Fernanda Vallejos: “La capitalización de empresas por parte del Estado es un mecanismo habitual”

La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos instaló en la agenda nacional y en el Congreso un debate que se está dando en distintos lugares del mundo, y que tiene que ver con que el Estado capitalice acciones de compañías en dificultades económicas a las que, en el marco de la pandemia, les pagó parte de los salarios de sus trabajadores y trabajadoras a través del programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Dentro del oficialismo, la idea de Vallejos –que todavía no fue plasmada en un proyecto de ley– ya cuenta con el apoyo del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien la calificó como “interesante”, ya que “es un tema que se está discutiendo a nivel mundial”. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, sumó su perspectiva: “Se necesitan más recursos y el Estado tiene que participar. Necesitamos un Estado que no ahogue al sector privado sino que lo promueva, inclusive que sea socio de los beneficios, no desde el lucro, sino desde la reinversión privada».

En las últimas horas, también se pronunciaron los legisladores del Frente de Todos Oscar Parrilli y Carlos Heller, así como también el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, y el CEO de Aluar y FATE, Javier Madanes Quintanilla. También expresaron su apoyo los Curas en Opción por los Pobres, a través de Eduardo de la Serna. En el ámbito político-partidario, la iniciativa entusiasmó al presidente del Partido Justicialista y diputado nacional José Luis Gioja, y los líderes sindicales Pablo Moyano (Camioneros) Hugo Yasky, y Pablo Miceli hicieron explícita su adhesión.

En el medio se desató una polémica al conocerse que con el beneficio otorgado por la Anses varios CEOS de grandes empresas cobraron su sueldo, mientras los trabajadores siguen con sus haberes en baja y numerosos sectores de la economía informal siguen sin acceder a beneficios. En la Cámara de Diputados, la oposición ya abrió el paraguas parlamentario al presentar un proyecto para frenar cualquier iniciativa de esas características, bajo el argumento de que ello atenta contra la propiedad privada. El proyecto lleva las firmas de Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Luis Petri Alfredo Cornejo y Roxana Reyes, entre otros.

Para conocer en profundidad de qué se trata la propuesta, Tiempo entrevistó a la titular de la comisión de Finanzas, quien resaltó la importancia que cobra el Estado en esta crisis: “El mundo está cambiando y nuestra responsabilidad como dirigentes políticos debe ser la de aportar elementos para que, a la salida de esta crisis, podamos parir un mundo más humano, más sustentable y una sociedad más justa”.

–¿Cuál es el detalle de la propuesta?

–La idea que expuse está inspirada en lo que ya están haciendo los Estados europeos. La capitalización de las empresas es un mecanismo habitual por el cual las empresas entregan acciones y obtienen, a cambio, capitales que, en este caso, serían aportados por el Estado.

–¿Qué porcentajes implicaría? ¿Qué experiencias históricas conoce?

–El porcentaje depende del valor de las acciones, por un lado, y del volumen de las ayudas, por el otro. En Argentina el Estado ya posee acciones de varias empresas que están en custodia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad FGS, desde que los fondos de los trabajadores fueron recuperados de las AFJP, cuando volvimos al sistema solidario de reparto.

–¿Cómo cree que se lo tomaría el sector empresarial?, ¿piensa que están dispuestos a cumplir en caso de ser ley?

–Por ahora, se trata de una idea, que estamos investigando, analizando, pensando cómo podría instrumentarse en la Argentina. Además del trabajo analítico, está el trabajo de construcción de consensos en torno a una propuesta donde la mirada de los empresarios es muy importante. Con algunos he conversado en estos días y ven la idea como algo razonable. En este sentido se han manifestado públicamente, por ejemplo, el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, el titular de Aluar, Javier Maddanes, o el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe.

–¿Cree que es una iniciativa que podría aprobarse en momentos donde se trabaja con proyectos consensuados?

–Una idea de estas características, si se plasmara, no implicaría ni una exigencia ni una obligación. Es simplemente un mecanismo de financiamiento, si las empresas quisieran acceder a capitales estatales tendrían disponible este instrumento, de la misma manera que podrían optar por fondearse con un préstamo bancario o en el mercado, con capitales privados.

–¿Cómo tomó las críticas de la oposición?

–En relación con las críticas, sinceramente me parece que, si atendemos a la gravedad de la situación que vivimos en nuestro país y en el mundo, con una crisis que no reconoce antecedentes en la historia del capitalismo, deberíamos aprovechar la oportunidad para elevar el nivel del debate público-político, aprender a disentir con argumentos, o a recepcionar otras ideas con la cabeza un poco más abierta. Porque el mundo está cambiando y nuestra responsabilidad como dirigentes políticos debe ser la de aportar elementos para que, a la salida de esta crisis, podamos parir un mundo más humano, más sustentable y una sociedad más justa.