Formosa: la tensión entre las políticas sanitarias y los Derechos Humanos

“Formosa ha ido implementando estrategias que tienen un impacto positivo. Es la que ha tenido menos muertes y casos. Desde ese punto de vista, la política sanitaria es buena”, dijo Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, consultada sobre la provincia que quedó en el centro de la polémica a partir de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en los centros de aislamiento para casos sospechosos de Covid 19. Esas denuncias sobre hacinamiento y maltratos motivaron la visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quien dio cuenta de “una serie de hechos aislados que generaron el repudio de personas que vieron vulnerada su libertad”, aunque negó la existencia de “crímenes de lesa humanidad, centros clandestinos de detención o desaparición forzada”. “Con la historia que tiene nuestro país, no podemos banalizar términos como estos”, dijo en relación a planteos de la oposición en ese sentido.

“Sigo sosteniendo que son centros clandestinos de detención y son violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Porque lo clandestino es lo oculto, no dónde están sino lo que está pasando en las escuelas. Estos delitos de lesa humanidad se vienen sosteniendo desde el tema de los varados (en el límite provincial), con un autoritarismo abusivo”, cuestionó Gabriela Neme, concejala del peronismo disidente y una de las dos detenidas durante una protesta, la semana pasada, ante una escuela que funciona como centro sanitario.

Antes de la conferencia de prensa de Pietragalla, Neme se reunió con él durante más de una hora. Ese encuentro la dejó conforme. La conferencia, no. “Allí mostró mucha empatía, interés, escucha. Le dimos los informes, le mostramos por qué eran delitos de derechos humanos. Se mostró sorprendido en algunos aspectos”, contó Neme a Tiempo. Y remarcó que Pietragalla se emocionó con el testimonio de  Silvana Quevedo, una docente que estuvo aislada en ese centro. “Le ofreció asistencia del Centro Ulloa (para ‘víctimas de delitos de lesa humanidad, violencia institucional y situaciones de tragedia’). En los hechos, hay mucho más que el discurso que dio”, contrastó la concejala.

En la conferencia, el secretario anunció que en base a la información recabada durante la visita –en reuniones con los distintos actores y recorridas por los centros de aislamiento– darán “recomendaciones” a la provincia. También informó sobre la firma de un convenio para que la Secretaría dé una capacitación a las fuerzas de seguridad. En tanto, una delegación de diputados de Juntos por el Cambio viajará a Formosa la próxima semana, para hacer su propio monitoreo.

«Cuando vi a las concejalas detenidas, me comuniqué con la provincia. Repudiable al mango», agregó Pietragalla tras la conferencia en declaraciones al programa radial Pasaron Cosas. “En Formosa detectamos violencia institucional», definió, pero agregó que «está claro que hay oportunismo político en las denuncias”. Destacó que no fue el único lugar donde se dieron hechos semejantes: «Recibimos denuncias de Jujuy de gente durmiendo en el piso en centros de aislamiento, pero no hicimos campañas mediáticas», y “de gente aislada en hoteles de la Ciudad de Buenos Aires porque no la dejaban salir”. Concluyó que “en todo el país hubo medidas que restringieron las libertades individuales. Estamos en un momento de excepción».

Desde Amnistía Internacional siguen alertas tras la visita del funcionario a la provincia gobernada por Gildo Insfrán, “porque hasta ahora desde la Secretaría no terminaron de definir qué van a hacer. Dijeron que habrá capacitación y mostraron preocupación, pero estamos denunciando detenciones arbitrarias y contactos estrechos expuestos a contagios. Nos preocupa que el gobierno provincial siga reconociendo su política sanitaria como exitosa: si tenés un número de muertes lamentable pero reducido, lo que dice el derecho internacional es que las políticas de restricción a la libertad de circulación no lleguen a los extremos que llegaron, y menos de forma compulsiva. Es desproporcionado”, explicó a este diario Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía.

Según García Rey, tras el anuncio de la visita de Pietragalla, “empezaron a acelerar algunos cambios, como el desalojo de uno de los centros más cuestionados: el Estadio Cincuentenario. Celebramos que haya habido liberaciones, pero la forma y que haya muchas personas aún alojadas en las mismas condiciones, y sin anuncios sobre una política diferenciada en materia sanitaria, siguen mostrando la urgencia de apelar a mecanismos internacionales. Si la Secretaría no está a la altura de canalizar las denuncias que recibió, nos quedan sólo alternativas de afuera”. Anticipó que preparan presentaciones ante distintos relatores del sistema de la ONU.