La diputada y ex ministra de Defensa sostuvo que desde la UCR están "muy preocupados" con la intención de Macri y pidió que expresen su disconformidad.
¿Qué rol puede tener el Congreso al momento de frenar la intromisión de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad?
El gobierno tendría que pedirle autorización al Congreso para modificar la ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa. Ahí es donde tendremos la posibilidad de impedirlo. Va a haber un consenso alto porque es una política de Estado que está vigente desde hace más de 30 años. Ha habido algún intento de modificarla con Fernando De la Rúa pero no lo han conseguido, nunca han prosperado.
¿Cómo puede repercutir hacia adentro de las Fuerzas Armadas esta propuesta de Macri?
Ni si quiera las Fuerzas Armadas han intentando modificar esta situación e invadir algún espacio de la seguridad interior. Son las primeras interesadas en no volver a la pesadilla. Ellos saben que muchos de los que se metieron en esa aventura con el terrorismo de Estado terminaron presos y los que no tuvieron participaron directa en crímenes de lesa humanidad de igual modo quedaron muy desprestigiados en la sociedad. Ni las Fuerzas Armadas quieren eso. Ni la población en general. Nadie quiere la militarización del espacio político y social, nadie quiere un control social como el que están imaginándose en el Gobierno. Y nadie quiere una militarización de la sociedad. Sería una medida totalmente inconducente porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para hipótesis de seguridad interior. Reciben otro tipo de preparación, otro tipo de armamento y otra doctrina. Serían inútiles en cualquier hipótesis de conflicto de seguridad, además de los peligros que sería tener las Fuerzas Armadas desplegadas con armamento más letal, con una formación más violenta. Ante un ajuste terrible como el que estamos pasando, podrían darse situaciones que serían muy riesgosas. La otra posibilidad es pasar gente a las fuerzas de seguridad, pero tampoco tiene autoridad el gobierno para hacer traslado de fuerza a fuerza. No tienen cómo hacerlo legalmente. Va a ser ilegal y resistido. Alguno podrá pedir su baja e ingresar a la Gendarmería, pero tiene que tener un entrenamiento de cero. Pero esto de que en tres meses a un militar que está hecho para combatir en conflictos convencionales, que tiene conocimiento de uso de arma de guerra, va a servir para el control social es una canallada, no una ingenuidad.
¿De dónde cree usted que surge esta iniciativa del Gobierno?
Son peligrosos porque están en su afán de ser muy incondicionales con lo que quiere Estados Unidos, que quiere que todos los países de América Latina pongan sus Fuerzas Armadas y de seguridad a disposición de lo que ellos entienden como nuevas amenazas, entre las que incluyen el narcotráfico y el terrorismo pero también la pobreza, la exclusión social y populismo radicalizado, un montón de cosas que dan para cualquier invento. Estados Unidos hace más de 20 años que está tratando que países de América Latina reemplacen la doctrina de seguridad nacional por las nuevas amenazas.
¿Pudo conversar con sus pares, los disputados radicales?
He hablado con muchos de ellos y no comparten esta iniciativa. Varios están muy preocupados con la posibilidad que se avance en esta dirección porque el presidente Raúl Alfonsín fue muy claro en eso. Fue durante su gobierno que se aprobó la Ley de Defensa y ellos han mamado esa doctrina y ven con preocupación un desvío. Espero que sean lo suficientemente efusivos como para que puedan frenar eso o expresen públicamente su disconformidad y se unan a los que vamos a resistir la medida e impedirla por todos los medios.
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