La diputada libertaria celebró durante un programa de streaming expresiones referidas a las víctimas de los vuelos de la muerte que “reivindican al terrorismo de Estado”
“Con lo único que les va mal es con el agua. Cuando van a las marchas los bañan; si los tiran de los aviones, no saben nadar; y si se tiran por algún lado del sur también se ahogan”, señaló días atrás Gammariello durante una emisión del ciclo FDC del sitio Ánima digital.
El comentario intentaba trazar una analogía entre los militantes kirchneristas; el artesano Santiago Maldonado (muerto en 2017 como consecuencia de un operativo represivo de Gendarmería) y las víctimas de la última dictadura cívico militar que fueron arrojadas a las aguas del Río de Plata y el Océano Atlántico en aviones de la Armada.
La frase de este integrante del ecosistema libertario fue festejada en vivo por Lemoine y Sarubbi Benítez, un letrado de amplia actividad en la red social X, plataforma desde la cual lanza diatribas e insultos hacia personalidades y sectores opuestos a las políticas que instrumenta el Gobuerno del presidente Javier Milei.
El colectivo de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz estaba conformado por las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, María Ponce y Esther Ballestrino de Careaga; los familiares Angela Aguad, Remo Berardo, Julio Fondevila y Patricia Oviedo; los militantes políticos Horacio Elbert, Raquel Bulit y Daniel Horane y las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, todos ellos asesinados en acciones de terrorismo de Estado ejecutadas mediante los denominados vuelos de la muerte
Los familiares de estas víctimas conforman desde hace años un espacio que reivindica la memoria de estas personas que en diciembre de 1977 se congregaron para pedir información sobre el destino de los detenidos desaparecidos.
Este lunes, a las 10, presentarán una demanda penal contra los tres libertarios al considerar que cometieron “el delito de apología del crimen”, en base a los lineamientos contenidos en el artículo 213 del código Penal. Para los denunciantes, las expresiones se vertieron en un contexto “discriminatorio” como el que está expuesto en el artículo 2 de la ley 23.592
“Cómo es de público conocimiento nuestros familiares fueron secuestrados, torturados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y asesinados en uno de los vuelos de la muerte, el 14 de diciembre de 1977”, se indicó en una comunicado difundido por este espacio.
En ese sentido, aseguraron que la acción judicial que impulsan surge desde “el convencimiento que estos delitos deben ser sancionados con todo el rigor que permite la ley vigente”.
“Estas declaraciones constituyen una reivindicación del terrorismo de estado, de los crímenes de lesa humanidad y de sus ejecutores. Los invitamos a acompañarnos y a difundir esta demanda, para poner un límite a tanta impunidad y en defensa de nuestra democracia”, puntualizaron.
Esta demanda se suma a un pedido efectuado la semana pasada por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, quienes solicitaron que la Cámara de Diputados sancione la conducta de Lemoine con una expulsión del cuerpo legislativo.
El 8 de diciembre de 1977, represores de la Armada entre los que estaba el marino Alfredo Astiz, quien se había infiltrado en el grupo fingiendo ser un familiar de un desaparecido, secuestró a siete personas que se reunían habitualmente en esa Iglesia, entre ellas, dos Madres de Plaza de Mayo, familiares y militantes de derechos humanos.
Los encuentros en la Iglesia Santa Cruz tenían como finalidad la confección de una solicitada con la lista con los nombres de los detenidos desaparecidos durante los primeros dos años de la dictadura.
Ante testigos, el grupo de tareas 3.3.2 de la Armada secuestró ese día a las Madres Esther Careaga y Mabel Bianco, a la religiosa francesa Alice Domon, Angela Auad, Patricia Oviedo, Raquel Bulit y Gabriel Horane, y como parte del mismo operativo también secuestró esa mañana a Remo Berardo y por la tarde a Julio Fondovila y Horacio Elbert.
La solicitada fue publicada en el diario La Nación el 10 de diciembre de 1977 y ese mismo día el plan represivo se completó con los secuestros de la monja francesa Leonie Duquet y de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de De Vincenti.
Los 12 secuestrados, nombrados por los represores como el “grupo de la Iglesia Santa Cruz”, fueron trasladados al centro clandestino de detención, torturas y exterminio de la ESMA, torturados y arrojados vivos al mar en los llamados “vuelos de la muerte”.
Tiempo después, el mar devolvió cinco cuerpos en las costas bonaerenses de Santa Teresita y los cadáveres fueron sepultados como “NN” en el cementerio de General Lavalle.
En 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos pertenecientes a las monjas francesas Domon y Duquet, y los de las Madres fundadoras Azucena Villaflor, Esther Careaga y María Bianco.
Cuarenta años después, la justicia argentina dio por probado por primera vez la existencia de los “vuelos de la muerte” y condenó a prisión perpetua a Mario Daniel Arru, Alejandro Domingo D’Agostino, Francisco Armando Di Paola y Gonzalo Torres de Tolosa.
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