Familiares y víctimas marcharon contra la justicia federal de San Martín por las demoras en las causas de lesa humanidad

Acompañados por organismos de derechos humanos, organizaciones y sindicatos, familiares de víctimas y querellantes marcharon este martes al juzgado federal 2 de San Martín, que encabeza Alicia Vence, y a la Cámara Federal de San Martín ante la parálisis que sufren las investigaciones por crímenes de lesa humanidad sobre el terrorismo de Estado en Campo de Mayo y en la zona de defensa 4.

La movilización fue encabezada por un grupo de querellantes, quienes entregaron allí pedidos para ser recibidos por la jueza y los camaristas ante la «profunda preocupación” que les genera el retraso importante en el proceso de instrucción y las escasas citaciones a indagatorias. La presentación fue respaldad por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y  la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones.

El eje del reclamo es la falta de llamada a indagatoria de alrededor de 50 acusados por crímenes cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en la guarnición militar y en la zona que estaba bajo autoridad del Comando de Institutos Militares durante la última dictadura.

Los escritos entregados a la justicia fueron firmados por más de 60 querellantes y familiares, quienes solicitaron ser recibidos de manera personal y señalaron que las demoras en la citación a indagatoria de los responsables «ha generado que en estos años muchos de ellos fallecieron o quedaron excluidos del proceso judicial, obstruyendo así el derecho de las víctimas a obtener Justicia consagrado en nuestra Constitución y en la ley 27.372 (Ley de Víctimas)”.  

En los últimos años, la megacausa Campo de Mayo entró en un letargo inexplicable. Desde 2019, apenas 5 acusados fueron llamados a indagatoria, siendo uno de ellos Santiago Omar Riveros, recientemente fallecido, quien estaba imputado en todas las causas como máximo responsable del Comando de Institutos Militares.

Ese ritmo de 1 acusado indagado por año es realmente preocupante en causas tan voluminosas y complejas y que abordan delitos cometidos hace más de 40 años.

La investigación por los crímenes contra trabajadores de Mercedes Benz es un claro ejemplo de las dificultades para avanzar. La causa llevaba 8 años en el juzgado de Vence cuando finalmente hizo lugar al pedido insistente de las querellas para citar a indagatoria a Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de producción de la planta que la automotriz tenía en González Catán. Inmediatamente después, la jueza dictó su sobreseimiento por secuestros, tormentos y homicidios.

Esto pudo ser revertido después en la Cámara de San Martín pero, tras varios idas y vueltas, el empresario sólo quedó procesado por su responsabilidad en sólo 2 de los 17 hechos que se le imputaban originalmente. El juicio largamente demorado debe comenzar este año y sólo tendrá a Tasselkraut en el banquillo, ya que otro imputado, Rubén Pablo Cuevas, ex director de Asuntos Jurídicos de la automotriz, murió durante el proceso.

La causa por los crímenes contra 15 trabajadores de las empresas Cerámica Cattaneo y Porcelana Lozadur, que funcionaron en Villa Adelina, sufre el mismo problema. El expediente nació en 2014, a partir de las pruebas sobre la responsabilidad empresarial que surgieron en el juicio de Campo de Mayo denominado “Obreros de Zona Norte”. 

Recién el año pasado, la jueza comenzó a llamar a indagatorias a los directivos de Cattaneo y Lozadur, pero en el camino algunos de ellos murieron, al igual que sus víctimas y las familias de ellas que buscan justicia.