Las autoridades que responden al ministro de Salud Mario Lugones tienen más de 40 mil millones de pesos en un fondo común de inversión, mientras el personal reclama mejoras salariales y casi 250 ya renunciaron. “Están sentados sobre una montaña de plata que le están robando a los trabajadores", denuncian los gremios.

“Hicimos un pedido de acceso a la información pública y el gobierno tuvo que mostrar los números: 𝟒𝟎 𝐦𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬 los pusieron en una cuenta de 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨́𝐧. Es decir, en lugar de utilizarlos para el funcionamiento del Hospital, 𝐬𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐨 𝐂𝐚𝐩𝐮𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐝𝐨́𝐥𝐚𝐫 𝐛𝐚𝐫𝐚𝐭𝐨”, indicó la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz. Destacó también que en el último año las colocaciones financieras del hospital crecieron un 63% mientras que los medicamentos oncológicos tuvieron una caída de más del 30%.
“Gracias al enorme esfuerzo de médicos y trabajadores de la salud que sostienen al Hospital que es emblema y orgullo de todo el país, 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝟒𝟓𝟑%”, remarcó la legisladora. Pero ese aumento no se tradujo en mejores pagas a los profesionales, sino al contrario. Cuando en octubre del año pasado el anterior presidente del Consejo de Administración, Oscar Imventarza, quiso usar fondos propios para dar un bono extraordinario que aplacara momentáneamente el reclamo, fue obligado a renunciar. Correrlo fue la primera medida de Lugones al frente de la cartera sanitaria nacional, tras la salida de Russo.
“Se están guardando 40 mil millones de pesos de la recaudación del tercer pagador (que es lo que el Hospital cobra a las obras sociales y prepagas) que representa al 35% de las prácticas que se realizan en nuestro hospital y que, en lugar de ser distribuidas como corresponde a obras de infraestructura y en gran parte a un ítem que se llama recursos genuinos que percibimos en nuestros salarios, se lo están guardando en un fondo de inversión”, declaró Norma Lezana, referente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT).
“Por eso decimos que este Consejo se tiene que ir. No pueden estar. Han cerrado la puerta desde octubre. No han sido honestos con nosotros porque todo el tiempo nos dijeron que no había plata. Echaron a un Consejo –recordó- por haber dado un paliativo de 500 mil pesos a través de esos fondos en agosto del año pasado. El consejero que se fue nos decía ‘hay plata para otro bono’ y tenía razón. Ahora aparece el informe que pone blanco sobre negro”.
El actual Consejo de Administración está virtualmente intervenido por el ministerio de Lugones. Tras desplazar a la gestión anterior en octubre, sumó en julio a un directivo que no proviene de la pediatría ni tuvo paso previo por el hospital: Mariano Pirozzo, quien antes se había ocupado de gestionar despidos desde la dirección del Hospital Nacional Sommer y luego como de la intervención del Hospital Bonaparte.
Lezana volvió a alertar sobre el éxodo de profesionales en este período –casi 250- y definió el no uso de fondos propios por parte de las autoridades como “un abandono a las niñas, niños y adolescentes que necesitan el hospital y ellos están invirtiendo en la timba financiera de Caputo”.
El delegado de ATE Alejandro Lipcovich definió la situación como un “escándalo” y apuntó: “Nosotros venimos diciendo que las autoridades del hospital –Jorge Menehem, Oscar Pérez (representante por CABA), Mariel Sánchez, Roberto Dalmazzo y Mariano Pirozzo están sentados sobre una montaña de plata que le están robando a los trabajadores. Se confirmó”.
Lipcovich analizó que si los 40 mil millones de pesos puestos en fondos de inversión se hubieran destinado a salarios se podrían traducir en ocho millones de pesos por trabajador a lo largo de los meses que quedan. “El superávit del Garrahan como decíamos, y ahora están los números que lo comprueban, está basado en la destrucción del salario de los trabajadores. Pero la plata la tienen ellos: las autoridades”, acusó.
“Lo dramático, cruel e inmoral es que los trabajadores cobramos, por todo concepto, 200.000 pesos por mes de los recursos propios del hospital que genera nuestro trabajo, mientras el Consejo de Administración se desprendía de inmuebles (donaciones por 1.370 millones de pesos) e invertía esos recursos en especulación financiera. Con esa cantidad de dinero se podría aumentar de 200.000 pesos a un millón el ítem de recursos propios que percibimos los trabajadores. Y sería un paliativo imprescindible sumado a la recomposición derivada de la aplicación de la Emergencia Pediátrica que se aprobó en el Congreso. Hay solución para el Garrahan, hay fondos para solucionar el conflicto y este reclamo de 24 horas que estamos cumpliendo hoy, pero el gobierno nacional tiene otras prioridades”, lamentó Lezana.
Este miércoles a las 7 de la mañana comenzó un nuevo paro del personal, en una jornada de reclamo contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Pediatría. Al mediodía partió una columna de trabajadores y familias desde una de las entradas del hospital, en Combate de los Pozos al 1800, hasta el Congreso.
“Llamamos a todo nuestro pueblo a seguir hasta el final esta pelea. La universidad pública, el Garrahan, se abrazan, se financian, se cuidan. Y por supuesto, no se vetan”, resumió Maximiliano Bares, de APyT.
A primera hora de la tarde, mientras la columna avanzaba por avenida Entre Ríos hacia el Congreso, personal del Garrahan y familias marchaban al ritmo de “Karina es alta coimera”.
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