El Sistema de negocios y negociados con contratos públicos nació antes que el kirchnerismo. Pero los gobiernos de Néstor y Cristina lo adoptaron y alimentaron con personajes como José López, Ricardo Jaime y otros miembros clave de su estructura de poder.
La excusa con la que se busca justificar esa «mordida» tampoco es original: «Para hacer política se necesita plata» es el nuevo «Hay que hacer caja» que los funcionarios alfonsinistas le replicaban al fiscal Ricardo Molinas cuando los denunciaba, o el «Robo para la corona» que Horacio Verbitsky le adjudicó al ministro menemista José Luis Manzano. Es cierto: la democracia argentina aún debe resolver el financiamiento de la política, un pozo ciego tapado de hipocresía transversal. Pero el pretexto resulta tan infame como la acción: robar en nombre de la política destruye la fe en la política como herramienta de transformación y allana el camino a los tecnócratas que ejecutan planes de hambre e inequidad.
Aunque abundan las muestras de indignación, la dirigencia de los partidos mayoritarios y los principales empresarios, claro no están interesados en abordar seriamente el asunto. Se entiende: la mayoría se pasó la vida chapoteando en esa ciénaga. Y un verdadero mani pulite provocaría un sismo que no dejaría casi nada y a casi nadie en pie. Esa es la carta que juega la defensa K cuando recuerda que Mauricio Macri, su familia y su entorno acumularon fortunas gracias al Sistema que ahora dice aborrecer.
El Sistema necesita tirar lastres como López para seguir a flote, pero también debe hacer control de daños y evitar ondas expansivas. Eso explica por qué el Gobierno, conformado por gente que saltó de un lado al otro del mostrador, dedicó sus primeros meses de vida a devolverle al Sistema sus cotos y cuotas de poder formal.
El 15 de diciembre pasado, a cinco días de la asunción de Macri, Daniel Angelici impulsó al abogado Darío Richarte como vicepresidente 3° de Boca. Se formalizó así una dupla que tiene historia y presente común: ambos poseen raíz radical, son ahijados políticos de Enrique «Coti» Nosiglia referente ineludible del Sistema y sus dominios se extienden a rincones inhóspitos del Poder Judicial, el espionaje y las fuerzas de seguridad.
Además de colocar leales en puestos clave poseen ministros, secretarios y directores en Nación, Provincia y Ciudad, la dupla recobró control sobre la caja de la ex SIDE a través de un decreto presidencial que restituyó el secreto sobre el presupuesto de inteligencia. Y está a un paso de recuperar algo mucho más preciado aún: el monopolio de las escuchas telefónicas, una herramienta efectiva de disciplinamiento y extorsión.
La avanzada provocó el alerta de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) integrado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), que emitió un durísimo documento donde se advierte: «La gestión deficiente y sin voluntad de cambio en la AFI impidió llevar a cabo las reformas organizacionales y de las prácticas que proclamaba el decreto reglamentario. Pero restablecer el régimen precedente que llevó a la crisis del sistema y volver a fojas cero los avances logrados está lejos de ser la mejor opción.»
Ex segundo de la SIDE delarruista, Richarte monitorea la restauración predemocrática en el aparato de inteligencia local a través de Juan José Gallea, un ex funcionario de La Casa que volvió a las oficinas de 25 de Mayo bajo la nueva gestión PRO.
Richarte fue parte del aparato que el Sistema puso al servicio de los gobiernos K. La relación se resquebrajó con el intento de «democratización judicial», y se terminó de romper cuando CFK decidió expulsar al espía Jaime Stiuso de la ex SIDE. La evidencia más visible de esa ruptura fue, precisamente, la retirada del Estudio Richarte de la defensa penal de funcionarios kirchneristas. Uno de los abandonados fue José López, el hombre que, de la noche a la mañana, se convirtió en un polvorín. Qué, quién y cómo lo detonaron es un misterio que alimenta teorías sobre el operativo de detención. «¿Quién podía conocer mejor las debilidades y vulnerabilidades de López que sus consejeros?», sugieren los responsables de un expediente que reuperó oxígeno después de ocho años de inanición. Y le otorgó aire político al Gobierno, justo cuando comenzaba a mostrar signos de ahogo.
Esa sospecha, sin embargo, no modifica lo esencial: si a López le hicieron una «cama», el mismo López la provocó con una fortuna obscena, de origen incierto y difícil de justificar.
En la Argentina se volvió rutina que al final de cada mandato los funcionarios desfilen por los tribunales. No ocurre lo mismo con los empresarios que se beneficiaron con la corrupción. El Sistema los protege. Le sobran recursos económicos y humanos para hacerlo. El Sistema distribuye porcentajes de la corrupción entre lobbistas, financistas, juristas y medios de comunicación. El kirchnerismo construyó masa crítica para terminar con eso. No lo hizo. Pretendió usarlo a su favor. Y ahora paga las consecuencias.
Nobleza obliga: Richarte ejercía influencia decisiva en el Grupo 23, que fundó y publicó Tiempo, y cuya cabeza visible fue Sergio Szpolski. Ese vínculo con el poder real explica por qué, aun habiendo perpetrado una estafa tan notoria como la de López, Szpolski y sus socios disfrutan de impunidad, y lograron reinsertarse rápido en la nueva estructura de gobierno. No es extraño. El Sistema es experto en adaptarse, sobrevivir y ganar. Esté quien esté. Y caiga quien caiga.
