Fueron procesados junto a dos policías, por los episodios ocurridos en la manifestación del 18 de diciembre en Congreso.

Barisone es el motociclista de la Policía Federal que atropelló al cartonero Alejandro Rosado, cuando este estaba en el piso. Rosado sufrió quemaduras y lesiones en el tórax. Torres procesó a Barisone por «lesiones graves, agravadas por abuso de su función como miembro integrante de las fuerzas de seguridad». Torres sostuvo la preventiva por un mensaje de Barisone al policía Alejandro Irarzábal (iba en el asiento de atrás de la moto), a quien le pedía que no declare. Por tanto, el juez entendió que quiso entorpecer la investigación.
El otro policía procesado es Luna, tiró gas pimienta y golpeó en reiteradas oportunidades al jubilado Juan José Puchet. Según el juez, Luna «deliberadamente arrojó gas pimienta en reiteradas oportunidades y luego golpeó con su tonfa por la espalda a Puchet, quien no se encontraba llevando a cabo ningún accionar ilícito, por lo que la actitud desarrollada por Luna de ninguna forma se encuentra comprendida dentro de las facultades preventivas ni represivas que posee la fuerza policial, tratándose en consecuencia dicho suceso de un claro abuso funcional».
Según publicó Infobae.com, ambos policías negaron los hechos, pero fueron identificados por otros efectivos, cuyos testimonios fueron clave para el esclarecimiento de los casos.
Torres también procesó a Arakaki y Dimas, por agresiones al policía Brian Escobar. los militantes del PO fueron procesados por «lesiones en agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por una reunión de más de tres personas».
En la misma resolución en la que los procesó, Torres determinó que Arakaki y Ponce deben ser liberados debido a que no se pudo demostrar que fueran ellos los causantes de las graves lesiones que tuvo el policía Escobar.
Los cuatro procesados fueron embargados con montos que van de 50 mil a 300 mil pesos.
El Partido Obrero, a través de un comunicado, celebró la liberación como una innegable conquista popular. Sin embargo, advirtió que el procesamiento y los términos en los que el juez se refiere a la movilización implica un grave ataque a la movilización popular y al derecho a la protesta social, que avanza en una línea de criminalización promovida desde el gobierno.
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