Estiman que la moratoria no afectará la estabilidad del sistema previsional

El costo de la moratoria previsional que impulsa la Anses para todos quienes están en edad jubilatoria y no pueden acceder al beneficio por falta de aportes suficientes es de alrededor del 0,04% del PBI (unos $ 40 mil millones de pesos al año). Este número supondría que el sistema previsional no corre riesgos ante la sanción de la ley.

Esa conclusión es la que enarbola el Centro de Economía Política Argentina, que emitió un documento titulado “Ampliación de las moratorias previsionales”. En él, además de trazar un mapa de la cantidad de gente que no cumple con requisitos para jubilarse, analiza la relación entre la cantidad de dinero que insume el sistema y los recursos generados a través de las contribuciones y aportes al sistema de seguridad social, que realizan tanto las empresas como los trabajadores registrados.

“Si se considera que todas y todos los adultos mayores sin 30 años de aportes se jubilaran de manera inmediata, el costo fiscal de este proyecto, en caso de aprobarse, alcanzaría aproximadamente 0,04% del PBI”, estimó el centro de estudios que dirige Hernán Letcher.

Basándose en los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, a través del Boletín de Estadísticas Laborales, el CEPA estima que un 56% del gasto en el ítem de seguridad social tiene financiamiento genuino a través de aportes y contribuciones. Ese índice es bastante menor al que había en 2015 (65%), aunque supera con creces el 37% de la época de la pandemia, cuando en muchos sectores hubo una paralización del mercado laboral.

El trabajo bucea en cómo se generan esos índices y en cómo el nivel salarial, el del empleo registrado y su contracara, la precarización laboral, impactan en ese grado de cobertura.

“El salario de las y los trabajadores registrados es la principal fuente de recaudación de recursos de Seguridad Social. Los salarios registrados privados se incrementaron significativamente entre 2003 y 2015 y se redujeron notablemente entre 2015 y 2019. En esta misma línea, el coronavirus ha tenido un impacto significativo en los salarios, no sólo por los numerosos casos de atrasos salariales sino particularmente por los acuerdos de reducciones salariales orientados a evitar despidos”, explica.

De la misma manera, resume cómo “luego de 2015 se vislumbra un incremento del monotributismo, cuyos aportes al Sistema de Seguridad Social resultan sensiblemente menores a los del trabajo registrado”. Además se implementó una reforma a través de la aplicación de un mínimo no imponible para efectuar contribuciones patronales, lo que en la visión del CEPA tuvo un efecto similar a la reducción implementada por Domingo Cavallo en 1993, que “no sólo no generó puestos de trabajo sino que, además, desfinanció el sistema previsional”. Así, durante el gobierno de Cambiemos la cobertura del sistema previsional bajó de 64,9% a 48,4%.

El trabajo abunda en consideraciones sobre la grave situación social que implicaría rechazar la jubilación de quienes no llegan a los 30 años de aportes exigidos por la ley para acceder a cobrar una jubilación. Además los vincula con los trabajos no remunerados y con la brecha de género que estos últimos dejan de manifiesto: “Según los datos preliminares de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2021 del INDEC, las mujeres realizan el 91,6% de los trabajos no remunerados al tiempo que sólo participan en un 36,9% de las actividades remuneradas”, se lee en el texto.

“Es por eso por lo que la moratoria se vuelve una herramienta indispensable para, por un lado, no penalizar dos veces a trabajadores/as informales y desocupados/as: en su vida activa, sin derechos laborales y, en su vida pasiva, con pensiones por vejez que otorgan menores ingresos que las jubilaciones. Y por el otro, mitigar la brecha de género existente en el sistema previsional”, agrega.