Falta de mérito a empresarios tucumanos acusados por delitos de lesa humanidad

La justicia federal de Tucumán dictó la falta de mérito a empresarios del Ingenio La Fronterita de esa provincia acusados por complicidad con el secuestro de 68 personas, 11 de las cuales permanecen desaparecidas, cometidos entre el Operativo Independencia de 1975 y 1979. Se trata de media docena de administradores y directores de la firma José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I. que controlaba la azucarera, y para dejarlos fuera de la causa el juez Daniel Bejas consideró que los acusados actuaron por temor. El fiscal Federal Pablo Camuña reveló la decisión judicial en su cuenta de Twitter y adelantó que el Ministerio Público Fiscal apelará el fallo.

La decisión del juez federal Daniel Bejas que benefició a acusados por delitos de lesa humanidad contradice las condenas a los directivos de la empresa automotriz Ford de diciembre pasado. En realidad, se inscribe en otra trama: la que benefició a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, del directorio del Ingenio Ledesma de Jujuy, que fueron beneficiados con falta de mérito por la Cámara Federal de Casación Penal.

La causa comenzó en abril del año pasado, cuando el fiscal federal Pablo Camuña, titular de la sede tucumana de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, solicitó al juez Bejas que indague y detenga con prisión preventiva a seis empresarios que estuvieron al mando del ingenio por considerarlos cómplices de los secuestros, torturas y desapariciones de obreros de la fábrica, familiares de ellos y vecinos de 68 personas.

Las víctimas son 44 trabajadores del ingenio, de los que 34 vivían en las colonias de la empresa. Buena parte de ellos integraba el Sindicato de Fábrica y Surco del Ingenio La Fronterita (SFSIF) afiliado a Fotia, y 51 estuvieron detenidos en el predio de la empresa antes de ser trasladados a otros centros clandestinos. Once de esas personas fueron torturadas y permanecen desaparecidas. Dos de ellos fueron localizados en el Pozo de Vargas.

El fiscal Camuña adelantó que el Ministerio Público Fiscal apelará la resolución de Bejas y criticó el fallo. “Para decidir a contramano de los avances en la materia (por ejemplo las recientes condenas en juicio Ford), el juez equiparó la situación de estos poderosos empresarios con la de las víctimas secuestradas en centros clandestinos de detención. Para él, actuaron por un temor insuperable”, explicó el fiscal en su cuenta de la red social.  

En 2018 la fiscalía federal acusó a los empresarios de La Fronterita porque consideró que se daba un “claro caso de complicidad civil/económica en crímenes de lesa humanidad”, similar a lo ocurrido en la planta de la empresa Ford de general Pacheco, donde los trabajadores fueron secuestrados y torturados en el quincho de la fábrica.

La acusación se originó por declaraciones de víctimas o familiares. El juicio por el “Operativo Independencia” permitió ampliar el conocimiento que se tenía respecto de estos presuntos hechos. El fiscal remarcó que en el expediente tucumano se presentaron más de un centenar de testimonios y miles de fojas de prueba.  

“El centro clandestino por el que pasaron las víctimas estaba en el mismo predio del Ingenio La Fronterita, y de hecho uno de los acusados vivía a 500 metros. Varias víctimas fueron secuestradas de su trabajo en el Ingenio o de las colonias de propiedad de la empresa…”, detalló.

A partir del Operativo Independencia, las fuerzas armadas instalaron en la zona el Puesto de Comando Táctico Adelantado, del que dependía la Fuerza de Tareas “Rayo”, a cargo del Destacamento de Caballería 140 de Salta y del Batallón de Ingenieros 141 de Santiago del Estero, que contaba con 260 hombres y tuvo su base de operaciones en terrenos privados de La Fronterita. El centro clandestino de detención fue instalado dentro de la empresa, en las viviendas que habían sido utilizadas por los trabajadores temporarios.

Al pedir la indagatoria y detención de los empresarios la Fiscalía sostuvo que en el tiempo en que funcionó un centro clandestino en sus planta, la empresa consiguió efectuar profundas reformas sin oposición del Sindicato que estaba diezmado por la represión: el secretario general hasta 1975 está desaparecido y quien lo sucedió fue secuestrado y torturado en la base militar que fue instalada en el Ingenio.

El beneficio de la empresa durante el terrorismo de Estado fue notorio. Según la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, realizada en conjunto por la Secretaría de Derechos Humanos, FLACSO y el CELS, la empresa redujo en 62% la planta laboral durante la dictadura y al mismo tiempo aumentó su producción en un 30,72% y obtuvo –favorecido por la gestión militar- otro Ingenio, el  Bella Vista.