El martes, el Tribunal Oral Federal I de San Martín emitirá el veredicto en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores de esa automotriz.
«En el juicio quedó acreditado que directivos y empleados jerárquicos de Ford, que van más allá de Müller y de Sibila pero que los incluye, tomaron decisiones e hicieron aportes para que se pudiera secuestrar a los 24 trabajadores y para que les apliquen tormentos», dice antes del veredicto la abogada Elizabeth Gómez Alcorta.
Junto a su par Tomás Ojea Quintana llevaron adelante la querella en representación de los trabajadores secuestrados y torturados entre marzo y mayo de 1976, y pidieron 25 años de prisión para los tres acusados. Los fiscales Jorge Auat y Ángeles Ramos y las querellas de las secretarías de Derechos Humanos de provincia y Nación pidieron la misma pena.
Después de que hablen los acusados, los jueces Diego Barroetaveña, Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta dictarán su veredicto.
El juicio comenzó en diciembre del año pasado y, para las querellas, a lo largo del debate oral quedó probado que la Ford Motors contribuyó con el Ejército para que se lleven a cabo los secuestros y torturas de sus trabajadores. Entre otros, esos aportes fueron:
-La confección de las listas de los trabajadores que debían ser secuestrados;
-La entrega de los legajos personales y las fichas de la Ford que tenían la fotografía de los trabajadores, a las fuerzas militares;
-La habilitación y el acceso para que los militares ingresen, ocupen y se trasladen dentro de la fábrica;
-La cesión del quincho para la ocupación militar y para su utilización como un centro clandestino de detención y tortura;
-La provisión de comida para las fuerzas militares que estaban apostadas en el lugar;
-Cedieron camionetas de la propia empresa para que las fuerzas militares pudieran llevar adelante los secuestros de los trabajadores que estaban dentro de la planta.
«Hubo una decisión de los mandos jerárquicos más altos, de poner la estructura de la empresa al servicio para que coordinadamente con las fuerzas militares, llevaran a cabo las detenciones de estas 24 personas para ser torturadas», resumió Gómez Alcorta a Tiempo.
Los acusados
El juicio por los secuestros de 24 trabajadores de la Ford Motors y las torturas de 17 de ellos en el quincho que estaba dentro de la planta de General Pacheco, es el primero que aborda la responsabilidad de directivos o empleados en puestos jerárquicos, que pese a no estar en la sala de tortura, como el caso del empresario Marco Levin, aportaron y contribuyeron para que esos crímenes de lesa humanidad se produjeran.
Müller, era el segundo de la empresa y el jefe de seguridad, que se retiró en 1987, pasó a ser –según reveló Horacio Verbitsky– empleado de seguridad en la Embajada de Estados Unidos. Pero además, en el debate se conocieron otros responsables que murieron impunes, como Nicolás Courard, expresidente de la empresa y Guillermo Galarraga, exgerente de Relaciones Laborales. También en las audiencias surgió el nombre de Uriel Santiago O’Farrell, un abogado de un reconocido estudio que tuvo participación en la vida y las decisiones de la empresa.
El único militar acusado es el represor Santiago Omar Riveros, quien estuvo a cargo del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo y también era jefe de la Zona de Defensa IV. El militar que interrogó a la mayoría de los trabajadores secuestrados fue Antonio Francisco Molinari, pero falleció antes del inicio del debate.
Responsabilidad empresarial
El juicio, conocido como Causa Ford, es histórico. “Lo entendemos en el marco de lo que implica la responsabilidad empresarial, el disciplinamiento de los trabajadores, la implicancia que tenía vaciar y romper la organización de los delegados de base, y el impacto que eso tenía en la productividad», opinó Gómez Alcorta.
La sentencia será la primera en evaluar la responsabilidad empresarial con la dictadura. Y llega, advierte la abogada, en un momento de retroceso en materia de Derechos Humanos. En esa dirección, Maximiliano Chichizola, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, apuntó que en la disputa por el sentido, condenar a una multinacional por su participación en delitos de lesa humanidad ayudará a la comprensión del terrorismo de Estado en su dimensión más completa: «La persecución de los trabajadores tuvo como objetivo favorecer intereses económicos», dijo.
Para Gómez Alcorta, juzgar una multinacional implica tocar núcleos de poder actuales y contemporáneos. «El mensaje que se va a dar en caso de una sentencia condenatoria, es que estés donde estés, en cualquier núcleo de poder, la Justicia te va a llegar si sos responsable en graves crímenes”.
El martes, en la sala de audiencias del TOF 1 de San Martín, en Pueyrredón 3728, los jueces tendrán la última palabra. «
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