Fuerte reclamo por la libertad de prensa y rechazo generalizado a la acción oficial

Muy diversos sectores rápidamente se mostraron duramente críticos de la la acción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich por el pedido de allanamiento a los periodistas que divulgaron los audios de Diego Spagnuolo y Karina Milei en el marco del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). De ese modo, el gobierno consiguió una cautelar firmada por el juez Alejandro Maraniello para evitar la difusión de nuevos audios.

La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una «violación grave a la privacidad institucional». Asi, la resolución ordena el cese de la difusión «a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web». Al mediodía , el portavoz Manuel Adorni fue el encargado de señalar una maniobra que consistió «en la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios».

El Gobierno señaló a cuatro personas como los responsables: los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, el empresario Pablo Toviggino, el abogado Franco Bindi, esposo de la diputada Marcela Pagano y drescripto como «operador judicial vinculado a Fernando Pocino». «No se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia», concluyó el comunicado del gobierno, que insólitamente atribuye esas operaciones a «intereses rusos y chavistas».

Fuerte rechazo

Rápidamente, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) salió repudiar el avance contra los trabajadores de prensa. Los allanamientos violan la protección del derecho de preservación de la fuente periodística. La jurisprudencia rechaza históricamente este tipo de peticiones porque protege archivos, comunicaciones y materiales de medios y periodistas», recordó el gremio en referencia a los casos de Rial y Federico.

Del mismo modo reaccionaron muy diferentes comunicadores, de muy diferentes posturas políticas, incluso alguno que suele estar verdaderamente cercano al gobierno nacional. Por caso, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado en el que «rechaza la medida cautelar dictada por un juez civil porteño mediante el que se prohíbe la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y advierte que se trata de un acto de censura previa. En paralelo, alerta por la gravedad institucional de los allanamientos solicitados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en medios de comunicación».

La política

También muchos políticos se sumaron a la crítica. Por caso, el titular de la bancada de Unión por la Patriaen la Cámara de Diputados, Germán Martínez, fue contundente al afirmar en las redes sociales: “La cautelar dispuesta por el juez Maraniello es ESCANDALOSA. Avala la censura previa y legitima el cercenamiento de la libertad de prensa y de expresión, en sintonía con los deseos del gobierno de Milei. La libertad retrocede y el fascismo avanza”.

También el senador nacional de la UCR Martín Lousteau se expresó, considerando que “el pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Bullrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo que “claramente se está violando el derecho que tienen los periodistas de expresar libremente sus opiniones y de hacer preguntas, y eso no solo está violando su derecho, sino el de todos los habitantes para estar debidamente informados”. Su colega, el abogado Andrés Gil Domínguez cuestionó el sentido de la medida: “La interdicción de la censura previa es un contenido esencial de la libertad de expresión y el acceso a la información. Mucho más aún cuando lo que se protege está relacionado con asuntos de interés público y funcionarios públicos”.