Familias enteras con diarreas y vómitos tras fumigaciones ilegales sobre comunidades chaqueñas

“En menos de 48 horas los cultivos se comenzaron a marchitar. Y se empezaron a notar los efectos sobre la salud: dolores de cabeza, mareos, vómitos, diarreas. En otros casos estos daños se advierten un poco más a largo plazo. El caso se conoce ahora por la repercusión que hubo ante la cantidad de personas afectadas en la salud y en sus chacras. Pero no es un hecho ni aislado ni nuevo”, dijo la abogada Alejandra Gómez, de la Red Popular Ramón Carrillo, sobre las fumigaciones aéreas que días atrás cayeron sobre habitantes de Presidencia Roca, en Chaco.

Aún se está relevando el número de personas afectadas y el grado de daño que sufrieron. Si bien trascendió que 700 personas debieron acudir al hospital, no hay registro oficial de ello pero no se descarta que el número sea ese. “Estas aplicaciones fueron entre el 21 y 23 de octubre. Algunos refieren que pudo haber sido hasta el 24. Tenemos denuncias anteriores en otras zonas del 12 de octubre y también las familias manifestaron sentir dolores de cabeza, mareos. No hay informes oficiales todavía en cuanto a la hospitalización. Las familias manifiestan que asistieron a consultas médicas, pero no refirieron internaciones”, detalló Gómez mientras continúa el relevamiento. Ella se contactó en forma directa con cinco familias con la salud afectada, todas con niños y niñas.

“Desconocemos qué productos se utilizan. Hasta la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia informó que se fumigó sin receta agronómica. Aparte de otros incumplimientos con los que habitualmente realiza estas aplicaciones la empresa, esos días los vecinos refieren que había vientos de una velocidad tal que no estaría permitida la fumigación aérea”, agregó Gómez.

La letrada, una de las coordinadoras de la Red Ramón Carrillo, contó que en general las personas no asocian sus síntomas a la exposición a los agrotóxicos. Pero, en este caso, la reacción sobre los cuerpos –y las plantas- fue más fuerte y más rápida que otras veces. “Esto se debe a la falta de información de nuestros pueblos en la zona donde se fumiga, de no estar advertidos de que estos síntomas pueden asociarse a intoxicaciones con agrotóxicos. Quizás ahora que esto ha trascendido puedan ir al médico y asociar los síntomas a esa exposición. Muchas veces los médicos tampoco toman estas patologías como registros de intoxicación y no las informan”, cuestionó.

Las fumigaciones aéreas en la zona –que vienen afectando a poblaciones qom de Pampa del Indio, pero que esta vez dañaron también a otros habitantes de la región periurbana- se intensifican cada año entre septiembre y noviembre. “Estos hechos se reiteran en cada campaña agrícola. Tal vez les aplican alguna sanción, tal vez la empresa regulariza algo, pero al siguiente año comete las mismas irregularidades”.

Gómez contó que, en el caso de Campo Nuevo y Campo Medina, las comunidades qom que tienen las denuncias más antiguas, en junio de este año presentaron una solicitud de amparo y medida cautelar porque ya con las fumigaciones de febrero y mayo “advertían que al inicio de esta nueva campaña la situación se iba a agravar. Está en trámite la acción judicial, pero ahora con esto estamos pidiendo el tratamiento urgente, porque se está cumpliendo lo advertido por las familias”.

La respuesta oficial y la cuestión empresarial

La provincia informó que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, a través del equipo de Fiscalización y la Brigada Operativa Ambiental (BOA) como organismo de aplicación y coordinación de la Ley 2.026 de Biocidas, realizó un trabajo de inspección y toma de muestras en campos de 35 productores de la zona de Presidencia Roca, “tras tomar conocimiento de denuncias por fumigaciones aéreas en estos lugares”. El comunicado oficial indicó que “fruto de dichas inspecciones, el resultado fue que dicha empresa (Marfra SA) realizó una fumigación aérea con vientos a una velocidad no permitida o habilitada para aplicación y sin receta agronómica”. Desde la BOA agregaron ante la consulta de Tiempo que se están enviando muestras a laboratorio y avanzando en el proceso administrativo y “si se constata la acción contraria a la ley, puede haber sanción consistente en la aplicación de multas”.

Además de Marfra, arrendataria del lugar, se apunta a la empresa Don Panos, propiedad de Unitec Agro, empresa del Grupo Eurnekian. “Son cuestiones que vienen hace un montón de tiempo. Se vienen violando las restricciones: la ley establece 1500 metros de distancia vía aérea de zonas donde haya población y 500 metros para fumigaciones vía terrestre. Pero se vienen violando sistemáticamente, no se les da aviso a los pobladores. Técnicamente la empresa debe hacerlo para que pongan a resguardo a sus animales y a las propias familias”, señaló la antropóloga Malena Castilla, quien trabaja hace más de una década con las comunidades de Pampa del Indio. Definió que la del mes pasado “fue una de las fumigaciones más brutales que hubo en el último tiempo, por la magnitud que alcanzó” y agregó que “el problema, más allá de las fumigaciones de ahora y del impacto directo en la salud, es que estas fumigaciones vienen hace años y se han detectado niveles de contaminación en el suelo, el agua y el aire. Hay estudios que lo demuestran”.

La antropóloga remarcó también que “se han financiado en los últimos años obras viales e hídricas de gran magnitud. Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial; obras viales de la ruta provincial 3 a través de la cual se accede a Pampa del Indio y Presidencia Roca, y se pavimentó hasta la puerta del campo de Don Panos. Paralelamente se establecieron obras hídricas, entre ellas un acueducto, una obra de riego importante hecha sobre esos campos. Llevan agua del río Bermejo a la zona, pero lo que dicen los habitantes es que el acceso de las comunidades y pequeños productores al agua es escaso e insuficiente, en cambio las obras sí alcanzan a las empresas. Entre ellas, Don Panos. Son obras ejecutadas por el gobierno provincial y el nacional. Ahí hay una relación”. Castilla concluyó que “no es un Estado ausente. Todo lo contrario. Está presente para abastecer las necesidades de un sector de la población en detrimento de otro: los habitantes locales y poblaciones indígenas”.