Estudiantes detenidos denuncian falta de atención médica y traslados arbitrarios

Desde el Centro Universitario Ezeiza (CUE), denuncian graves violaciones a los Derechos Humanos, falta de asistencia médica, degradación de la justicia en contexto de encierro, abandono de persona y traslados intempestivos para quienes realizan reclamos. Exigen que las autoridades del penal y la justicia respeten el marco de normativas vigentes y se garantice el bienestar para todos los detenidos del Complejo Penitenciario Federal 1.  

«Nos encontramos ante una grave violación de derechos esenciales e inherentes a la dignidad humana, tales como el derecho a la salud, la integridad física y mental. También nos niegan el acceso a la justicia, pedimos el cese de traslados arbitrarios por realizar reclamos», denunciaron desde el CUE. 

Y completaron: «Le recordamos a las autoridades que los presos solo tenemos restringido el derecho a deambular en la vía pública, es lo único que prohíbe la Ley. Sabemos que el gobierno que está de turno celebra cada vez que fallece una compañera o un compañero nuestro, por eso necesitamos con extrema urgencia, una intervención internacional».

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Precariedad institucional

Continuaron argumentando: «Nuestra protección jurídica se origina en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, que Argentina incorporó luego de haber atravesado la dictadura militar más sangrienta de su historia. Somos un grupo de personas que nos dedicamos a capitalizar el tiempo de encierro en forma positiva».

«La prolongada inoperancia de brindar una atención médica integral y oportuna durante la privación de libertad, se extiende cada vez más por parte de las autoridades penitenciarias. Además, el abandono de personas que están ejecutando -reclaman los estudiantes- ha provocado una exacerbación de distintas patologías en los detenidos que necesitan atención médica». 

Siguieron argumentando: «Esta conducta omisiva, se traduce en una manifiesta negligencia en la provisión del sistema de salud, configura un trato cruel, inhumano y degradante, expresamente proscrito por el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Las personas que tienen enfermedades están condenadas a muerte, de este modo, el Gobierno Nacional está cometiendo un genocidio por goteo». 

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Desprecio por la vida humana y un estudiante fallecido

Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha enfatizado en la obligación que tiene el Estado en garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana para la población carcelaria.

«Estipula que deben brindar atención médica adecuada como un componente esencial para la preservación de la salud, la integridad física y mental de todos los detenidos. Durante los últimos meses han ocurrido muchos fallecimientos que se podrían evitar, somos seres humanos que nos encontramos bajo la tutela del Estado», subrayaron.

En esta línea, cabe destacar, que todos los organismos de Derechos Humanos del país indican -en forma clara y precisa- en sus informes anuales, que la primera causa de muerte en las cárceles a nivel federal, es por falta de atención médica. No solo han identificado el problema, sino que señalan que la posible solución: que se haga un traspaso de la Salud Penitenciaria a la Salud Pública.  

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«Ante esta grave situación que se prolonga cada vez más, deja al descubierto una alarmante desidia que configura una clara connivencia por omisión con las prácticas lesivas del Servicio Penitenciario Federal. Cuya fuerza de seguridad, además, traslada a los detenidos que reclaman que los atienda un médico para no morir», demandaron.

Y citaron argumentos. «La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha sostenido que la inactividad del defensor oficial puede comprometer la validez del proceso, acá nos niegan el acceso a la justicia. El artículo 143 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660, impone de manera categórica a la administración penitenciaria el deber de velar por la salud de los internos y facilitarles el acceso a la asistencia médica necesaria».

Abandono de persona

«Esta obligación, se encuentra en el principio de humanidad de las penas y consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich no respeta y viola en forma sistemática. Además, esto ha sido reiteradamente señalado por la CSJN, que ha sostenido la responsabilidad ineludible de la administración penitenciaria en asegurar la salud y la integridad física de los detenidos», reclamaron.

También apuntaron: «La falta de cumplimiento de este deber por parte del Servicio Penitenciario Federal configura, prima facie, la figura penal de abandono de persona tipificada en el artículo 106 del Código Penal. Por lo cual estamos siendo víctimas de graves delitos cometidos por funcionarios públicos».

«Insistimos en la urgente necesidad de que la justicia investigue la posible connivencia por omisión de todos los actores mencionados en el mantenimiento de esta gravosa situación de vulneración sistemática de derechos que produce muertes concretas. Pedimos a las compañeras y compañeros de los Derechos Humanos que visiten los Centros Penitenciarios de Salud, porque hay personas que están muriendo», denunciaron. 

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Tratos crueles e inhumanos

Y completaron. «Exigimos que se arbitren los medios necesarios para garantizar de forma inmediata nuestra salud e integridad física y mental, cesando el trato cruel e inhumano al que estamos siendo sometidos. Somos instruidos y sabemos que esto no puede estar pasando, porque la democracia exhibe más de 41 años en forma ininterrumpida en nuestro país». 

Explican que la justicia debería exhortar con carácter de extrema urgencia a las autoridades penitenciarias para que garanticen la atención médica integral y continua para los detenidos. Porque así lo estipulan todas las normas nacionales e internacionales vigentes.

Finalizaron pidiendo que se realice una exhaustiva investigación: «Sobre la conducta de los funcionarios públicos involucrados por el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público sito en el artículo 113 Código Penal. También pedimos, que todos los fallecimientos que ocurrieron y los que seguirán ocurriendo, sean sometidos y recopilados en una megacausa».