Farc denuncia el asesinato de militantes ante la ONU

Representantes de las FARC, la exguerrilla reconvertida en partido político con presencia en el Congreso colombiano, denunciaron ante la ONU que desde la firma del acuerdo de paz fueron asesinados, a manos de grupos paramilitares en su mayoría, 76 exguerrilleros de la organización y 20 de sus familiares, a la vez que hay seis excombatientes desaparecidos. Esta crisis, que se suma a la matanza de casi 350 líderes sociales y políticos desde el 24 de noviembre de 2016, es causa directa de los incumplimientos en los puntos del acuerdo, tanto del gobierno saliente de Juan Manuel Santos como del iniciado por Iván Duque en agosto pasado, según expuso la excomandante guerrillera de las FARC, Victoria Sandino, y actual senadora, tras acudir a la ONU en Ginebra para alertar sobre la «desesperanza» en Colombia.

“Tenemos una preocupación enorme en el sentido de los incumplimientos. Estamos en un momento muy complejo, muy difícil de la implementación», dijo la legisladora tras reuniones que mantuvo a finales de la semana pasada con responsables de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A pesar de que Santos terminó la presidencia afirmando que dejaba un país «sin guerra», la ausencia estatal en sectores anteriormente ocupados por la guerrilla y la no puesta en marcha de proyectos productivos para los pobladores producen un caldo de cultivo para la acción de grupos paramilitares y narcos.

Aunque el acuerdo con las FARC redujo la intensidad del conflicto, la violencia continúa, especialmente en las zonas fronterizas, epicentros de diversos tráficos, en especial el de cocaína, del que Colombia es primer productor mundial según ratificó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc).

Para Sandino es una fase «de mucho escepticismo, de desesperanza incluso de la gente que más ha vivido el conflicto», los «ocho millones de colombianos que han sido desplazados de su territorio, despojados de sus tierras», señaló quien participó de la mesa negociadora del acuerdo de paz en la conversaciones en Cuba. El objetivo es «denunciar y visibilizar la situación de Derechos Humanos que hay en nuestro país», dijo.

En agosto pasado, el líder de FARC, Rodrigo Londoño, dirigió una nota formal al presidente Duque exigiendo el cumplimiento de los puntos salientes del acuerdo, en la idea de que sólo así podrá imponerse una paz definitiva. El gobierno, de hecho, aún no ha resuelto el avance de las negociaciones con el ELN, que Santos dejó inconclusas, y debe lidiar con supuestos disidentes de FARC que siguen operando, como el grupo que secuestró y asesinó a ecuatorianos en la frontera, liderado por «Guacho», a quien las Fuerzas Armadas colombianas aseguran haber herido en un reciente combate, aunque no lograron capturarlo.

Además, esta semana, un comando de supuestos disidentes asesinó a tres geólogos de la minera canadiense Continental Gold en el departamento de Antioquia en el noroeste colombiano.

Las víctimas fueron identificadas como Laura Alejandra Flórez Aguirre, Camilo Andrés Tirado Farak y Henry Mauricio Martínez Gómez, todos colombianos. Continental Gold, que tiene dos proyectos en desarrollo de metales preciosos en Colombia, denunció haber sufrido otro atentado el 6 de septiembre en el municipio de Buriticá, donde funciona su otro proyecto, en el que murió un trabajador y otro resultó herido. «