La Comisión Europea castigó con 800 millones de euros al fabricante sueco. Los "socios" en esta maniobr ason Volkswagen, Daimler, Volvo-Renault, DAF e Iveco.
«Scania fue un miembro activo» de este cártel que duró 14 años, entre 1997 y 2011, y el «responsable de la organización de las reuniones» entre los diferentes fabricantes, subrayó en rueda de prensa la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.
La investigación, iniciada en 2011, reveló que Scania, junto a las firmas alemanas MAN (de Volkswagen) y Daimler, así como la sueco-francesa Volvo-Renault, la holandesa DAF y la italiana Iveco, acordaron los precios de venta de los camiones, violando las reglas comunitarias.
«Estos camiones representan casi tres cuartas partes del transporte interior de mercancías en Europa y desempeñan un papel esencial en la economía europea», agregó Vestager, quien lamentó que «en lugar de entenderse», «los constructores deberían haber competido entre ellos».
En julio de 2016, el ejecutivo comunitario decidió imponer una multa récord de 2.930 millones de euros a los otros fabricantes que, contrariamente a Scania, decidieron llegar a un acuerdo con la Comisión tras reconocer su participación en el cártel.
La multa impuesta a Scania, en el marco del mercado de camiones de peso medio y pesado, es la segunda más elevada tras la sanción de Daimler (1.008 millones de euros), pero por encima de DAF (752 millones), de Volvo-Renault (670 millones) y de Iveco (494 millones).
El fabricante MAN, que actualmente pertenece al grupo Volkswagen al igual que Scania, se libró de las multas, calculadas en base al volumen de negocios y el tamaño del mercado, porque reveló la existencia del cártel.
Scania estudia recurrir
Contactada por la AFP, Scania rechazó de nuevo este miércoles haber «concluido un acuerdo con otros fabricantes». «Estudiaremos cuidadosamente los documentos, pero si no aparece ninguna información nueva [importante] (…), nos planteamos recurrir», agregó.
El fabricante sueco ya había anunciado en noviembre de 2014 que había reservado 400 millones de euros para hacer frente a una eventual sanción y, más adelante, aumentó esas provisiones hasta los 650 millones.
Las empresas no solo buscaban fijar los precios del mercado, sino que también tenían, según la Comisión, un acuerdo para aplazar la adopción de tecnologías de reducción de las emisiones contaminantes y para cargar a los usuarios los costes de su adaptación a las normas europeas «cada vez más estrictas» en materia de emisiones.
La revelación particularmente embarazosa tras las revelaciones de 2015 de que Volkswagen había manipulado los sistemas de medición de gases contaminantes de sus vehículos, aunque el ejecutivo comunitario ya aclaró en julio de 2016 que no existía conexión entre ambos expedientes.
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