Celebran el fallo de la jueza que ordenó descomprimir las comisarías y alcaidías

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) celebra el fallo de la jueza de la ciudad Carla Cavaliere, el mismo ordena al Estado Nacional que traslade a los detenidos de todas las comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires a cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Para eso, en su resolución -sobre un hábeas corpus presentado en 2020- la magistrada estratificó un plan con tiempo determinado para descomprimir estos dispositivos de encierro que no están aptos para detenciones prolongadas y que vulneran derechos de los allí cautivos.  

En este sentido, la PPN viene denunciando y reclamando junto a otros organismos en forma continua desde hace mucho tiempo. Sucede en un escenario en el que existe una discusión entre el Gobierno de la Ciudad y el Nacional sobre quién debe terminar las construcciones de las cárceles que quedaron paralizadas. 

“Nosotros celebramos la resolución de la doctora Carla Cavaliere”, subrayó Ariel Cejas Meliare, procurador adjunto de la PPN. Siguió señalando que hace años “junto a otros actores que también trabajan con la población carcelaria -organismos y jueces comprometidos- venimos denunciando por intermedio hábeas corpus las violaciones a los Derechos Humanos que se cometen día a día en las comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires”.

“La situación de estos dispositivos de encierro se fue agravando año tras año junto a la precariedad que padecen los detenidos en estos lugares que son inhumanos”, aseguró a este diario Cejas Meliare. Remarcó que estos dispositivos de encierro en la actualidad “son los peores lugares de detención de personas que existen en el país”.

Muertes bajo custodia del Estado

Cabe destacar que la PPN -juntos distintos organismos y jueces- viene alertando hace muchísimo tiempo que estos tipos de lugares no están aptos para detenciones prolongadas porque vulneran todos los derechos. También han denunciado muchas muertes en las cuales los principales sospechosos son los propios miembros de las fuerzas de seguridad que deberían cuidarlos: según les ordena su propio protocolo. Son muertes que ocurren paulatinamente bajo la custodia del Estado; que en realidad es quien debería garantizar las condiciones mínimas de detención y velar por sus derechos.

“Más allá de la enorme responsabilidad del Ministerio de Justicia de la Nación en no alojar a esas personas en cárceles federales, tampoco puedo dejar de mencionar la responsabilidad del Poder Judicial Federal en hacer cumplir condenas de seis u ocho meses, o penas a menos de dos años en esas condiciones inhumanas de detención”, ahondó y remarcó el funcionario ante este diario. Además, recomendó que todas estas personas que están detenidas por delitos menores, tendrían que estar en sus casas gozando de distintos tipos de “medidas alternativas a la prisión preventiva, es una prisionización lo que están haciendo”.

En esta línea no se pueden soslayar los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Pactos Internacionales de Derechos Humanos ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado multilateral general establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966.

“Resulta inadmisible que gobierno nacional y local no se pongan de acuerdo en finalizar las obras de cárceles, que de hecho están muy avanzadas, esto muestra una voluntad manifiesta de no terminarlas”, denunció Cejas Meliare. Finalizó aseverando que terminando de armar los penales que están a punto “las personas detenidas en distintos puntos del país podrían estar en condiciones de detención dignas”.

En su resolución la jueza Cavaliere estableció un cronograma de traslados para descomprimir las comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires que no son aptas para detenciones prolongadas. Estos lugares tienen capacidad para el alojamiento de 543 personas y en la actualidad albergan a 1.272. La magistrada estableció como fecha límite el 31 de julio de 2023 para la desocupación total de los internos condenados y alojados en estos lugares. A partir del 1 de agosto de 2023, el ingreso inmediato al Servicio Penitenciario Federal.

Sistema de Seguimientos y Controles de las Condiciones Carcelarias

La Procuración Penitenciaria de la Nación es parte del Sistema de Seguimientos y Controles de las Condiciones Carcelarias. Hacen un trabajo colectivo sostenido en el tiempo que genera valor, reclaman por causas generales y colectivas.

Se trata de un espacio interinstitucional y plural, conformado por jueces y juezas de diversas jurisdicciones territoriales e instancias. Representantes del Ministerio Público Fiscal; fiscales de la Procuración General de la Nación, particularmente la Procuraduría contra la Violencia Institucional; el Ministerio Público de la Defensa mediante sus Comisiones de Cárceles; de Violencia Institucional, de Niños, Niñas, Adolescentes y de Género.

También, intervienen en carácter de miembros consultivos y como representantes de la sociedad civil y control ciudadano, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal  que es una entidad rectora de la matrícula profesional; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Pensamiento Penal (APP) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como organizaciones de reconocida trayectoria en la materia.