Fue presentada en la mañana de este miércoles y recayó en el Juzgado Federal N°2, a cargo de Sebastián Ramos. También se prepara un amparo colectivo en el Fuero Contencioso Administrativo Federal para pedir la nulidad y la inconstitucionalidad del decreto que suspende la implementación de la Ley de Emergencia Pediátrica.
La denuncia fue presentada en la mañana de este miércoles y recayó en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos. Según consta en el escrito, al que accedió Tiempo, es “por la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 210, 248 y 249 del Código Penal de la Nación, en el marco de grave incumplimiento a sus funciones y ataque al orden democrático por sus acciones relativas a la ley de Emergencia Nacional de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales dictada por este Congreso”.
También las universidades anunciaron que acuden a la Justicia ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Lo mismo había sucedido con Discapacidad, por la suspención de la Ley de Emergencia.
En el escrito presentado por la APyT se señala que “el presidente incumple el procedimiento de formación de leyes ignorando el mandato del Poder Legislativo de aplicar la norma sancionada, de manera antidemocrática y autoritaria, y ello mientras no aplica una ley que pretende atenuar la penosa situación de las y los trabajadores del hospital Garrahan, y mejorar las condiciones de atención en el hospital de los niños niñas y adolescentes pacientes” al tiempo que “decidió unilateralmente quitar las retenciones a los exportadores del agro privando al Estado nacional de dichos ingresos, e incluso propuso destinar millones de fondos estatales para la reimpresión de las boletas en la provincia de Buenos Aires para reemplazar al cuestionado y sospechado candidato José Luis Espert”.
“El nudo de la cuestión –plantea el documento- es que el sistema democrático se encuentra violentado por el Poder Ejecutivo Nacional, y ello con intención de perjudicar a los sectores más desventajados (…) Leyes sancionadas por el Congreso deben ser promulgadas y aplicadas por el PE, sin embargo el PE decidió no respetar lo decidido por el Congreso, por tanto ello debe ser investigado”.
Además de la denuncia penal, “se va a presentar un amparo colectivo en el Fuero Contencioso Administrativo Federal para pedir la nulidad del decreto (que suspende la ley de Emergencia Pediátrica) y la inconstitucionalidad”, anticipó Mariana Chiacchio, abogada de APyT.
No es la primera vez que el accionar de Milei y Lugones sobre el Garrahan da lugar a denuncias penales. Pero, hasta el momento, no registraron avances.
En mayo de este año APyT presentó este una denuncia penal contra el presidente en los Tribunales Federales de Comodoro Py por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Fue a raíz de sus declaraciones del 8 de mayo en el canal de streaming Carajo, durante su participación en el programa La misa del libertario Gordo Dan, donde Milei anunció su intención de protagonizar una obra teatral titulada “Juicio al capitalismo” en el Muro de Berlín, en la capital alemana, con “rubias voluptuosas vestidas de Estatuas de la Libertad”, y que lo recaudado sería donado al Garrahan.
“Milei se burló del Hospital Garrahan y propuso ‘caridad’ con un acto repugnante de machismo”, cuestionó por entonces Norma Lezana, referenta de APyT. Esa denuncia encuadraba los dichos presidenciales como parte de una “política de vaciamiento del Garrahan” y advertía que “la actual política de Javier Milei y de su ministro de Salud, Mario Lugones, es desfinanciar el sistema público de salud, provocando un éxodo de profesionales por los bajos salarios y la degradación de las condiciones laborales”.
Luego, en septiembre, presentaron una carta documento ante el Consejo de Administración –que responde a Lugones- intimando a los consejeros y al interventor Mariano Pirozzo a transferir los fondos genuinos generados por el hospital y retenidos en un fondo de inversión. O destinados a la “timba financiera”, como acusaron los gremios. Se trataba nada menos que de 40.000 millones de pesos retenidos desde 2024, mientras se consumaba la sangría de personal por los bajos salarios.
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