Gabriela Carpineti: «Cuando se niega el acceso al servicio eléctrico se vulneran derechos humanos»

Sin justicia, muchos otros derechos se vuelven inalcanzables para los sectores populares. Según el último informe de la Dirección de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, sólo en la Provincia de Buenos Aires se registraron 358 casos de diversos problemas en el servicio de electricidad en lo que va de este año, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires fueron 127 las problemáticas detectadas. Los números crecen cuando los afectados se multiplican por la cantidad de miembros de cada grupo familiar.

Tiempo dialogó con Gabriela Carpineti, titular de esa dirección, abogada, docente y, como elige definirse, militante política. En medio de un amplio despliegue territorial, y con varios ejes de acción llevados a cabo desde los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), en los últimos días Carpineti fue una de las funcionarias nacionales que se reunió con el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Federico Basualdo, a raíz de los cortes de luz y las deficiencias en el servicio detectadas en varios barrios vulnerables del Conurbano bonaerense y también de la Ciudad.

“Fui a la reunión junto a Fernanda Miño, que tiene a su cargo justamente la integración urbana de los más de 4900 barrios populares que están censados en el Renabap, el Registro Nacional de Barrios Populares”, detalló Carpineti, y agregó: “Más del 70% de los barrios populares que están censados en el Renabap no cuentan con el servicio formal de electricidad. Entonces, los ciudadanos que viven allí van encontrando soluciones alternativas, precarias, al no contar con la formalidad del servicio. En la mayoría de los casos, ellos construyen la red de distribución del barrio, con materiales que no cumplen con las normas de seguridad básicas”, explicó.

“Es la manera que encuentran frente a un problema fundamental, que es que las empresas, en este caso Edesur y Edenor, no quieren invertir en esos barrios. Edesur y Edenor tratan como ciudadanos de segunda a quienes viven ahí, justamente porque no es rentable que ellos sean usuarios de la red formal de electricidad”, definió.

Carpineti explica que hay medidores comunitarios, que pertenecen a las empresas que prestan el servicio. Articulan con el gobierno nacional, provincial o municipal como clientes, y estos gobiernos abonan la energía de los habitantes de esos barrios porque las empresas no quieren convertir a sus habitantes en usuarios. «El servicio eléctrico es un derecho humano, y allí hay una vulneración de tratados internacionales y de nuestra Constitución, cuando las empresas incumplen formalizarlo”, planteó.

“Acceso a la Justicia tiene que estar allí, para evitar que haya ciudadanos de segunda, que tengan igualdad jurídica frente a las empresas y que logren la prestación del servicio de manera formal”, definió. Después, en algunos casos hay algunas prestadoras que implementaron el medidor prepago, que funciona con recargas anteriores”, completó.

Carpineti ponderó la gestión de Basualdo en el ENRE, y marcó que el primer gran desafío del interventor “tiene que ver con el informe que presentaron semanas antes sobre el cuestionamiento al régimen tarifario heredado de la gestión de Mauricio Macri”.

En ese sentido, y también a la luz de duros cuestionamientos de intendentes y de la Defensoría del Pueblo Bonaerense, quienes pidieron el quite de la concesión a Edesur también por deficiencias en el servicio, Carpineti no dudó. “Edesur estafa a los usuarios. El tarifazo heredado del macrismo fue una estafa”, concluyó.

Reforma judicial

Carpineti también se refirió al proyecto de reforma judicial que el gobierno enviará al Senado. “Creo que parte del debate de la reforma de la Justicia, sin lugar a dudas, tiene que incluir entre sus misiones prioritarias el acceso a la Justicia”, marcó.

“Entonces, hay una tarea de financiar la territorialización de la Justicia con presupuesto. Para que la Justicia sea accesible, tiene que estar insertada en los territorios”, analizó.

“Y por otro lado, tiene que incluir un profundo trabajo cultural en los operadores de Justicia, para que puedan sensibilizarse de cara a los problemas de los sectores populares, en materia penal, laboral, de género. Así como se hizo una Ley Micaela en materia de género, creo que hay que armar una ley para sensibilizar a los funcionarios públicos en materia judicial respecto de cómo atraviesan los sectores populares su vínculo con la Justicia. Hoy, más que nunca, tenés que tener registro de los otros. El principal deber un funcionario público, en este caso esta Dirección, es velar por el acceso a la Justicia de las mayorías populares, históricamente postergadas desde ese derecho”, concluyó.

Hasta fines de mayo, la Dirección tuvo presencia en casi 600 operativos y recibió más de 30 mil consultas presenciales con el abordaje de problemas como el acceso al IFE, violencia institucional y de género, documentación y trabajadores “golondrina” varados, entre otros. «