Como en otras regiones del mundo, algunos funcionarios y legisladores, así como parte de la dirigencia política argentina vuelven, cíclicamente, a estigmatizar a los extranjeros, preferentemente de escasos recursos, asociándolos con el delito, y reclaman el endurecimiento de las leyes migratorias y penales. El oficialismo de Cambiemos, encabezado por el presidente Mauricio Macri y parte de la oposición, como por ejemplo, el jefe del interbloque Argentina Federal en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, coincidieron en dedicar duros conceptos hacia los inmigrantes.
«Que vengan a trabajar como hicieron nuestros abuelos y no algunos que vienen y le dan mucho trabajo a la ministra (de Seguridad, Patricia) Bullrich», pidió Macri días atrás al ser consultado sobre el tema, en una conferencia de prensa junto a la funcionaria y el ministro de Producción, Dante Sica. Pichetto, por su parte, en una entrevista con el matutino Clarín, disparó: «Hay que expulsar inmediatamente a los extranjeros que delinquen. Sobre todo a los que cometieron delitos menores: hay que echarlos a patadas rápido. Nadie habla de actuar fuera de la ley».
Rápidamente, la Procuración Penitenciaria de la Nación a cargo del procurador Francisco Mugnolo respondió con un comunicado, en el que aclaró cifras y conceptos. En diálogo con
Tiempo Argentino, Jennifer Wolf, jefa del Área Extranjeros en Prisión y Argentinos Privados de su Libertad en el exterior, especificó: «Hace varios años en los medios de comunicación existe un discurso que estigmatiza a la persona extranjera, vinculándola con el delito y, por cierto, estableciendo como que colaboran a ciertas situaciones de inseguridad que se puedan dar en la Ciudad de Buenos Aires, así como en la Argentina. En el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, que es donde tenemos competencia de la Procuración, desde 2005 el colectivo de extranjeros presos oscila en torno a un 20 % de la población carcelaria, y no tiene grandes modificaciones. A la vez, la población penitenciaria total sí viene en un ascenso desmedido en los últimos años. Hoy en día estamos hablando de casi 12 mil personas privadas de su libertad, un número en ascenso constante, a diferencia del porcentaje de extranjeros que se mantiene (en relación al total)», señaló.
«Incluso con los últimos datos del Sistema Nacional de Ejecución de Estadísticas Penitenciarias, que es producido por el propio ministerio de Justicia, indica ese porcentaje, 20% de personas extranjeras, con una mayor representación de los hombres con relación a las mujeres», amplió.
El último eslabón«En su gran mayoría, estas personas están privadas de su libertad por delitos vinculados con la ley de estupefacientes. Pero, en ningún punto quiere decir que tengan un rol fundamental en esta cadena del narcotráfico, sino que son utilizados como correos humanos, que en la mayoría de los casos son fácilmente reemplazables una vez que ingresan a prisión. Y una vez que egresan, esas personas no tienen ninguna otra vinculación ninguna de los otras acciones penales se han perseguido. Hablamos del último eslabón en una cadena de narcotráfico», explicó Wolf.
Para la funcionaria de la PPN, «estos discursos existen hace muchos años, y lo que sucede es que se cristalizan en enero de 2017, con el decreto 70/2017 que modifica la política migratoria nacional. En rigor, lo hace ese decreto es venir a justificar ciertas acciones que ya se venían realizando con relación, no sólo a la expulsión de extranjeros, sino también con el tema de detención de migrantes. Este decreto está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por una acción de amparo presentada por organizaciones de la sociedad civil y acompañada por esta Procuración, como
amicus curiae (amigo del tribunal)».
