La diputada radical advierte que hoy los jóvenes en conflicto con la ley penal no tienen garantizados sus derechos.

Según Burgos, todos los especialistas convocados desde 2017 por el Ministerio de Justicia coinciden en la necesidad de modificar el régimen penal juvenil, «pero circunscribir esta discusión a la baja de la edad de imputabilidad es tener una mirada muy pequeña».
–¿Qué modificaciones plantea el proyecto?
–Se incorpora medidas socioeducativas y medidas restaurativas, alternativas para ayudar y contener a los adolescentes en conflicto con la ley penal, que tiendan a resocializarlos. En el proceso se le da intervención a la víctima. Le estamos sacando el tinte de castigo o pena. El primer artículo del borrador habla de que el adolescente comprenda que su conducta ha causado un daño a un tercero o a la sociedad. Por eso digo que es absurdo que se hable de una caza de adolescentes. Nada que ver. La última decisión para privar de la libertad a un menor la toma el juez, a partir de los informes de un equipo interdisciplinario. Esa es la última medida, no la primera.
–¿Por qué se eligió un año electoral para este debate?
–Esto debe ir más allá de un momento político electoral. Por eso, apuesto a la oposición responsable, con la que siempre pudimos trabajar; espero que seamos capaces de dar una respuesta y modificar este régimen que no tiene que ver con los paradigmas actuales. Discutamos la edad, pero como algo más, no como el eje de la reforma.
–Desde la oposición se dice que es una maniobra que apunta a distraer a la sociedad de la crisis económica.
–Los especialistas han hecho su aporte. Luego compaginamos todo eso y empezamos a redactar el borrador. Cerrar el análisis de esto, que supone una mirada de largo plazo, al momento político puntual, es una respuesta pobre.
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