Gabriel Bermúdez: “El Gobierno reencauza el presupuesto para licuarlo con la inflación”

La decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Compensador del Interior, que subsidiaba a las empresas de transporte que no son del AMBA, aceleró el pronunciamiento y las acciones de una nueva Red Federal de Intendentes, jefes comunales de ciudades que, según definieron, trabajan para visibilizar y revertir “la histórica inequidad de recursos fiscales nacionales” que padecen ante el “favorecimiento del AMBA y CABA”.

Días antes de la medida presidencial, estos alcaldes, luego de una infructuosa reunión con el secretario de Transporte de la Nación, decidieron declarar “la emergencia en el transporte urbano”. Se trata de los alcaldes de las ciudades de Córdoba (Daniel Passerini), Rosario (Pablo Javkin), Paraná (Rosario Romero), Neuquén (Mariano Gaido), Santa Fe (Juan Pablo Poletti), Salta (Emiliano Durand), Río Cuarto (Juan Manuel Llamosas), Mar del Plata (Guilllermo Montenegro), Formosa (Jorge Jofré), Resistencia (Roy Nikisch), así como de San Salvador de Jujuy (Raúl Jorge), entre otros.

La nueva quita anunciada por Nación generó un nuevo posicionamiento conjunto. “De confirmarse a través de una resolución lo expresado ante la prensa, esta medida implicaría dejar sin transporte a todo el interior del país. Vale remarcar además, que se sostiene la inequidad con el AMBA, ya que la eliminación solo está planteada para el interior” acusaron en un comunicado, firmado por ellos y otros jefes comunales.

“Ante esta situación, los intendentes que suscriben, evaluaremos todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional. A su vez, nos autoconvocaremos en los próximos días para solicitar en conjunto la revisión de la misma. Convocamos a los legisladores nacionales de cada una de las provincias para dicha instancia”, llamaron.

Federalismo y gestión

En comunicación con Tiempo, Gabriel Bermúdez, secretario de Movilidad Urbana de la ciudad de Córdoba, analizó una medida que vuelve a unir a intendentes, legisladores y gobernadores de buena parte de las provincias argentinas en torno a la defensa de los intereses de sus ciudadanos y del federalismo, al margen de los colores partidarios.

“Nos sorprendió, porque es una medida absolutamente arbitraria, impensada, discriminatoria hacia el interior, no solamente hacia la ciudad de Córdoba. No tiene nada que ver con lo que entendemos que es una distribución equitativa de esos fondos. Se vuelve a remarcar que se disminuyen, pero no se quitan hacia el AMBA, que es el distrito más subsidiado de Argentina. Y se le quita al interior, que históricamente ha sido discriminado en el reparto de estos fondos, lo cual va a generar un incremento del costo de la tarifa”, adelantó Bermúdez.

Para el funcionario, la salida es primero política antes que judicial. “Hasta acá es solamente un anuncio, lo cual es bastante desprolijo, porque debió haberse expresado a través de un instrumento legal, como puede ser un DNU, una resolución que establezca el cese de este fondo. Es decir, no tenemos un instrumento al cual contrariar administrativamente. Solamente podemos hacerlo de manera política que, entiendo, es el camino para solucionarlo, porque un camino jurídico llevaría tiempo y seguramente se licuaría el reclamo por la escalada inflacionaria que hay en este momento”, reconoció.

“Por otra parte, no estamos en contra de la distribución de fondos a la demanda, al contrario: en todos los programas que tenemos en Córdoba, tanto el boleto educativo, el boleto obrero, el boleto de adultos mayores, lo tenemos subsidiado por demanda. Entendemos que esa es la mejor manera. Pero en ese mecanismo hay que concretar la instalación de las (máquinas) validadoras de la tarjeta SUBE, la distribución de los plásticos. Posteriormente, la identificación de cada uno de los beneficiarios, la nominación de las tarjetas, cosa que ni siquiera se ha terminado de hacer en el AMBA. Es un proceso que va a llevar tiempo, y en el mientras tanto, se han quitado los recursos. La quita de recursos es de hecho: ni en enero ni en febrero Nación ha transferido al interior un peso de subsidios”, señaló Bermúdez.

El funcionario, también, es enfático al remarcar que no se trata de un reclamo “político partidario” sino “un tema de gestión y de federalismo puro” y que, por eso, se decidió encarar el reclamo por medio de los intendentes. “Es un tema transversal a todas las ciudades. Además, el subsidio ya de por sí está licuado por la inflación. Porque estamos hablando de la reconducción de unos fondos del año 2023. El gobierno nacional está reencauzando el presupuesto para que se licúe con la inflación. Tiene un 150 % menos de incidencia que el año anterior, por lo menos. Razón por la cual nosotros ya estábamos reclamando un incremento”, recordó.

Manta corta y reclamo al Gobierno

“Si la intención es no girar más fondos al interior, primero, vamos a insistir en el reclamo político. Pero, además, vamos a buscar una manera de financiar este sistema de otro modo, porque el subsidio que estaba poniendo la Municipalidad de Córdoba, que son 3.700 millones de pesos por mes, no se puede sostener en el tiempo, porque se distraen de otras partidas que, en este tiempo de tanta inflación, de tanta problemática social, son recursos que van a faltar en educación, salud, en los comedores”, marcó el funcionario, graficando la situación de “manta corta” que comienzan a enfrentar municipios, ciudades y provincias.

“Entonces, estamos avizorando una incertidumbre macroeconómica que nos lleva a levantar la mano, a decir que esto no puede ser de este modo. Y tampoco compartimos esta metodología tan violenta en lo gestual, en lo verbal, lo de las redes, y de amedrentar a otros poderes del Estado, como el legislativo, o los poderes ejecutivos de segundo y tercer orden, provinciales y municipales, que tienen la misma legitimidad que tiene el Presidente, a quien le reconocemos el liderazgo que ha logrado en una elección que ha ganado en justa ley, y con el apoyo de muchos cordobeses”, recordó el funcionario cordobés.

“Si se quiso adoctrinar a gobernadores y legisladores con esta decisión, hay que decir que los que toman el ómnibus son los ciudadanos de a pie, trabajadores, estudiantes que van todos los días a desarrollar sus actividades. Son los 600.000 cordobeses que, en nuestro caso, toman todos los días el transporte, los que van a sufrir las consecuencias de un aumento de tarifas. Nosotros vamos a trabajar siempre desde el respeto, pero con la firmeza necesaria para defender los intereses de los cordobeses, en particular de nuestra ciudad, a través de nuestro intendente Daniel Passerini. Y creo que en el resto de las provincias, de las ciudades, también tienen esta lógica”, concluyó.