Durante un acto en el gremio de prensa de Río de Janeiro, el estadounidense Glenn Greenwald recibió muestras de solidaridad de actores como Camila Pitanga y Wagner Moura y del cantautor Chico Buarque.

Greenwald, casado con el diputado carioca David Miranda, dijo ante el auditorio que colmó la sala y se agolpó en las calles de los alrededores, que aún sabiendo que estaría mucho más seguro si se muda a otro país, no piensa en dejar Brasil. «Decidimos que nunca vamos a hacer eso, no me importa si viene la policía a mi casa; no voy a huir de este país, me voy a quedar aquí», dijo.
Bolsonaro había declarado que Greenwald cometió un delito al divulgar informaciones obtenidas por presuntos hackers de forma ilegal, ingresando a celulares de funcionarios judiciales del Grupo de Tareas de Lava Jato, y señaló que debería ser detenido. El fundador del portal The Intercept se acogió a su derecho de no divulgar la fuente de las informaciones.
El viernes el ministro de Justicia Sergio Moro publicó una ordenanza que permite echar a extranjeros a los que se acuse de terroristas o narcotraficantes, una normativa que parecía escrita para el periodista estadounidense.
Al otro día, el primer mandatario acusó a Greenwald de «malandra» porque se casó y adoptó chicos en Brasil, lo que de acuerdo a las leyes impide que las autoridades puedan expulsarlo del país.
«Es surrealista ser condenado moralmente por haber estado casado durante 15 años y por haber adoptado a dos niños en un país donde hay 47.000 niños en orfanatos, sin familia, sin amor», dijo el periodista, que estuvo acompañado de sus hijos y de su marido, visiblemente emocionados todos ellos.
«(Con la filtraciones) se demostró que el superhéroe (por el rol que los medios hegemónicos le dieron a Moro) en realidad es un corrupto y abusó de su poder para amañar las elecciones», dijo Greenwald. El público presente gritaba consignas del tipo «Ningún paso atrás, dictadura nunca más» y pedía el juicio político de Bolsonaro.
Greenwald recibió la solidaridad de agrupaciones de periodistas de Brasil y del exterior. También de la dirigencia política encolumnada con la oposición, a la que se sumó el presidente de la Cámara de diputados, Rodrigo Maia, quien indicó que «en un Brasil democrático, con estado democrático de derecho, el secreto de la fuente es una cuestión constitucional».
Además, unos 800 abogados y juristas firmaron un manifiesto en defensa de la libertad de prensa y pidiendo la renuncia del ministro Moro por la ,manipulación de la causa contra Lula que revelan los chats publicados por The Intercept y luego el diario Folha de San Paulo y la revista Veja.
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