«Ficha limpia», campaña sucia

El próximo martes 6, a cinco días de las PASO, Cambiemos reabrirá la Cámara de Diputados para tratar una norma que proscribe candidatos con condenas judiciales pendientes, también conocida como «Ley de Ficha Limpia».

El proyecto lleva tiempo en los cajones del Congreso, pero la convocatoria al plenario de comisiones de Justicia y Asuntos constitucionales se realizó la semana pasada. Para ponerle sazón al show que viene, a última hora el diputado oficialista Luis Petri sumó al temario un nuevo proyecto que endurece las condiciones de proscripción respecto al texto que ya estaba en tratamiento.

El radical propone un sistema escalonado que inhabilite candidaturas ante la sola condena en primera instancia por delitos contra la administración pública o algún otro crimen doloso. Es decir: la proscripción se aplicaría sobre personas sin sentencia firme.

No hay que ser muy sagaz para observar que la intención oficial es dar un golpe de efecto en la previa electoral. Aunque resulte insólito -Mauricio es Macri, primogénito de un clan enriquecido bajo sospecha-, el macrismo enarbola la “lucha anticorrupción” como un de sus activos proselitistas. “No está nada mal tratar el proyecto ahora, y si a alguien le parece que forma parte de la campaña, está en su derecho de opinar lo que se le dé la gana” dijo el legislador Pablo Tonelli, a modo de confesión.

El propio Tonelli -uno de los operadores judiciales más activos del macrismo- iniciará el montaje mañana, entregando una planilla con presuntas 250 mil firmas de ciudadanos que “piden” el tratamiento de la norma. La autenticidad del documento -que busca forzar a la oposición para que de quórum en el plenario- es incomprobable, como buena parte de las acusaciones que se usan como insumo de operaciones políticas en los tribunales federales de Comodoro Py.

Estremece imaginar lo que podrían hacer personajes como el juez Claudio Bonadio -de enemistad manifiesta con la líder opositora Cristina Fernández- o el fiscal Carlos Stornelli -involucrado en una oscura trama de espionaje ilegal- con un instrumento como el que promueve el oficialismo. Como indicio, basta mirar lo que ocurrió en Brasil, donde un comando conjunto de jueces y fiscales se sirvió de pruebas amañadas y una ley de «ficha limpia» para proscribir a Lula da Silva.

Quienes crean que en Brasil funcionó el sistema republicano porque hubo varias instancias de condena antes de formalizar la proscripción, pueden repasar las revelaciones del periodista inglés Glenn Greenwald, quien expuso más de mil comunicaciones que detallan cómo se manipuló la prisión de Lula para excluirlo de la carrera electoral. Esa evidencia se complementa con «Al filo de la democracia», el estremecedor documental de Petra Costa que expone el sistema paraestatal de poder detrás del Lawfare (guerra sucia judicial) que se aplica en Brasil y el resto de la región a partir de casos como el Lava Jato.

¿Los jueces y fiscales argentinos garantizan una aplicación justa de las normas? ¿Fallan según las leyes o, a semejanza de sus colegas brasileños, operan a gusto del poder económico, la embajada de los Estados Unidos o los medios tradicionales de comunicación?

Una respuesta sincera a estas preguntas explica por qué la llamada ley de «ficha limpia», en caso de ser algo más que una cortina de humo, implica una seria amenaza para el Estado de Derecho y la democracia en la Argentina.

Total normalidad.