Se trata de Aída Ayala, quien está acusada de haber sido clave en un negociado entre una empresa supuestamente suya y la Municipalidad de Resistencia, cuando era intendenta. Ayala pidió que le quiten los fueros.
La ex intendenta de Resistencia fue denunciada por un supuesto negociado con los contratos de la recolección de residuos en la capital chaqueña. El representante del Ministerio Público Patricio Sabadini sostuvo que Ayala integró «un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios”.
Contó para ello con la colaboración, según la imputación, del empleado municipal y dirigente sindical Sampayo, quien terminó siendo parte del negociado, perpetrado a través de la firma PIMP S.A., una suerte de muñeca mamushka, cuya disección conducía a la jefa comunal y su aliado gremial.
PIMP tenía un único cliente: la Municipalidad de Resistencia. Se conformó apenas días antes del llamado a licitación que terminó ganando pese a su nulo palmarés para ello. En su estructura societaria figuraban “nombres interpuestos”, es decir prestanombres o testaferros que disimulaban a los verdaderos propietarios. Y se aseguraron ingresos que excedían largamente la gestión.
Según la investigación, “la vinculación de la gestión de la ex intendenta Aida Ayala con este hecho, especialmente en lo que respecta a la empresa PIMP, no es ajena sino, más bien, clave”.
En febrero del año 2014, durante su gestión, se inicia el proceso de licitación en el que finalmente resulta adjudicataria la firma PIMP SA. Dicho proceso estuvo rodeado de evidente irregularidad, que van desde un llamado a licitación hecho a medida, hasta la adjudicación a la única oferente PIMP SA, una firma también armada a medida y de la que se sospecha que Ayala es socia encubierta.
Desafuero
En mayo de este año, Cambiemos resolvió levantar la reunión de comisión de Asuntos Constitucionales y así demorar el trámite de desafuero pedido para la diputada. La comisión estaba citada pero su presidente, Pablo Tonelli (Pro), decidió levantar la reunión “hasta que se defina la situación judicial” de la legisladora.
“La situación judicial de Ayala está indefinida. Por lo tanto, hasta que no se defina, no tiene sentido dictaminar acerca del desafuero”, había explicado en su momento Tonelli a parlamentario.com. El oficialismo todavía no se pronunció ante el fallo de esta semana.
A pesar de esto, la propia Ayala emitió un comunicado en la tarde del viernes en la que le pide a sus compañeros de bancada que le suspendan los fueros: «Entiendo que la sentencia es groseramente arbitraria, no apoyándose en ninguna constancia de la causa. Oportunamente interpondré los recursos que correspondan para que sea modificada. No obstante, con el propósito de cumplir el compromiso político que me une con la gente que represento y lo que ha sido una práctica en mi vida política, manifiesto públicamente que, solicitaré a mis pares en la Cámara de Diputados de la Nación, que resuelvan de inmediato la suspensión de mis fueros y me permitan ponerme a disposición de la Justicia. No me escudaré en los fueros parlamentarios, esclareceré los hechos y mi falta de responsabilidad en el lugar que corresponde: los tribunales de Justicia».
Por su parte, el jefe de Bloque de Diputados y Diputadas Nacionales FPV-PJ, Agustín Rossi, había cuestionado la decisión del bloque oficialista y su doble moral, al comparar la situación con el tratamiento express que tuvo el caso de Julio De Vido.
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