Extractivismo exportador y ajuste perpetuo

Según el adelanto del Presupuesto 2025, presentado por el gobierno de la LLA en julio, se espera que 2024 cierre con una contracción de la actividad económica del -3,5% (según la CEPAL, la economía de América Latina y el Caribe se expandirá un 2,1% este año), duplicando en magnitud la caída del año 2023, que estuvo marcado por una de las sequías más graves de la historia.

Es decir, sin catástrofes naturales ni eventos extraordinarios, el segundo año de gestión del gobierno iniciará con una significativa destrucción de la capacidad productiva y una reducción del consumo que duplica la del PBI, profundizando el deterioro social.

Para que este año cierre con esa cifra de retroceso, habiéndose producido hasta el primer semestre una caída interanual de la actividad económica del -3,2%, lo que se espera para la segunda parte es un sostenimiento o profundización de la recesión. El gobierno proyecta una recuperación en 2025, aunque sin arriesgar cifras concretas en el avance presentado hace unos meses. La capacidad instalada actual es del 59%, lo que daría la impresión de que con algo de incentivo al consumo, la economía podría responder rápidamente el año que viene. Sin embargo, haber tocado fondo no significa rebotar en lo inmediato. El oficialismo espera que la desaceleración de la inflación aumente el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones. En concreto, la proyección oficial del 130% para este año, incluida en el adelanto, da cuenta de una subestimación ya que implicaría que en lo que resta del año la tasa mensual se mantenga clavada en 4,2%, cosa que parece difícil considerando que las estimaciones de más corta frecuencia observan una aceleración, incluso en la inflación núcleo.

A lo anterior hay que sumar la presión sobre el tipo de cambio, el impacto de los aumentos de tarifas de servicios públicos en las economías domésticas y el mayor desempleo, todos elementos que generan dudas sobre la factibilidad de la recuperación esperada.

La confianza se basa en la expectativa de mayor inversión privada en sectores como la producción de gas natural y petróleo no convencional en Vaca Muerta, minería, energía y el sector agropecuario. Estos sectores, pilares de un modelo extractivo que no es novedoso en la historia reciente, no necesariamente prometerán más exportaciones, sino menor captura pública de la renta generada luego de la aprobación de la Ley Bases. Además, estos sectores suelen constituirse como enclaves dentro del territorio nacional, con escasas o nulas vinculaciones con el resto del entramado productivo, lo que limita su derrame en el mercado interno. A pesar de la renuncia pública de recursos provenientes de estas actividades, el gobierno decide concentrar el gasto de capital en un plan de Inversiones Públicas 2025-2027 destinado a proporcionar la infraestructura necesaria para las grandes inversiones que “promuevan la actividad exportadora y contribuyan a mejorar la balanza energética”.

Por otra parte, la meta de déficit cero se presenta cada vez más exigente, toda vez que en diciembre de  2024 vence la vigencia del Impuesto PAIS (cuya contribución a la recaudación anual se estima en 1,3% del PBI en 2024) y que aportó, al mes de julio, $ 4,29 billones en la acumulación de un superávit financiero en siete meses de $ 1,97 billones. Esto hay que sumarlo a una economía que no parece repuntar y un cuadro laboral más desregulado y con mayor desempleo, que afectaría dos de las fuentes más importantes de la estructura tributaria vigente (salarios y consumo).

Por la parte del gasto público, el proceso de endeudamiento acelerado del Tesoro, que tuvo como principal objetivo sanear las cuentas del BCRA, agravó el flujo de compromisos de pago para cumplir con los servicios de deuda. Los intereses que provienen de las letras del BCRA transferidas a deuda del Tesoro –que se ve reflejado en el devengado de la Administración Pública Nacional (APN) porque se capitalizan– aumentaron de manera muy significativa en el mes de agosto, pasando de valores del orden de los $ 391 mil millones en junio y $ 129 mil millones en julio a $ 2,37 billones en agosto, monto que equivale al 0,4% del PBI estimado para 2024, un valor que resulta absurdo como carga mensual en el presupuesto de la Administración Pública. Sirve como referencia el monto pagado por el Sector Público Nacional hasta julio (último dato disponible, medido en base caja, haciendo referencia a lo efectivamente pagado, no a intereses que pueden haber sido capitalizados) que es equivalente al 1% del PBI y con un total que se estimaba para 2024 en el orden del 1,5% a 1,7% del PBI anual antes del traspaso de deuda desde el BCRA al Tesoro.

El desafío del gobierno en 2025, entonces, consistirá en buscar cómo hacer para seguir contrayendo partidas de un presupuesto que ya sufrió un ajuste de casi un tercio de su valor, cuando algunas ya se encuentran en su mínima expresión (gasto de capital, por ejemplo) y otras –como jubilaciones y asignaciones– ya tienen el sendero marcado por la fórmula de movilidad.

En síntesis, el contorno de las cuentas públicas está determinado por un extractivismo exportador sin captura de renta, un estancamiento de la actividad orientada al mercado interno y, por lo tanto, de la recaudación en un contexto de mayores compromisos de deuda que promueven un mayor ajuste. «