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, a continuar el proceso contra YPF, una demanda de 3.000 millones de dólares.
El caso fue presentado en 2015 a partir de la presentación del fondo Burford, en poder de los derechos de litigio de las dos empresas empresas españolas que eran propietarias de 25% de las acciones de YPF cuando se nacionalizó.
El argumento de la demanda fue que en el prospecto de la privatización se estableció que si en algún momento se producía un cambio de titularidad, el accionista mayoritario debe darle la oportunidad a los accionistas minoritarios de comprarle las acciones, algo que no ocurrió, se esgrime desde Burford.
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