Estela Díaz: “El femicidio es el único delito que no se redujo con el aislamiento social”

La cuarentena incrementó los casos de violencia doméstica en el país y en la provincia de Buenos Aires. Pese a que el resto de los delitos bajaron, la curva de femicidios se mantiene firme. Hubo 16 casos hasta el 30 de abril, según La Casa del Encuentro. Los llamados al 144 se incrementaron más de un 30% desde que comenzó el aislamiento social y por esa vía se atendieron 5216 llamadas. Pero también se multiplicaron las consultas por WhatsApp, Facebook, Telegram y otras redes sociales. «El dato que nos preocupó es que, en el 80% de los casos, el agresor es la pareja o la expareja y el domicilio es el ámbito donde se cometen los delitos», le dijo a Tiempo Argentino la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz. Y contó cómo están encarando el trabajo en emergencia y los casos críticos. La funcionaria de Axel Kicillof también habló de la polémica por las excarcelaciones y dejó en claro que «no puede haber prisión domiciliaria» para los condenados por delitos sexuales y violencia de género. Advirtió que harán un seguimiento de casos y cuestionó la falta de perspectiva de género del Poder Judicial.

–¿Subieron los femicidios en la cuarentena en la Provincia?

–La cifra de femicidios de marzo de este año, comparada con 2019, no subió. Es prácticamente el mismo número. Nos falta ver abril. Creo que, en tal caso, lo que nos debe llamar la atención es por qué bajaron todos los delitos en el contexto de aislamiento y los femicidios se mantienen. Y ahí hay un dato que es el que nos preocupó como ministerio: en casi el 80% de los casos el agresor es la pareja o la expareja, o sea que el domicilio es el ámbito donde se cometen estos delitos. Entonces, la situación de aislamiento nos lleva a pensar que podrían haber aumentado; vamos a ver qué pasa cuando tengamos las cifras de abril. Seguramente, estamos con un subregistro de casos por la forma en que son caratulados por la Justicia, algo que no es nuevo. Como parte de esta preocupación venimos dialogando con el Equipo Argentino de Antropología Forense y vamos a trabajar en cuatro o cinco casos testigo, casos de víctimas que fueron caratulados como suicidio, cuando la presunción es que las mataron.

–Las llamadas al 144 subieron más de un 30% al principio de la cuarentena. ¿Eso se mantiene?

–Sí, creció y mantiene un número elevado de consultas al 144 y también al WhatsApp 221-3530500 que incorporamos ahora, que llega a todos los estratos sociales y es una buena herramienta para pedir ayuda cuando tenés al agresor cerca. Es más fácil mandar un mensaje y poder borrarlo para protegerte. Notamos que con el aislamiento, por la dificultad para salir, las denuncias presenciales habían bajado, pero no porque hubiera menos violencia sino porque había mayor peligrosidad en denunciar y tener que volver al lado del agresor.

–¿Cómo actúan frente a los casos críticos?

–En la línea hay equipos interdisciplinarios que hacen llamadas de orientación, asesoramiento, contención y no siempre son urgencias. Cuando hay un caso en que la agresión es inminente se lo pasa al 911, se manda un patrullero y se avisa a la mesa de casos críticos, que es a donde se derivan las situaciones cuando hay riesgo para la mujer y los hijos. Ellos hacen el seguimiento. En marzo hubo 168 casos y 604 en todo el trimestre. Los casos nos llegan por todos los canales: Facebook, Twitter, Telegram, por todas las vías. De todos modos, el 90% de los casos críticos entran por el 144 y el 10% por el resto de los canales de comunicación. Esa mesa tiene muchísimo trabajo.

–¿Se están usando los refugios?

–Están a pleno. En la Provincia hay 56 hogares integrales, la mayoría municipales, que también funcionaban con muy diversos criterios cuando llegamos tanto en la admisión como en el proceso de salida, porque eso es un lugar transitorio frente al peligro de vida. Recibimos una colaboración de hoteles sindicales que, así como pusieron plazas a disposición por el Covid-19, nos ofrecieron más de 200 plazas disponibles en los casos de violencia y ya las hemos usado en varias situaciones.

–¿Ya está operativo el Fondo de Emergencia para las víctimas? ¿Hubo mucha demanda de subsidios?

–Muchísima. Estamos por firmar convenio con más de 30 municipios para que se implemente el subsidio a partir la semana que viene. Es una suerte de caja chica para ser usada por la mesa local de violencia que funciona en cada municipio. Esa ayuda es para costear pasajes, unos días de alojamiento y todo lo que se necesita en una situación de emergencia.

–¿Qué opina de la polémica por las prisiones domiciliarias?

–Venimos trabajando con el Ministerio de Justicia y el Patronato de Liberados en torno a la situación de cárceles de mujeres, de mujeres con niñas, de travestis y trans, muy preocupadas por las condiciones de hacinamiento, pero siempre fuimos muy claras con respecto a que, por las características que tienen la violencia de género y los delitos sexuales, no eran pasibles de plantear las domiciliarias como se planteaban en otro tipo de delitos porque justamente el lugar de la comisión de ese delito es el domicilio. Y, de hecho, esto es recogido por el fallo del Tribunal de Casación, que dice que no se deberían excarcelar ni los delitos graves –los homicidios, los femicidios, los travesticidios– ni los realizados en contexto de violencia de género y los abusos sexuales, lo que pasa es que los jueces y las juezas están haciendo, en algunos casos, cualquier otra cosa.

–¿Va a intervenir el Ministerio de alguna manera?

–Construimos una mesa con un equipo de abogados, de psicólogas y de trabajadoras sociales que va a hacer un seguimiento de las liberaciones. Queremos llevarle tranquilidad a la gente. ¿Cómo no vamos a entender la angustia que se le produce a la persona que sufrió violencia, a alguien que sufrió una agresión grave? Hay una responsabilidad especial del Poder Judicial. Se debe tener una perspectiva de género en el conjunto de las políticas y la verdad es que el Poder Judicial tiene una enorme deuda en este sentido. Nos encontramos con casos de mujeres condenadas en los que no hubo para nada perspectiva de género en la defensa pública. Nosotros hacemos asistencia técnica como Ministerio y, en este caso, pensamos hacer lo mismo: vamos a acercar informes técnicos que digan qué supone incluir una mirada de género cuando se abordan las condiciones de detención frente a determinados delitos.