Fuero laboral PRO: qué se esconde detrás de la nueva Justicia de trabajo porteña

Jorge Macri inició su gobierno enviando un proyecto de Ley para crear el “Fuero Laboral PRO” que, tras pocos meses de debate, fue aprobado recientemente con apenas 31 votos afirmativos, 25 negativos, y 2 abstenciones.

Más allá de las bondades con las que el gobierno macrista vende a su propia Justicia de trabajo ¿qué se esconde detrás de esta iniciativa? Tiempo dialogó con gremios y abogados laboralistas que critican fuertemente el flamante “Fuero Laboral PRO”.

“Lo primero que hay que destacar es el contexto en que esto tiene lugar. Precedido por presiones del gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia, no puede desligarse de una prédica constante de grupos económicos, medios de comunicación a su medida, y sectores políticos afines, que han venido demonizando a la Justicia Nacional del Trabajo por hacer lo que la ley y la Constitución le demanda: proteger el trabajo y los trabajadores”, explicó a Tiempo Guillermo Gianibelli, abogado laboralista y profesor titular de Derecho del Trabajo en la UBA.

Para el especialista, este nuevo fuero laboral tiene por objetivo desactivar aunque sea parcialmente la Justicia Nacional del Trabajo. Argumenta que más allá de las cuestiones de orden constitucional acerca del alcance de las facultades de la ciudad, no se entiende por qué desarticular un sistema judicial como el laboral, sin suficientes garantías de organización, funcionamiento, celeridad, que sean aptos para sustituirlo.

“Se suman otras cuestiones como las atribuciones ‘federales’ de la Cámara Nacional del Trabajo, en materias como asociaciones sindicales, resoluciones de la autoridad administrativa del trabajo, etc., que no pueden ser asumidas por una Justicia local”, termina Gianibelli.

Desde el GCBA, argumentan que la reforma constitucional de 1994 le otorgó a la Ciudad un nuevo status constitucional, “con facultades propias de legislación y jurisdicción, pero no todos los convenios de transferencia se concretaron”. En ese sentido, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, declaró en cada una de sus intervenciones: “La puesta en funcionamiento del fuero laboral es un gran paso hacia la consolidación de la autonomía de la Ciudad, que es una deuda pendiente que tenemos con todos los porteños”.

Perspectiva Político-Jurídica

Para Natalia Salvo, abogada laboralista, docente universitaria y Presidenta de la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de Julio; a nivel procesal, el nuevo código establecido tiene algunas cuestiones y situaciones a destacar, sobre todo en lo que refiere a los conflictos colectivos, respecto a cuál es el fuero que se aplica según el convenio colectivo de trabajo.

“Pero fundamentalmente la perspectiva a analizar es político-jurídica. ¿Por qué digo esto? Porque el Fuero de la Ciudad de Buenos Aires, principalmente el Tribunal Superior de Justicia, está integrado en su mayoría, con miembros que fueron, muchos de ellos, partícipes directos e indirectos de la Mesa Judicial de Macri. Ese es el motivo por el cual quieren hacer el traspaso, más allá de las cuestiones jurídicas”, analizó Salvo en diálogo con este medio.

“La perspectiva político-jurídica es la más importante para analizar, porque desde este entendimiento se puede comprender el motivo por el cual generan un nuevo fuero para que la Instancia Superior sea el Tribunal Superior de Justicia y no lo que estaba sucediendo hasta ahora, que es, obviamente, el Foro Nacional del Trabajo, la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, eventualmente, y la Corte Suprema de Justicia”; suma Salvo.

Por último, la abogada laboralista recuerda que existe un dictamen del procurador Eduardo Casal “que establece que esto viola la Ley de Competencias o viola la legislación vigente respecto de las competencias porque le corresponde al Foro Nacional del Trabajo, según la Ley 18.345, y la competencia material y territorial entre el 21 y el 24 de esa ley, que está establecida para la Justicia Nacional del Trabajo. Esto no puede ser sorteado por una Ley”.

Rechazo sindical

Desde la CTA Autónoma, argumentan que “la Ciudad no es una Provincia” y consideran que la creación de la Justicia laboral de CABA es inconstitucional, porque la Constitución en su artículo 75 expresa que le corresponde al Congreso dictar los códigos de fondo y que solo pueden aplicarlos los tribunales federales o las provincias.

“Por eso cada vez que la Constitución la nombra dice ‘las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires’. Si la Ciudad de Bs. As. fuera una provincia, no habría necesidad de aclararlo”, sentencia Hugo ‘Cachorro’ Godoy, Secretario General de la CTA-A.

Para el líder sindical, con la misma lógica que la Ciudad reclama aplicar la ley laboral de fondo, podría reclamar que se debatan en su ámbito materias civiles, comerciales o de seguridad social. “Sin embargo, nunca ha demostrado interés por tramitar divorcios, accidentes, sucesiones, o delitos, por nombrar algunos ejemplos. Sólo están obsesionados en relación a la Justicia laboral, que tiene que ver con controlar la judicialización de los conflictos entre trabajadores y empleadores”, agrega Godoy y concluye: “La aplicación de esta ley va a producir dos efectos negativos e indeseados. Por un lado, habrá una lluvia de planteos de inconstitucionalidad, que hará que se demoren aún más los juicios laborales ya que se perderán años discutiendo el fuero. Los juicios que hoy duran entre 5 y 7 años, podrían llegar a durar entre 7 y 10 años en promedio. Y por el otro, habrá un dispendio innecesario de dinero y recursos públicos”. «