FARC protesta ante la ONU porque no se cumplen los acuerdos de paz en Colombia

Las FARC, ahora convertidas en partido político (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) irán a las Naciones Unidas a denunciar el incumplimiento de los acuerdos de paz con el gobierno colombiano, en el que el organismo internacional es uno de los encargados de verificar que todo lo firmado se plasmara en la realidad.

El anuncio lo hizo Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, luego de un encuentro con el presidente Juan Manuel Santos. El recamo es porque el Senado no aprobó el ingreso de 16 representantes de víctimas del conflicto armado, que fue uno de los puntos firmados en La Habana el año pasado tras trabajosas negociaciones durante cuatro años.

Esta instancia para una paz definitiva en Colombia viene trabada en el marco de un enfrentamiento cada vez más visible entre los sectores de la sociedad que apoyaron desde el inicio el proceso iniciado por Santos en setiembre de 2012 y los que quieren mantener el status bélico, encolumnados detrás del ex presidente Álvaro Uribe.

Al principio este proceso parecía una negociación complicada pero con un horizonte auspicioso, ya que contaba con el apoyo como garantes del proceso como los gobiernos de Cuba y Noruega y facilitadores como Venezuela y Chile. Y además estaban detrás los organismos regionales e internacionales batiendo sus parches por resolver ese conflicto que llevaba más de 50 años. Entre ellos está precisamente la ONU, que supervisó la dejación de armas de la guerrilla.

Pero cuando todo se encaminaba a un final feliz, el diablo metió la cola y el plebiscito convocado para el 2 de octubre de 2016 para refrendar en las urnas lo firmado por los representantes de las FARC y el presidente Santos, tuvo un primer barquinazo. Con apenas un 37,34% de participación, el NO al acuerdo ganó por 50,21% a 49,78.

Poca diferencia, pero suficiente como para que los uribistas sacaran pecho y desde entonces la derecha más cerril retomó posiciones en el debate ideológico en torno a la incorporación de los ex guerrilleros a la vida política, que era el objetivo final de todo.

Es decir, que la sociedad revuelva sus diferencias democráticamente y no por las armas. Para no tirar por la borda los cuatro años de negociaciones, se consensuó que el acuerdo –malherido tras el referéndum- fuera votado en el Congreso, cosa que finalmente se logró a principios de este año. Las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia cumplieron paso a paso todo lo convenido en La Habana, según destacó el equipo de supervisión de la ONU.

No así el estado colombiano.

Fueron 534 los activistas asesinados desde 2012 y la cifra no se detiene. Solo hasta agosto pasado cayeron 101 líderes sociales. Pero además, en el poder judicial fueron diluyéndose muchas de las cuestiones planteadas en la mesa de conversaciones. En el parlamento y la fiscalía se fue cambiado el alcance de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), un tribunal que debía obtener “Justicia, Verdad y No Repetición” llevando al banquillo cualquier tipo de delitos cometidos durante ese medio siglo de horrores. “Debía ser una justicia restaurativa como fundamento de la verdad detallada de lo sucedido y en tal sentido acceder a tratamientos especiales”.

Ahora, se quitó de ese fuero a civiles y paramilitares con lo que los ex guerrilleros y un puñado de militares quedarán como únicos responsables de todo lo que ocurrió.

El tema de los 16 escaños es el último tramo de esta regresión del proceso de paz. Se había aceptado en La Habana que fueran cargos parlamentarios para que tuvieran voz en el Senado las víctimas del conflicto de las regiones más afectadas. Para la derecha se opone porque arguye que entre ellos puede haber criminales y delincuentes.

Santos confiaba en que el Senado aprobaría sin más, o por lo menos con voto mayoritario, el ingreso de los 16 nuevos legisladores. Hace dos semanas la mitad de los legisladores votaron contra. El gobierno replicó elevó una queja ante un tribunal por el no cumplimiento de un acuerdo que habían aceptado meses antes. Un juez dio la razón al Ejecutivo peor el tema sigue trabado por chicanas del presidente de la Cámara Alta, Efraín Cepeda.

Según Cepeda, el gobierno perdió la votación porque no logró la mayoría ya que solo obtuvo 50 votos. «Los proyectos de este tipo deben ser aprobados por la mayoría absoluta y para este caso el quórum es de 102 senadores», especificó a los medios. El problema es que en realidad hay tres senadores que fueron separados de sus cargos por causas de corrupción.

Para el gobierno los senadores son, entonces, 99 y los 50 a favor son la mitad mas uno.

Mientras tanto se divulgan noticias de ataques atribuidos a disidentes de las FARC que mantienen la lucha armadas en diversos puntos del país. De alguna manera todos estos reveses dan la razón a quienes dentro de la guerrilla no quisieron entregar sus armas por temor a una nueva trampa de la dirigencia política colombiana. Recuerdan los casi 5000 ex guerrilleros asesinados de la Unión Patriótica en los 80.