Extienden el decreto que congela alquileres, pero piden controles y sanciones

El anuncio de extensión del Decreto que congela los precios de los alquileres y evita los desalojos llegó otra vez sobre la hora, en lo que parece ser una cábala del gobierno nacional o algún tipo de estrategia.

Fernando Muñoz, titular del programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la CABA, señaló a Tiempo que “la situación está contenida por el Decreto de emergencia, pero en la medida en que el Estado no se pronuncie sobre el asunto, el mercado hablará por el Estado”. Además, agregó, “al no haber mecanismos de control y sanción, tanto sobre el Decreto como sobre la Ley de Alquileres, el único interlocutor del inquilino es la inmobiliaria o el propietario, que imponen las condiciones. Así, se anulan las normas”.

Fernando Muñoz advirtió que en el país “rige una cultura conservadora y mercantilista, que afirma que todos pueden ser propietarios, mientras cada año fabrica más inquilinos”.

“El Decreto es claramente progresista, pero de ahí para abajo el mercado toma revancha, amenazando con retirar ofertas, subiendo los precios casi al doble que la inflación, no aplicando la Ley, etc. El mercado se mueve de forma uniforme y agresiva. El Estado está ausente de la discusión y quedan prisioneros  9 millones de inquilinos que hay en el país. Es hora que el Estado opine sobre si el alquiler lo debe regir el mercado o si debe estar acorde a la economía argentina”, remarcó Muñoz.

El área liderada por Fernando Muñoz realiza desde el inicio de la pandemia un informe mensual sobre el cumplimiento del Decreto, a partir de las denuncias que recibe. En ese sentido, advierten que en los últimos 45 días se registró “un cambio brusco en el perfil de la demanda o las consultas, con casos donde mayoritariamente se ve afectada o en riesgo la vivienda por alquiler”.

El último informe alertó que el 70% del total de casos ingresados manifiesta: Renovaciones de contratos con aumentos por encima del 60%; Deuda acumulada de más de dos meses, con pérdida de empleo o menores ingresos; Negativa de la inmobiliaria a firmar contrato legal de 3 años; Obligación de firmar prórroga con aumento; Amenaza de desalojo una vez vencido el DNU, o corte intempestivo del servicio de agua y/o gas, para forzar la salida de los inquilinos.

Las demandas del mercado

“En las locaciones, la pandemia es el Gobierno de la Nación”, fue el título de una carta firmada por el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (CoFeCi), que reclama la anulación del Decreto.

Desde CoFeCi, apuntaron que ampliar el Decreto “sería lapidario para un sector que es clave en el desarrollo de la economía, a través de la construcción y generación de miles de puestos de trabajo”. Al mismo tiempo, agregaron: “A esta situación, se le suma el contexto de recesión económica mundial y las innumerables intervenciones del Estado argentino, que transforman a este rubro en el peor de los negocios lícitos que se desarrollan en el país”.

Para el CoFeCi, “el 80% de los alquileres se están pagando a tiempo”, por lo cual esperan “que el Presidente tenga una visión más integradora, porque aquí, no hay ganadores ni perdedores”.

Extensión del Decreto

El gobierno, a través de un comunicado de Presidencia, anunció que el valor de los alquileres permanecerá congelado hasta el 31 de marzo próximo. De esta forma, se extiende por dos meses el Decreto que fue impulsado a fines de marzo del año pasado.

Según el comunicado, se prorrogarán los contratos y la suspensión de los desalojos hasta la misma fecha.

La medida vigente que vence el próximo 31 de enero recae sobre los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados. Asimismo, establece también la extensión de los contratos de locación cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo de 2020.

La Federación de Inquilinos Nacional asegura que el 40% de los inquilinos mantienen deudas. Gervasio Muñoz, titular de la organización, explicó a Tiempo: “el gobierno tiene un problema con llevar adelante una política de regulación de los alquileres. No hay voz del Ministro de Hábitat sobre el tema”.

“Queda claro que el gobierno no sabe cómo meterse con los intereses de las inmobiliarias. El plan de desendeudamiento es ineludible porque al extender el decreto los inquilinos se endeudan y los propietarios no cobran, por lo cual se llegaría a una situación de conflicto social. Habrá juicios contra los garantes, contra aseguradoras que venden seguros de caución. Pedimos un plan integral de viviendas”, concluyó Gervasio Muñoz.  «

Buscan una actualización del 9% para las distribuidoras eléctricas

En febrero del año pasado, el gobierno nacional decidió pesificar la tarifa eléctrica, al tiempo que diseñó una fórmula temporaria de actualización con base en la inflación.

A su vez, el macrismo había congelado las tarifas desde marzo de 2019, en una maniobra electoral infructuosa.

Producto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, desde presidencia decidieron en marzo último continuar con el congelamiento de la tarifa hasta nuevo aviso. Ese nuevo aviso llegó en la última semana.

En ese período, las compañías de distribución eléctrica acumularon deudas multimillonarias en el mercado mayorista eléctrico, mientras cobraron sin interrupción a los usuarios. De hecho, desde mediados del año pasado, se apilaron las denuncias de los residenciales por valores desproporcionados en las boletas.

Así las cosas, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) anunció en la última semana la convocatoria formal a las empresas de distribución para iniciar la negociación que derivará en un aumento de tarifas, mientras se espera por la nueva Revisión Tarifaria Integral.

Según fuentes del mercado, la actualización sería del 9%, aunque en el gobierno aseguran que el porcentaje no está definido, publicó La Nación.

Esta suba, de un dígito, implicaría un incremento del 20% para las distribuidoras (Edenor, Edesur, por ejemplo) y para las transportistas (Transener), que representan un tercio del precio final de la factura. Para las distribuidoras, el atraso se acerca al 80 por ciento.  «