La nota llegó a cada uno de los diputados de la Nación. Fueron 257 sobres, cada uno con su destinatario. Y en el borde inferior izquierdo seis logos que representan al poder económico más concentrado, de la Argentina pero también del hemisferio. Los remitentes no necesitaban mucha presentación. Eran la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), el Instituto para el Desarrollo Empresarial (IDEA) y la AmCham (Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina). La entrega de correspondencia personalizada que pretende ejercer cierto poder de lobby sobre cada uno de los legisladores no es novedad para la Cámara Baja. Lo que sí sorprendió a quienes trabajan o frecuentan el Palacio Legislativo es el tono casi partidario la convencida defensa de la administración de Mauricio Macri de la esquela remitida por las seis entidades empresarias.
El objetivo central de la carta estaba expuesto en el primer párrafo. En ese punto se advertía que, de aprobarse el proyecto de ley antidespidos, el resultado constituiría un «serio obstáculo para la generación de inversión privada y creación de nuevos empleos de calidad». Para justificar tal pronóstico, los firmantes del texto Claudio Cesario (ABA), Juan Pablo Simón Padrós (ACDE), Jaime Campos (AEA), Juan Vaquer (AmCham), Ignacio Stegmann (IDEA) y Luis Miguel Etchevehere (SRA) aludían a supuestas malas experiencias del pasado. Sin mencionarla, se referían a la Ley 25561/2002 que durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde suspendió por 180 días los despidos injustificados. Además, aquella ley establecía la doble indemnización para los empleadores que desconocieran la suspensión.
Distribuido en todos los despachos de la Cámara, el comunicado ponía el foco en la supuesta «inoportunidad» (sic) de sancionar una ley similar a la de 2002 «cuando el país ya comenzó a tener un conjunto de decisiones que favorecerán el camino del crecimiento económico». En el párrafo siguiente, la carta prescindía de toda distancia respecto del oficialismo. «Deben puntualizarse los avances logrados en estos meses en términos de institucionalidad y respeto por las reglas de juego, así como por las definiciones adoptadas por el gobierno nacional, tales como la eliminación del cepo, de la mayoría de las retenciones a las exportaciones, y de la exitosa conclusión del conflicto con los holdouts», elogiaba con un tono que dejaba entrever satisfacción y un apoyo entusiasta con el rumbo del país.
La nota con el membrete de las seis cámaras representantes de la gran burguesía argentina circuló en los tres pisos del Palacio Legislativo y en las oficinas del Anexo. Algunos diputados ni llegaron a leer el contenido. Otros repasaron las dos carillas con interés. En el texto figuraba incluso una mención elogiosa a las políticas de trabajo joven de la administración macrista, como el proyecto «Mi primer empleo», que según la letra del documento «son compartidas por los empresarios y una parte significativa de la dirigencia». El programa «Mi primer empleo» debutó este jueves con un acuerdo con McDonalds (Arcos Dorados Argentina SA), cadena de comida rápida fundada en EE UU que aquí es socia de la filial local de AmCham.
Tras ser consultado por
Tiempo sobre el comunicado enviado al Parlamento, el presidente de AEA, Jaime Campos a quien suele atribuirse el rol de principal impulsor en estas iniciativas, confirmó que la nota fue enviada a los 257 diputados. «Esperamos que se escuchen las opiniones de muchos que pensamos que deben trabajarse medidas para promover el empleo y no para restringirlo», contestó. Luego imputó la ausencia de la Cámara de la Construcción entre los espacios firmantes «al poco tiempo para hacer llegar el mensaje». «La línea filosófica que se desprende de la carta de las seis asociaciones es la misma del ‘Compromiso por el Empleo’ firmado con Macri el último lunes. La carta muestra un posicionamiento absolutamente oficialista de ese sector empresario», analizó a su vez el diputado Héctor Recalde, titular del bloque FPV y apoderado histórico de la CGT.
«El de Macri es el gobierno que los representa. Por eso no me sorprende en absoluto el tono de la carta enviada por AEA y las otras Cámaras. Es más, cuando lo leí lo naturalicé porque estoy segura de que el sector empresario se siente representado por este gobierno», acotó Alicia Ciciliani, diputada del Partido Socialista por Santa Fe.
Empresarios que firman y despiden El acuerdo por el cual los empresarios se comprometieron a no despedir trabajadores por 90 días es apenas una hoja membretada que hasta ahora no fue acompañada por ningún procedimiento administrativo que le dé peso oficial. A pesar de que el propio Macri participó de modo entusiasta en el anuncio, el «Compromiso por el Empleo» de los empresarios tampoco tuvo el poder de comprometer en el plano de los hechos a quienes habían estampado su firma. Muchos de ellos ya habían despedido durante los primeros meses del año. Otros, lo hicieron durante este mes. Y otros casi en simultáneo con el anuncio.
En el acuerdo figuran firmas de peso, como la de Eduardo Elsztain, presidente del Banco Hipotecario. Cuando los trabajadores del banco leyeron su nombre en el documento difundido desde la Casa Rosada salieron a denunciar que tres días después del presunto compromiso se produjeron otros cuatro despidos en la entidad. «El señor Elsztain mintió y despidió bancarios», confirmó Eduardo Berrozpe, de La Bancaria.
En la hoja que presentó Macri también aparecen las rúbricas de los empresarios Javier Goñi, de Alpargatas Textil SA, junto a las de Jorge Soravilla y Teddy Karagozian, de la sociedad TN Platex. La Asociación Obrera Textil denunció que en ese rubro tampoco se cumple el acuerdo. «Ya nos anunciaron suspensiones y despidos un día después de haberse comprometido con el gobierno a no generar desocupación», advirtió el secretario adjunto, José Listo. El gremialista advirtió que TN Platex ya suspendió a 450 trabajadores de sus plantas de La Rioja, Tucumán y Chaco. «Alpargatas nos notificó también que quiere desprenderse de sus trabajadores eventuales, que suman 450», cuestionó Listo. Alpargatas también prevé implementar un retiro voluntario para entre 60 y 70 personas en sus plantas de La Pampa, San Luis y Catamarca.
Multinwacional de origen estadounidense, IBM es otra de las empresas que ya había despedido personal y que, tras el anuncio del Compromiso por el Empleo, tampoco está cumpliendo con el acuerdo. Su actual presidente, Roberto Alexander, es uno de los firmantes del documento. Delegados de IBM Argentina denunciaron que ya hubo 114 desvinculaciones y que en diez días de mayo se perdieron 39 empleos. «Mientras IBM firma el acuerdo, acaba de despedir a más de 200 empleados: son indemnizaciones abaratadas por la devaluación del peso. Además, al despedir, IBM ‘ofrece’ aunque en realidad no tenés opción algún dinero extra para que firmes tu ‘retiro voluntario. Esa es otra forma de continuar despidiendo personal sin mayores consecuencias», denunció el gremialista Pablo Dorín, secretario general de la Unión Informática.
Techint, la gran siderúrgica argentina, también tuvo su participación en este acuerdo a través de las firmas de Javier Martínez Álvarez, director general de Siderca, y Daniel Noveguil, CEO de Ternium Siderar. Pero esas rúbricas no garantizaron mucho: Siat, perteneciente a Siderca, ya despidió a 15 trabajadores de la planta de Valentín Alsina. «Techint firma con la mano y lo termina borrando con el codo. Con estos despidos queda el escenario abierto para que la empresa comience con despidos automáticos, un efecto dominó imparable», denunció José Villa, uno de los despedidos.
Otro nombre que figura en el papel es Rodolfo Poulete, de EMEPA, grupo empresarial con presencia en diversos rubros. A fines de abril, EMEPA despidió a 200 trabajadores de los talleres ferroviarios Rioro, en Pérez, afueras de Rosario. «Aquí ocurre lo mismo que en Junín. Se terminaron los trabajos anteriores pero no están recibiendo nuevos encargos. Desde que arrancó el nuevo gobierno no les mandaron más trabajo», advirtió el secretario general de la seccional Rosario de la UOM, Antonio Donello.
Recrudece la interna entre «gradualistas» y «ortodoxos»
Por Claudio Mardones
El equipo del consultor ecuatoriano Jaime Duran Barba volvió a medir en los últimos días la imagen de Carlos Melconian, actual presidente del Banco Nación y uno de los voceros del equipo económico de Cambiemos. Los sondeos sobre «Melco» quien fue llamado a silencio en la etapa más álgida de la campaña electoral, seis meses atrás forman parte de las evaluaciones que hace el gobierno nacional para afrontar el «segundo semestre». En la Casa Rosada esta semana terminó con menos amarguras, gracias al fracaso del debate de la ley antidespidos en Diputados. Sin embargo, los debates dentro del Ejecutivo sobre la política económica no aflojaron, y la medición de Melconian es parte de esa disputa entre «gradualistas» y «ortodoxos». El titular del Nación y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, son parte del último pelotón, acompañados «en algunos matices» por el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Entre los que jugarían cierto gradualismo están el titular de Hacienda, Alfonso Prat- Gay; su par de Interior, Rogelio Frigerio; y el ministro de Producción, Francisco Cabrera, que ahora se mostrará autocrítico con algunas medidas del gobierno y buscará recuperar parte del terreno perdido a principios de año, cuando logró quitarle a la Cancillería el área de Comercio Exterior, un sector que poco después fue recuperado por la ministra Susana Malcorra.
Los mismos debates también atraviesan al Ministerio de Trabajo, conducido por Jorge Triaca y secundado por el vice Ezequiel Sabor. Entre ambos, dicen en la Casa Rosada, existe «una relación controlada pero distante», que refleja parte del debate que cruza al gabinete económico de una administración que arrancó la semana jugado a revetir un escenario comunicacional amenazante, debido a la instalación pública del desempleo como una preocupación importante . En esa tensión, el consultor más escuchado por el presidente mide la imagen de un reconocido «ortodoxo» para el ajuste, sin saber qué destino ministerial tendría, en caso de que haya un recambio que algunos funcionarios consideran seguro, porque «la función de Alfonso era salir del default y terminar con el cepo».
