Exploran si el FMI puede aportar ayuda extra para compensar el daño por la sequía

Contra reloj, el gobierno explora líneas alternativas con las cuales reencauzar la negociación ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras ya está todo resuelto en otras cuestiones como el cumplimiento de las metas pactadas para 2022 y la continuidad (con algunas modificaciones) del préstamo de facilidades extendidas, ahora la urgencia es otra: dotar de mayor margen de divisas al Banco Central, cuyas reservas líquidas están cayendo vertiginosamente. Si bien hay muchos motivos que complican la economía del país (que volvió a depender del FMI en 2018, cuando Mauricio Macri acudió para pedir auxilio), hay uno que en las últimas semanas se volvió acuciante: la sequía que afecta fuertemente la cosecha y frenó súbitamente el ingreso de divisas de la exportación.

El próximo jueves 29, el ministro de Economía, Sergio Massa, tendrá un nuevo encuentro con la segunda al mando del FMI, Gita Gopinath, según confirmaron a Tiempo fuentes del organismo multilateral de crédito. El encuentro se realizará un día después de la reunión entre los presidentes Joe Biden y Alberto Fernández. La secuencia temporal no es casual: se presume que Massa llegará con un panorama sobre el plafón que habrá otorgado (o no) el mandatario estadounidense para una ayuda extra. Se sabe que el Fondo es más que permeable a las directivas que emanan de la Casa Blanca.

Una de las hipótesis que se manejan es recurrir a alguna de las líneas especiales previstas en los reglamentos del organismo para asistir a países con “necesidades urgentes de balanza de pagos causadas por fuentes que incluyen inestabilidad interna, shocks exógenos y fragilidad”.

Allí se encuentra la línea RFI (Instrumento de Financiamiento Rápido), que tiene como objetivo “responder a situaciones en las que no es necesario un programa económico completo porque la necesidad es transitoria y de naturaleza limitada, o no factible debido al diseño de políticas, la capacidad y otras restricciones de implementación”.

La mirada hacia esta línea no es casual: entre los motivos que habilitan su uso, se encuentra “una inseguridad alimentaria aguda, un fuerte aumento en la factura de importación de alimentos o fertilizantes, o un shock en las exportaciones de cereales”. Este último calza a la perfección con la situación argentina: las estimaciones hablan de una caída en las ventas de productos agrícolas al exterior de entre 14 y 20 mil millones de dólares.

“El apoyo se brinda sin condicionalidades o revisiones ex post basadas en programas, aunque a veces se aplican acciones previas”, detalla el manual de procedimientos del FMI. Además podría correr en paralelo al programa actual vigente.

Claro que para eso se necesitará una negociación política que el gobierno viene planteando ya hace tiempo: por ejemplo, que el Fondo atienda el daño causado por otro shock exógeno, la guerra entre Rusia y Ucrania, que disparó el costo de la energía y los fletes. Todo eso impactó en los requerimientos de dólares durante el año pasado.

La eventual asistencia crediticia, de todas maneras, está muy lejos de compensar ese monto. El RFI está limitado al 50% de la cuota que el país solicitante tiene asignada en el Fondo. A la Argentina, esto le reportaría unos U$S 2.300 millones, a devolver en un plazo máximo de cinco años, con la eventualidad de que si el shock exógeno continuara (algo que por ahora nadie puede avizorar) la ayuda podría repetirse por hasta tres años.

De todas maneras, en un contexto en el que el gobierno está rascando todas las ollas a su alcance para conseguir divisas, podría ser de ayuda.