Un grupo internacional de letrados creado a instancias del Grupo de Puebla pidió una medida cautelar que garantice la vida de los funcionarios y dirigentes perseguidos. También exige que se asegure los derechos políticos de todos los bolivianos de cara a las próximas elecciones, en particular los del ex presidente para que pueda presentarse como candidato si así lo desea.
El documento lleva la firma de un grupo de especialistas en derecho internacional de larga trayectoria en materia de derechos humanos encabezados por el ex juez español Baltazar Garzón, quien fuera determinante en el proceso de reapertura de los juicios a los militares argentinos responsables de delitos de lesa humanidad al habilitar su juzgamiento universalmente. También están Damián Loreti, integrante de la Comisión Directiva del CELS e impulsor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; las abogadas brasileñas Gisele Ribocom y Caroline Proner; la ecuatoriana Adoración Guamán; y el paraguayo Emilio Camacho Paredes, entre otros.
Las medidas cautelares están contempladas en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH y están relacionadas con “situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano”. Condiciones estas que se configuran en el escenario boliviano, tal como se desprende de todas las pruebas reunidas en el documento presentado. Su aplicación es inmediato porque precisamente pretenden que una intervención anticipada “evite que se materialice la vulneración al concreto derecho protegido por el Sistema Interamericano”, tal como se detalla en el escrito.
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