El siniestro ocurrió en una obra que había sido cuestionada por vecinos y vecinas del barrio. Junto a diferentes organizaciones, habían presentado un amparo legal para que no avance.

Al momento de producirse el incendio estaban trabajando alrededor de 40 obreros de la construcción, pero al ver el fuego huyeron del lugar ante el avance de las llamas. Los vecinos hicieron lo propio, y mientras esperaban que lleguen los equipos de socorro se auto evacuaron. Una vez presentes el SAME y varias dotaciones de bomberos, fueron a socorrer a personas mayores con movilidad reducida. Las fuentes policiales sostienen que el incendio se inició en el obrador que tiene una extensión de 15 x 5 metros, y 6 metros de alto, sobre las oficinas de la obra en construcción», pero no dieron mayores detalles. En cambio, los vecinos y vecinas que a diario padecen los inconvenientes que provoca esta obra, afirman que el inicio del incendio estaría relacionado con los tanques de gasoil almacenados para el grupo electrógeno y las grúas de la obra.
Más allá de la gravedad del hecho, desde diferentes organizaciones afirman que no es un caso aislado. En agosto de 2020, vecinos y vecinas, junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad y la organización no gubernamental “Basta de Demoler”, han presentado un recurso de amparo pidiendo la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución N 436/2008, firmada por el Subsecretario de Registros, Interpretación y Catastro (SSREGIC) Rodrigo Cruz, que daba el visto bueno a la obra incendiada.
El pedido de amparo remarca, entre otros puntos, que no hubo espacio para la participación ciudadana en la discusión de la conformación de nuevas parcelas o la aprobación de planos de obra. En ese sentido el Código de Planeamiento Urbano es contundente: “previamente a la aprobación de planos de obra (…) y demoliciones en todo el Distrito, el Organismo de Aplicación cursará notificación a asociaciones vecinales de la zona para que emitan su opinión en 15 días”. Esto deja en evidencia que el gobierno porteño también ha incumplido este mandato en violación al Código de Planeamiento Urbano, y el artículo 1 de la Constitución de la Ciudad que dispone que debe organizarse como una Democracia Participativa.
Para llevar a cabo el emprendimiento inmobiliario donde se produjo el incendio, las constructoras privadas que realizan las obras, demolieron un conjunto de edificios históricos de principios de siglo, que deberían haber sido conservados bajo el Régimen de Protección Preventiva del Patrimonio de la Ley 3056. “Además, el englobamiento de parcela supera la superficie máxima permitida. No respeta la altura máxima, los planos límites establecidos, los retiros obligatorios mínimos y el máximo del Área de Protección Historia de Palermo Chico”, destaca Mauro Sbarbati, integrante y colaborador de Basta de Demoler, una Asociación Civil dedicada a la conservación del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires.
Luego de la presentación judicial, el Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5, Martín Miguel Converset, detuvo la obra. Pero más tarde habilitó la construcción y los cimientos y cocheras, sin que el reinicio contemple algún cambio del proyecto original. “Fue todo muy engorroso, como dato importante destaco que el Juez tardó más de un año en designar a un perito, y es el mismo magistrado que habilitó las obras a la empresa IRSA en la Costanera Sur. El gobierno porteño no controla las obras, hay una desidia y abandono total de los funcionarios que deberían realizar los controles pertinentes para que las obras en construcción no se derrumben como pasó en innumerables ocasiones, o para que no se provoquen estos incendios que por suerte no produjo víctimas”, agrega Sbarbati.
El martes por la tarde, vecinos y vecinas de Palermo Chico, damnificados directos del incendio, afirmaron a Basta de Demoler que el Juzgado no tomó con seriedad éste incidente. “No quedan dudas que la ausencia del gobierno porteño es total, y tampoco quedan dudas que la Ciudad flexibilizó el Código Urbanístico y también todas las normas de seguridad e higiene. En CABA no existen la división de poderes, está claro”, termina.
Juntan firmas para auditar las demoliciones
Desde hace un tiempo, la Asociación Civil Basta de Demoler, lleva adelante una recolección de firmas para aprobar una auditoria al organismo que permite las demoliciones del patrimonio arquitectónico porteño. Las firmas se reúnen mediante el siguiente link:
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