FATE tramitó un preventivo de crisis con un balance de US$ 192 millones de ganancias

Fábrica Argentina de Telas Engomadas (FATE), la empresa liderada por Javier Madanes Quintanilla que, entre otras compañías, controla la metalúrgica Aluar, la hidroeléctrica Futaleufú y la constructora Infa, había presentado un recurso similar en 2019 bajo el gobierno de Mauricio Macri.

En aquel momento el recurso fue rechazado formalmente pero sirvió para que el gobierno concediera algunas prerrogativas como, por ejemplo, la eximición del pago de aportes patronales por un período de tiempo.

La compañía, entonces, había podido demostrar que su operatoria se encontraba en una situación deficitaria pero los trabajadores fundamentaron que la misma no se sustentaba en los costos laborales que representaban apenas el 10% de las erogaciones y que, las dificultades de la empresa, se originaban en el contexto macroeconómico y las políticas del gobierno. Además, explicaron que, a pesar de que FATE efectivamente se encontraba en una situación de crisis, el grupo económico contaba con la solvencia suficiente para absorber el impacto de la misma a partir de las holgadas ganancias de Aluar, Futaleufú e Infa.

Despidos para negociar

Ahora, luego de despedir a 97 trabajadores en mayo insistió con una nueva presentación el 1° de julio ante la Secretaría de Trabajo con el propósito de justificar la reducción de personal y, eventualmente, dar lugar a una negociación que, con ese marco, habilite indemnizaciones especiales y otros recursos que impliquen el incumplimiento de las condiciones que dicta el convenio.

Para eso, sin embargo, según la normativa vigente la autoridad ministerial solo puede dar lugar al requerimiento patronal luego del cumplimento de una serie de requisitos entre los cuales destaca la presentación de los balances de sus últimos tres ejercicios que necesariamente deben exhibir pérdidas.

Flojos de papeles

Lo curioso es que en esta oportunidad la misma empresa ofreció las pruebas que debieran dar como resultado un rechazo inapelable del recurso y la intimación de la cartera laboral a reincorporar a los trabajadores despedidos en forma injustificada.

Así lo denunció el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) que difundió un informe que, con el título de “La Gran Estafa”. Allí aseguran que el documento oficial presentado “deja ver sino los hilos las sogas del mago”.

Es que los números que presentó la empresa dan como resultado una importante rentabilidad para los años 2023, 2022 y 2021. Entre los tres ejercicios la compañía exhibe ganancias acumuladas por U$S 192.275.160,60 y, en ninguno de los tres ejercicios, puede mostrar una situación deficitaria.

A la vez, según lo difundido por el SUTNA, la rentabilidad de la misma resulta creciente en tanto en 2021 los beneficios superaron los U$S 23 millones, en 2022 los U$S 74 millones y en el último año rozan los U$S95 millones.

Con estos números resultará difícil para la compañía justificar un achique que la habilite a negociar indemnizaciones especiales o prerrogativas de algún tipo que le permitan eludir la normativa laboral vigente.

A la vez, el sindicato denuncia que la presentación del Preventivo de Crisis no se ajusta a lo establecido por la norma. El SUTNA denuncia que la empresa solo presentó los “Estados de Resultados que son solo una parte de los Estados Contables omitiendo intencionalmente: Estado de situación patrimonial, estado de evolución del patrimonio neto, el flujo de efectivo y todos los anexos del balance”. Adempas, destacan, “del listado de personal, faltan las respectivas fechas de ingreso, cargas de familia, especialidad y remuneración” que, remaracan, son “datos requeridos en forma obligatoria, que son fundamentales para poder realizar un correcto análisis”.

La versión patronal

Tiempo Argentino intentó comunicarse con Santiago Schap, gerente de la compañía y apoderado a cargo de la negociación en la cartera laboral. Él mismo eludió conversar con la prensa y derivó la consulta al sector de comunicación desde el cual aseguraron que “ningún vocero hablará sobre el tema” y que “la comunicación de la empresa se realiza a través de comunicados” que enviaron a este medio.

Allí aseguran que, luego de atravesar en 2019 “una crisis con recurrentes pérdidas y elevado endeudamiento” fueron capaces de “subsanarla” mediante “aporte de capital de sus principales accionistas”. De esa forma reconocen que, entre 2021 y 2023 pudieron “compensar temporalmente la pérdida de competitividad de los años previos y lograr una mejora en los resultados de la Compañía, después de cinco años consecutivos de fuertes pérdidas iniciadas en el año 2016”. Pero la empresa no puede desconocer que según la legislación vigente para tramitar un proceso Preventivo de Crisis el déficit debe plasmarse en los últimos tres ejercicios.

La compañía pretende fundamentar el procedimiento a partir de las expectativas del negocio en lo que parece más bien un reclamo al gobierno que una justificación para modificar la ecuación económica. “La persistente falta de competitividad en los costos, sumada a la brusca caída de la demanda interna (-30%), origina nuevamente fuertes pérdidas desde fines del año pasado. Sólo en los primeros seis meses de 2024 las operaciones de la compañía generaron una pérdida estimada de 30 millones de dólares”, aseguran sin demostrarlo.

La voz de los trabajadores

Del otro lado el SUTNA señaló en su comunicado que la empresa fundamenta su crisis “en variantes macroeconómicas en las que nada podemos intervenir los trabajadores” entre las cuales destacan la sobrecarga impositiva, las restricciones cambiarias, los sobrecostos para el pago de insumos del exterior y, entre otras, la reducción de los valores de los aranceles de importación de neumáticos del 35 al 16%. Por eso, para el sindicato, la compañía busca generar una situación de zozobra que le permita abrir una negociación con el gobierno mediante la cual pueda sino revertir las medidas de orden general, al menos acceder a beneficios particulares.

Es que, aseguran, “en una suerte de confesión” la empresa “define el escaso porcentaje de dinero que se destina a los trabajadores en la ecuación económica de producción”. Es que, el mismo documento del Proceso Preventivo de Crisis reconoce que “el costo de producción de FATE contiene un alto grado de productos dolarizados, que superan el 70%”. Dentro del 30 % restante, destaca el gremio, “se encuentran los sueldos de gerentes, capataces, tercerizadas, servicio de vigilancia, empleados de ventas, empleados de calidad, empleados de investigación, servicio médico, seguros y fletes, alquileres, servicios públicos, componentes metálicos, químicos y textiles nacionales, combustibles, servicios de limpieza, insumos de mantenimientos, publicidad, patentes”. Eso, aseguran, demuestra el costo laboral representa menos del 10% del total.

El secretario general del SUTNA Alejandro Crespo señaló a este diario que “la actuación de la patronal de FATE encabezada por Madanes Quintanilla es un hecho desvergonzado”. El dirigente denunció que “genera 97 despidos de trabajadores con gran antigüedad de los cuales algunos son tercera generación en la fábrica y han construido el holding económico”.

Crespo denunció que “es una empresa que siempre ha maniobrado para recibir beneficios. Ahora está especulando en la búsqueda de beneficios gubernamentales. Tramitan un Preventivo de Crisis sin tener condición para hacerlo con balances positivos y una enorme utilidad. Aluar vendió bonos por U$S 60 millones en forma inmediata lo que demuestra la solidez de su negocio. Es uno de los capitalistas que más ha ganado en 2024 y ahora amenaza con 280 despidos más”.

Para el dirigente “además de los despidos dice que pretende cambiar las condiciones de trabajo, imponiendo la flexibilización de los descansos y la quita de premios y adicionales. Es una provocación inaceptable. Los trabajadores del neumático nos preparamos para una fuerte lucha con grandes acciones tal como lo hemos hecho siempre. No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante semejante injusticia”.

La palabra ahora está en manos de la Secretaría de Trabajo que deberá dar lugar o rechazar el recurso presentado por la compañía.