Familias relocalizadas de la Cuenca Matanza Riachuelo percibirán tarifa social

La resolución se encuentra dirigida a los grupos familiares urbanizados en el marco del Programa de Relocalización de Villas y Asentamientos.

Las familias que fueron relocalizadas dentro del área afectada por la Cuenca Matanza Riachuelo pasarán a percibir la tarifa social en el pago de los servicios públicos, según dispuso la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), a través de la resolución 71/2002 publicada en el Boletín Oficial. La misma se encuentra dirigida a las familias relocalizadas o urbanizadas en el marco del Programa de Relocalización de Villas y Asentamientos.

De acuerdo a la normativa, Acumar será la autoridad interjurisdiccional encargada de identificar a los beneficiarios, a través de su Dirección de Ordenamiento Territorial, que confeccionará e informará a los entes reguladores y empresas prestatarias según la jurisdicción que corresponda, el listado pertinente. Desde el fallo de julio de 2008 de la Corte Suprema que determina la responsabilidad del Estado Nacional, la provincia y la ciudad de Buenos Aires en materia de prevención y recomposición del daño ambiental existente en la Cuenca, se entregaron 5.806 soluciones habitacionales, mientras que 2.172 se encuentran en ejecución de acuerdo a datos de Acumar.

No obstante, se trata de menos de la mitad del Plan de Viviendas del organismo formulado en 2010, ya que aún restan 9.793 viviendas en formulación o sin gestión de las 17.771 totales. Una de las disposiciones del fallo de la Corte fue ordenar “la mejora de la calidad de vida” de los habitantes de la cuenca, además de ordenar la “recomposición del ambiente» de la misma.

La decisión de aplicar la tarifa social a las familias localizadas se da luego de un fallo en el último mes de diciembre del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón Número 2 que instó a los entes reguladores de gas, luz y agua “a incorporar de modo automático a los beneficiarios de las viviendas como beneficiarios de tarifa social”. La resolución judicial argumentó que la aplicación de la tarifa permitirá “evitar que, ante la falta de pago, las familias se vean obligadas a abandonar las viviendas para dirigirse nuevamente a los barrios de donde han llegado”.

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