Rufino Batalla, civil que fue espía de la Inteligencia del Ejército, había sido condenado a 13 años en el juicio por La Cacha y lleva ocho años preso. Para los jueces, está en condición temporal de salir de la cárcel desde el martes pasado.
Batalla es el segundo genocida condenado por el asesinato de la hija de Estela de Carlotto que recupera la libertad: el 24 de octubre pasado, los mismos jueces liberaron a Raúl Ricardo Espinoza, ex civil de inteligencia del Ejército condenado a la misma pena en el mismo juicio por el centro clandestino de La Cacha.
Este lunes, los jueces Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Germán Castelli del TOF1, concluyeron que Rufino Batalla quedaría “en condición temporal de acceder a la libertad condicional o a la excarcelación”, desde este martes 13 de noviembre.
Batalla permanece detenido desde el 14 de julio de 2010, pero para otorgar la excarcelación, los jueces ponderaron la “aplicación de los cuatro meses del estímulo educativo” al que hizo lugar el tribunal.
El genocida fue condenado a 13 años en la sentencia del 24 de octubre por su actuación en el centro La Cacha, que funcionó entre 1975 y 1978 en la vieja planta transmisora de Radio Provincia, ubicada junto al Penal de Olmos. Al momento de la condena el TOF era presidido por Carlos Rozanski y lo condenó “por su complicidad en el genocidio”, como “partícipe secundario” en 55 privaciones ilegales de la libertad, 71 casos de tormentos y los secuestros y asesinatos de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado.
Laura Carlotto fue asesinada en agosto de 1978 y su cuerpo entregado a su familia. Ignacio Guido Carlotto, el niño que había parido en una maternidad clandestina y que su abuela Estela buscó con la entidad durante casi cuatro décadas, recuperó su identidad el mismo año en que se realizó el juicio.
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El represor logró acceder a la excarcelación por la demora de la Cámara Federal de Casación en tratar la apelación de los querellantes. Apenas concluido el debate oral, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli y Coleen Torre, pidieron que Batalla, Espinoza y Claudio Grande, los tres condenados como partícipes secundarios a penas de 13 años, fueran considerados “coautores” y que la pena fuera de perpetua. Pero la alzada nunca resolvió ese reclamo.
De 71 años y oriundo de Formosa, Batalla es uno de los civiles que integró el aparato de espionaje del Ejército durante la dictadura cívico militar. En diciembre de 1976 ingresó al Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, en La Plata, dependiente del temible Batallón 601. El destacamento tenía a su cargo La Cacha, y en su rol de personal de inteligencia actuó como guarda en el centro clandestino.
La defensa del condenado había pedido al TOF 1 de La Plata que le aplicara el 2×1 después del fallo con el que la Corte Suprema benefició el año pasado a Luis Muiña. El reclamo llegó al máximo tribunal que dispuso que ese expediente se trate el 4 de diciembre próximo.
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