Eufemismo PRO: cuando la urbanización de la villa abre la puerta para la especulación

Las mismas personas que el miércoles celebraban la sanción en el Senado Nacional de la Ley de Barrios Populares, el jueves se juntaron en la Legislatura porteña para protestar por la aprobación de la ley de urbanización de la villa 31. Parecería contradictorio, pero no. La primera retoma un impulso de las organizaciones sociales con presencia territorial y reconoce el derecho a la vivienda digna de unos cuatro millones de personas que viven en 4000 asentamientos del país; mientras que la segunda fue enviada al Congreso por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sin el aval de los vecinos y abre la puerta a que los terrenos de Retiro destinados originalmente a vivienda social alimenten la creciente especulación inmobiliaria de la Ciudad de Buenos Aires.

«Nosotros no estamos en contra de la urbanización, pero el tema es cómo la implementan», explica a Tiempo Graciela Aguirre, vecina de la villa 31 que estuvo el jueves protestando en la Legislatura. «Este proyecto viene acompañado de muchas cosas irregulares: las hipotecas no sabemos cuánto saldrán; las viviendas que harán ahora dicen que son 1043 y en 2011 nos habían dicho que serían 2500, o sea que para ellos el barrio se achicó. Y yo, por ejemplo, no figuro como adjudicataria y vivo ahí hace 35 años», cuenta preocupada por su situación y la de sus cinco hijos.

La peor urbanización

«Este es el peor proceso de urbanización de todos los barrios de la ciudad», añade Jonatan Valdiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. «La falta de una verdadera participación, de información y de intención de evitar conflictos ha generado un clima de mucha violencia y tensión en el barrio», explica a Tiempo.

Desde su organización, que hace años se transformó en referente en la pelea por una vivienda digna, explican que el proyecto oficial en realidad busca «transformar un proceso de integración social y urbana en un proceso de expulsión lento de su población y quebranto de su identidad».

El proyecto que fue aprobado con 40 votos, valiéndose de la mayoría automática de Cambiemos y otros seis aliados, establece que las parcelas del barrio tendrán como cargo ser destinadas a vivienda única y de ocupación permanente salvo en los casos de asociaciones civiles, que deberán destinarse a un uso social o comunitario. Hasta ahí, nada que objetar.

Pero otro artículo redactado con la picardía propia de los leguleyos habilita a que las escrituras puedan ser vendidas a terceros (incluidas personas jurídicas) si los propietarios cuentan con otra solución habitacional y si cancelan el valor de la hipoteca contraída con el Estado. Aun más, si el comprador está dispuesto a pagar tres veces el valor de la hipoteca, la propiedad es desafectada de su función social y por tanto se transforma en un espacio más abierto a la especulación.

A pedir del especulador

Aún no se sabe cual será el valor de la hipoteca que deberán pagar los vecinos para obtener el título de propiedad porque el Gobierno de la Ciudad argumenta que eso dependerá de lo que le cobre Nación los terrenos. Pero no es allí donde se esconde el mayor temor.

«Lo que denunciamos es que la ley muestra una desatención de lo que implica para las familias pasar de la informalidad a la formalidad. Hoy un relevamiento del propio gobierno realizado en 2017 reconoce que un 70% de la población del barrio vive bajo la línea de pobreza. En ese marco de debilidad económica y endeudamiento grave, la inflación y el tarifazo ya los ponen en una situación vulnerable que no está contemplada», detalla Valdiviezo para entender por qué es posible que en un plazo de cinco o diez años el barrio hoy bautizado Carlos Mugica se sume al proceso de gentrificación. Cuanto más barata sea la hipoteca, también será más fácil para los desarrolladores adquirirlas para su reutilización.

En este punto, aclara Valdiviezo, el tema deja de ser una discusión sola del barrio. «Porque un vecino puede vender y con eso garantizarse su techo. Pero la integración social por la que peleamos implica que haya gente en condiciones de vivir en lugares de la Ciudad donde el mercado no lo permitiría».

Mirta, de 54 años, es otra de las vecinas que no confían en las intenciones del gobierno. «Nos dicen que nos van a dar una vivienda como las que hicieron acá cerca y son de durlock y chapa. Pero ya se humedecen y son precarias. Yo prefiero mi casa, la que construí como pudimos con los materiales que teníamos». Con 32 años en el barrio ya ha vivido varios intentos para desplazarlos y sigue apostando a la organización a través de la Mesa por la Urbanización de la Villa 31. «Tenemos cuatro grupos de WhatsApp en los que estamos organizados unos 10 mil vecinos y hay muchos que todavía no saben lo que pasó», advierte. Desde ese espacio ya presentaron un amparo y están dispuestos a pelear por su vivienda. «

Sin desalojos

La Cámara de Senadores aprobó el miércoles la Ley de Tierras de los Barrios Populares, impulsada por las organizaciones sociales, que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los terrenos donde se asientan más de 4400 barrios. También suspende los desalojos por cuatro años.

Una licitación de 20 años por el Design

El gobierno porteño logró el mismo día un dos por uno para la especulación inmobiliaria. Además de avanzar con su urbanización de la villa 31, consiguió la autorización para concesionar nuevamente y por 20 años el predio donde hoy funciona el Buenos Aires Design, cuyo derecho de uso y explotación a cargo de IRSA y Hope Funds vence a fines del mes próximo

El predio de Recoleta es una joya preciada para el PRO y, sobre todo, para quienes lo explotan hasta ahora: el grupo IRSA de Eduardo Elsztain (propietario del 56%) y Hope Funds de Enrique Blaksley Señorans, considerado el «Madoff argentino» por el monto de las estafas en las que estaría involucrado y por las que está con prisión domiciliaria desde el 10 de abril (44%). Ambos aprovecharon durante años un canon irrisorio de 46 mil pesos que, cuando alcanzó estado público en 2017 fue nuevamente cotizado en $ 397.500. Un monto todavía ridículo si se tiene en cuenta que el alquiler y las expensas de dos locales de los 80 que posee ya cubrían el costo del canon.