Festejo doble como final de un año con avances y retrocesos en los juicios de lesa humanidad

La condena a 15 años de prisión para el expolicía federal Mario Sandoval por el secuestro y tormentos contra Hernán Abriata en la ESMA el 21 de diciembre fue el último veredicto por crímenes de lesa humanidad de 2022, año en el que finalizaron 24 juicios orales con más de 100 represores condenados.

Detrás de las cifras se pueden ver los avances y retrocesos de un proceso que lleva casi 300 debates en más de 16 años, con las primeras condenas en causas como vuelos de la muerte del Ejército y la Masacre de La Pastoril, pero una gran dificultad para juzgar al poder económico, demoras importantes del Poder Judicial y un otorgamiento masivo de domiciliarias o excarcelaciones.

La recuperación de la identidad de los nietos 131 y 132 de Abuelas de Plaza de Mayo en menos de una semana y apenas unos días después del Mundial de Fútbol permitió cerrar un 2022 a puro festejo. Los nuevos encuentros rompieron con más de tres años sin restituciones y renovaron la ilusión de Abuelas, que bridó por «un 2023 con más encuentros, con más verdades e identidades».

Paso lento

«Los juicios siguen avanzando a paso firme pero no a paso rápido. Las demoras en la realización de los juicios es algo que se viene arrastrando desde al menos 12 años atrás y no hay una respuesta integral. Juicios que terminaron este año, como Vesubio o Campo de Mayo, comenzaron antes de la pandemia. Venimos advirtiendo que no hay jueces, hay jueces y juezas subrogando en diferentes tribunales, lo cual hace que las audiencias sean muy esporádicas y de poco tiempo cada una», explicó en diálogo con Tiempo Sol Hourcade, coordinadora del equipo Memoria, Verdad y Justicia del CELS.

«La principal necesidad sigue siendo la celeridad», coincidió Pablo Llonto, querellante por familiares y sobrevivientes en varias causas, y añadió: «No pedimos aceleración de las causas como un privilegio, es una cuestión de lógica: son hechos que ocurrieron hace 46, 45, 44 años, son los juicios más antiguos del país y tienen que estar en el primer lugar de la fila porque no pueden esperar más, todos los años hay decenas de fallecidos, imputados, víctimas, testigos. Y son los juicios que sirven para consolidar la democracia, aquellos en los que la mayoría de la dirigencia política y de la sociedad están de acuerdo en que se hagan».

Llonto y Hourcade señalan la responsabilidad de la Corte Suprema en esta situación. La falta de compromiso del máximo tribunal con estas causas es evidente y la Comisión Interpoderes, un organismo clave durante muchos años para resolver estos problemas, tuvo dos reuniones en los últimos seis años y permanece paralizada desde 2020.

En este panorama de malas noticias, la abogada del CELS destacó dos fallos de la Corte de este año que fueron importantes: el que revocó la absolución al empresario Marcos Levin, de La Veloz del Norte, quien había sido beneficiado por la Cámara de Casación Penal en 2017, y el de la causa Martel, de San Juan, el primer pronunciamiento de la Corte sobre delitos contra la integridad sexual cometidos durante el terrorismo de Estado.

Llonto señaló entre los mayores avances «las condenas por hechos y centros clandestinos que llevaban muchas décadas de impunidad», como el juicio por Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo, en el que se obtuvo la primera condena por esa práctica en el Ejército, y los debates Comisaría de Ramos Mejía, Regimiento 6 de Mercedes y Mascare de la Quinta La Pastoril, que juzgó uno de los primeros hechos de la dictadura.

Otro hito de este año fue el primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el genocidio indígena con el juicio por la verdad de la Masacre de Napalpí, cometida en 1924 en Chaco. El veredicto, que llegó casi 100 años después de los hechos, ordenó medidas reparatorias y abrió la puerta para que se investiguen otras causas similares, como la masacre de Rincón Bomba de 1947 y los fusilamientos de la Patagonia Rebelde en 1921 y 1922.

Responsabilidad empresarial

El juzgamiento de empresarios y civiles sigue siendo la gran deuda y muestra la resistencia de algunos sectores del Poder Judicial. La condena a los exgerentes de Ford Pedro Müller y Héctor Sibilla de 2018 es la única firme hasta el momento.

La imposibilidad de llevar al banquillo al dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, por su responsabilidad en la represión a trabajadores y sus familias es paradigmática y aún hoy no se sabe si será apartado por problemas de salud luego de que fuera beneficiado durante ocho años por la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema. Otro paso atrás fue la absolución por parte del TOF 6 de CABA de Juan Alfredo Etchebarne, titular de la Comisión Nacional de Valores durante la dictadura, quien encabezó la persecución a las empresas Chavanne y Siderúrgicas Grassi por «subversión económica».

Por otro lado, se logró el procesamiento del exgerente de Mercedes Benz Juan Tasselkraut por el secuestro de obreros de Mercedes Benz y se espera que pronto comiencen dos juicios importantes por los crímenes de Acindar en Villa Constitución y del Ingenio La Fronterita en Tucumán.

Archivos

Un reclamo histórico del movimiento de Derechos Humanos es la apertura de los archivos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El acceso a esos archivos, que pueden producir pruebas valiosas para las causas por crímenes de lesa humanidad, sigue siendo secreto y está bajo control de las fuerzas. En los últimos años se rearmaron los equipos del Ministerio de Defensa que trabajan en esos archivos y que habían sido reducidos por el macrismo pero en Seguridad no se volvió a constituir. Otro espacio estratégico que sigue sin funcionar es la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura, que fue aprobada en diciembre de 2015 y nunca fue constituida. «